(ISRAEL SÁNCHEZ. REFORMA)
En mayo de 2023, un reclamo colectivo recorría diferentes instituciones educativas y centros de investigación: “¡Defendamos el futuro de la ciencia en México! No a la Ley HCTI“.
Así se leía en una pancarta que abanderaba el paso de un grupo de manifestantes que salió a las calles a protestar en contra de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI), que legisladores habían aprobado días atrás. (REFORMA, 28/05/2023)
Repetidamente calificada como autoritaria, centralista y discriminatoria, esta legislación trazada desde el entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) -todavía sin la H de Humanidades- que dirigía María Elena Álvarez-Buylla, y por ello acuñada por varios como la “Ley Buylla”, engloba varios de los atropellos y arbitrariedades, según calificaciones de inconformes, que cimbraron a la comunidad científica en el sexenio pasado.
Hoy, no obstante, con el Conahcyt transformado en la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), que dirige la bióloga Rosaura Ruiz como parte de un Gobierno que busca “colocar a la ciencia y la tecnología al centro del proyecto social de nación”, ¿en dónde queda esa legislación?
“La ley sigue vigente, pero ya no es funcional porque regía al Conahcyt, cuya Ley Orgánica se abrogó y la fusionaron a la Ley de HCTI, lo cual fue un grave error, y lo vamos a ver en estos momentos”, apunta en entrevista Brenda Valderrama, doctora en Investigación Biomédica Básica.
“En su afán de controlarlo todo, fusionaron los documentos. Y ahora tenemos una ley inaplicable porque es para un Consejo que ya no existe; el Consejo se extinguió el último día del año pasado”, añade la secretaria de Vinculación del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM.
A decir suyo, lo que se esperaría es que se armonicen todos los instrumentos jurídicos involucrados en la creación de la nueva Secihti, que entró en funciones el 1 de enero, y que además de absorber las funciones de su antecesor deberá cargar también con la administración de las universidades de la Salud y la Nacional Rosario Castellanos.
“Lo único que van a hacer es cambiar donde dice ‘Consejo’ para que diga ‘Secretaría’”, estima Valderrama, quien encuentra difícil que la nueva Administración apueste por hacer “borrón y cuenta nueva” y se aventure a repetir todo el proceso para generar una nueva ley para el sector.
“Sin embargo, nos podrían dar la sorpresa. Ojalá.
“Pero no creo que la doctora Rosaura Ruiz quiera abrir un frente ahorita modificando unilateralmente la Ley de Ciencia, cuando ya fue testigo de todo el conflicto que generó a finales del sexenio pasado. Entonces, yo creo que va a ser más prudente, y que lo único que van a hacer es armonizar lo mínimo indispensable”, reitera la biomédica de la UNAM y autora del libro 360 grados, Una visión panorámica de la Política Científica en México, 1985-2019.
Una primera medida para arreglar este disloque jurídico se ha tomado ya mediante el Reglamento Interior de la nueva Secretaría, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recién el 24 de enero pasado.
Ahí, el Artículo Tercero Transitorio señala que las autorizaciones, nombramientos, documentos y demás disposiciones emitidas con referencia tanto al original Conacyt como al posterior Conahcyt “se entenderán referidos a la Secihti, por lo que seguirán vigentes y contarán con plena validez”.
El biólogo Antonio Lazcano, sin embargo, considera necesario discutir la pertinencia de esa ley que entró en vigor el 8 de mayo de 2023, cuando fue publicada en el DOF, en sustitución de la anterior legislación, que databa del 2002.
“Es una ley impuesta, que refleja más bien los intereses propagandísticos que tenía la doctora Álvarez-Buylla; una forma mezquina, poco meditada, de la principal fuerza política del País para cumplir con el expediente de aprobar una ley que es totalmente ajena a la realidad y a los intereses de México”, reprueba el científico, uno de los primeros en padecer las invectivas de la directora del hoy extinto Conahcyt.
Con su imposición de temas prioritarios, ausencia de un porcentaje mínimo obligatorio para el presupuesto del sector y discriminación hacia instituciones particulares -por mencionar algunas de las principales críticas-, la Ley HCTI puede ser “una camisa de fuerza” para la Secihti, opina, por su parte, David Romero Camarena, también biomédico de la UNAM.
“Si la propia Secretaría quiere llegar a una mayor profundidad en sus actividades, va para bien suyo el modificar, el cambiar, el hacer una nueva propuesta de Ley General de Ciencia y Tecnología. Está dentro de sus atribuciones”, sostiene el académico del Centro de Ciencias Genómicas, agregando que lo más deseable sería que este nuevo proceso se realice de forma abierta y escuchando a la comunidad.
