(ANGÉLICA DE LA PEÑA. EL SOL DE MÉXICO)
Diversas organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las mujeres han mostrado simpatía y expectativas por el anuncio de que el Inmujeres se convertirá en una secretaría de Estado.
Se ha informado que la nueva Secretaría de las Mujeres trascenderá a tener funciones de autoridad, no solo normativas, sino que tendrá atribuciones para influir en la política gubernamental federal para atender la discriminación que sufren las mujeres por serlo. Sabremos el alcance cuando conozcamos el decreto sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la ley que la crea, sin embargo la Presidenta Sheinbaum ya ha nombrado a Citlalli Hernández, como Secretaria, e incluso se ha nombrado a dos subsecretarías.
Se anuncia que las mujeres tendrán una tarjeta rosa donde se le señalarán cuáles son sus derechos y le hemos escuchado a la nueva secretaria que habrá un antes y un después a favor de los derechos de las mujeres. Menciona que dedicará su trabajo para lograr una sociedad mejor, con una convivencia distinta entre hombres y mujeres que se combata la discriminación y desigualdad, y que quede atrás el machismo. Y dice que se enfocarán en la prevención de la violencia contra las mujeres. Conceptos inscritos en la ley del Inmujeres y otras cuyas materias refieren a los derechos del 52% de la población de este país.
Por lo pronto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Se adiciona en la Ley para Igualdad entre Mujeres y Hombres la materia sobre la brecha salarial e igualdad salarial, se amplían los tipos de discriminación y se define la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres la cual fundamentará la Igualdad Sustantiva. Se establece que la Secretaría de las Mujeres garantizará la igualdad “en el ámbito del empleo”, y la no discriminación, y se expedirá certificados de igualdad laboral.
Las reformas a la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida de Libre de Violencia establecen fiscalías especializadas para atender “las violencias”, crea el registro nacional de medidas u órdenes de protección a favor de mujeres, niñas y niños, que también queda previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales y bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También señala que los Centros de Justicia para Mujeres sean considerados como ejes estratégicos con prioridad nacional. Estas reformas son también una ampliación de preceptos anti discriminatorios por diversas condiciones.
En la lectura del decreto surgen varias dudas. En primer lugar debió pasar por la revisión de la técnica legislativa. Se señalan mecanismos que también impactan en otras leyes como la ley para prevenir la discriminación, sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, y la federal del trabajo, entre otras.
El solo decreto de una ley no cambia un estado de cosas. El Anexo 13 es un ejemplo de cómo se ha convertido en una bolsa de dineros ya no sólo para fomentar los derechos de las mujeres como fue su origen, no para fomentar el empleo y el desarrollo, sino para la integración de un padrón electoral. Veremos qué nos depara en la realidad la nueva Secretaría.