Para la y los investigadores consultados, sigue siendo un pasaje amargo la forma tan desaseada e inescrupulosa por la que las bancadas alineadas al oficialismo aprobaron en fast track esta ley, sin permitir su debida discusión y consenso por parte del gremio que finalmente terminaría padeciendo sus efectos.
“(Fue) una cosa totalmente grotesca, con trampas, con irregularidades en las votaciones. Terrible”, recuerda Lazcano, y de ahí que no fueran algo fortuito las distintas impugnaciones y acciones de constitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Pese a todo ello, que pareciera suficiente para que la nueva Administración decidiera enmendar los errores de quienes les precedieron y hacer las cosas bien ahora sí, lo más probable es que “el testamento político” de Álvarez-Buylla, como Valderrama alguna vez lo definiera, permeará la forma de hacer ciencia en el sexenio de la primera Presidenta mujer y científica del País, Claudia Sheinbaum.
“Van a hacer lo mismo que hizo Elena cuando la ley no era la que ella quería, que fue haciendo todo a nivel de reglamentos”, remarca la biomédica, y lo del Reglamento Interior de la Secihti parece darle la razón. “Yo creo que Rosaura va a usar la misma medida porque, digamos, ésa es la solución económica, y va a dejar esta ley como marco jurídico”.
¿Golpe de timón?
A propósito de los dichos a favor de la ciencia por parte de quienes ahora encabezan el Gobierno, empezando por Sheinbaum, Lazcano revira: “Yo creo que ‘acciones son amores, (no besos ni apachurrones)’”.
“Hay mucha gente que dice: ‘Tenemos una científica en la Presidencia’. No, tenemos una política que tiene formación científica. Y aún así, yo no he visto más que declaraciones realmente superficiales de parte de la Presidenta misma con respecto a la importancia de la ciencia o el rumbo que quiere que la investigación científica siga en el País.
“Ya es urgente que se vean las acciones y los cambios”, exhorta el biólogo.
¿Tendrían la Presidenta y la titular de Secihti que desmarcarse de esa polémica legislación que les legaron?
Creo que nunca vamos a ver en la nueva Secretaría una fractura o un divorcio abierto, decidido, con las decisiones que se tomaron en el sexenio anterior. Porque eso sería una crítica a la herencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es algo que nunca se van a atrever a hacer, evidentemente.
Un primer diferenciador entre la nueva encargada de conducir la política científica del País y su predecesora pudieran ser los encuentros que Ruiz ha empezado a sostener en diferentes sitios, incluido uno con la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt), a la que Álvarez-Buylla señaló, sin pruebas, de haber canalizado alrededor de 14 mil millones de pesos “para elefantes blancos de proyectos”.
No obstante, Romero sí percibe, “genuinamente”, una intención de mejorar las cosas.
“Pero para poderlas mejorar, se necesita tener el marco normativo (óptimo), se necesita tener el financiamiento adecuado para hacerlo y, particularmente, se necesita la colaboración de la comunidad”, insiste el también miembro del colectivo ProCienciaMx y uno de los primeros detractores de los efectos perniciosos de la Ley HCTI.
Ahora mismo las autoridades tienen ante sí, a percepción de Lazcano y Romero, una oportunidad para demostrar esta voluntad de cambio y la importancia de la ciencia en el ámbito público, con la próxima discusión de las modificaciones constitucionales en materia de prohibición de maíz transgénico, por ejemplo.
“Si de veras la ciencia está en el centro (del proyecto de nación), creo que en el proceso de revisión de esta iniciativa de cambio a la Constitución debería de haber participación científica, y particularmente de la Secihti”, subraya Romero.
“Anhelo verla, sería tal vez uno de los primeros ejemplos de que, efectivamente, las cosas van a ser diferentes”, concluye.
Legislación, ¿en revisión?
Sobre la posibilidad de ajustar o rehacer una legislación que tiene en su centro al Conahcyt, Liza Aceves, coordinadora de Programas para la Formación y Consolidación de la Comunidad en la Secihti, zanja: “La Ley HCTI no es para regir a un órgano”.
“Es una Ley General para el campo de conocimiento, digamos, el gremio, y, sobre todo, lo que regula es el derecho humano a la ciencia”, afirma la funcionaria, consultada por REFORMA.
“Seguramente habrá que hacer adecuaciones con el paso del Consejo a la Secretaría”, reconoce, no obstante, Aceves. “Pero la ley permite hacer esa clase de adecuaciones”.
¿No implicaría, entonces, repetir el proceso de hacer una nueva ley?
Yo no tengo información de que eso se esté planteando. No conozco ése ámbito en particular, pero seguramente que lo estará revisando la Unidad de Asuntos Jurídicos. No es mi campo.
