(MÁXIMO TORERO. EL UNIVERSAL)
Los precios de los alimentos son una preocupación constante en la mente de cualquier ciudadano. Todos los días observamos variaciones en el costo de nuestras comidas y cómo no solo afectan nuestra capacidad para mantener refrigeradores y despensas abastecidos, sino también ejercen una presión significativa sobre los presupuestos familiares y, en última instancia, nuestro bienestar.
Lo que en la mayoría de los casos no sospechamos es que a estos costos se añaden otros ocultos. Hoy la FAO ha lanzado su último informe, “El estado mundial de la agricultura y la alimentación (SOFA 2023)”, que todos los años ofrece una panorámica de temas relacionados con el sector agroalimentario, haciendo especial hincapié en la innovación y la tecnología. Este año, la agencia de Naciones Unidas pone el foco en el verdadero costo de los alimentos. En el informe se introducen los conceptos de beneficios y costos ocultos ambientales, sociales y sanitarios de los sistemas agroalimentarios, y se propone un nuevo enfoque, basado en la contabilidad de costos reales, para abordarlos.
Los mercados y el comercio pueden encontrar soluciones eficientes, pero no son perfectos: no saben valorar y contabilizar todos los aspectos e impactos de un proceso productivo. El precio de una tortilla de maíz, por ejemplo, reflejará los costos de los insumos, como el maíz y los fertilizantes utilizados en su cultivo, su elaboración, el transporte desde el campo hasta el punto de venta, además de los costos de publicidad y envasado. También refleja cuántos desean comer tortillas, es decir, la demanda, y si hay suficientes para todos, es decir, la oferta. Sin embargo, lo que todavía no está casi nunca reflejado en ese precio es el impacto de la producción de estos alimentos en el medio ambiente o su costo social. ¿Se ha contaminado mucho para su producción? ¿A quién le ha impactado negativamente esa contaminación? Además, los precios no tienen en cuenta la necesidad de que los trabajadores obtengan un salario digno, ya sea que estén llenando un almacén o cultivando los campos.
Para ello, el nuevo informe de la FAO analiza 154 países y evalúa estas cuestiones, llegando a una conclusión muy significativa: los costos ocultos en nuestro sistema agroalimentario global ascienden al menos a 10 billones de dólares. Esto equivale aproximadamente al 10% del PIB mundial de cada año. Para los países de bajos ingresos, los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios representan más de una cuarta parte de su PIB, y la mitad de estos costos son costos sociales debido a la pobreza y la desnutrición, especialmente por los bajos ingresos de los trabajadores del sector agroalimentario. En los países de ingresos medianos, los costos ocultos de los sistemas agroalimentarios representan menos del 12% del PIB, y en los países de altos ingresos, es menos del 8%. Pero sigue siendo una cifra significativa. Y sería muy imprudente, ahora que conocemos su magnitud, no hacer algo al respecto.
La gran mayoría, más del 70% de estos costos, son impulsados por alimentos no saludables, es decir, productos ultra procesados, muy poco nutritivos, llenos de grasas y azúcares o sal, que conducen a la obesidad y a otras enfermedades vinculadas a la dieta, causando problemas de salud y, por ende, pérdidas de productividad laboral, siendo especialmente graves en países de ingresos altos y medios, México incluido.
Al mismo tiempo, más de una quinta parte de los costos ocultos totales son ambientales, debido a las emisiones de gases de efecto invernadero y nitrógeno, los cambios en el uso de la tierra y el uso del agua. Es probable, además, que estén subestimados debido a limitaciones en los datos y la dificultad conceptual y técnica de poner un valor a la naturaleza y a sus servicios, pero sabemos que nos afectan a todos y que están en aumento.
El ejemplo típico de la externalidad negativa es el menoscabo en la salud de los habitantes de una comunidad por la contaminación del humo de las fábricas cuando sus efectos no se ven reflejados en el sistema de precios. Siguiendo el ejemplo, el costo que eroga la comunidad en atender a los enfermos por el humo no es asumido por el contaminador, y esto significa que existe un costo individual del producto y un costo oculto que es transferido a la sociedad, quien deberá solventarlo a través de sus sistemas de salud. Así vemos que el sistema de precios no mide exactamente las consecuencias ambientales, sociales y sanitarias de la actividad económica, generando distorsiones en los mercados.
Nuestro informe constituye el primer estudio que utiliza la contabilidad de costos reales a nivel nacional para 154 países, lo que permite comparaciones y abre el camino para soluciones específicas para cada país. Entre las opciones que podrían considerar se incluyen la reforma de subsidios, impuestos a los alimentos no saludables, pautas dietéticas, etiquetado y regulación específica. Estas medidas podrían promover la salud de las personas y, al mismo tiempo, respaldar los ecosistemas y fomentar inversiones estratégicas. Es importante destacar que esto no significa necesariamente que suban los precios de los alimentos. De hecho, los precios pueden, en algunos casos, convertirse en un mejor indicador del verdadero valor y, como resultado, reducir estos costos. Y, por ejemplo, invertir en mejorar el uso de los suelos, de productos de fertilizantes o en una capacitación adecuada para los agricultores sería menos costoso para la sociedad que el impacto de la contaminación.
Asimismo, al comprender y valorar adecuadamente los impactos negativos de los alimentos poco saludables, en términos sociales y de salud, se pueden implementar políticas que promuevan opciones alimenticias más saludables y asequibles, allanando el camino para un futuro en el que un mayor número de personas disfruten de una dieta que beneficie tanto a su bienestar personal como al del planeta, solucionando un problema crítico, es decir, los 25.6 millones de personas en México, o los 3.1 mil millones de personas en todo el mundo, que actualmente carecen de acceso a dietas nutritivas y equilibradas.
Está de hecho demostrado que la imposición de gravámenes a las bebidas y alimentos hipercalóricos, como se ha observado en México, desincentiva la adquisición de estos alimentos, contribuyendo así a dirigir la demanda hacia alimentos más nutritivos (informe de la FAO, SOFI 2023).
Gracias a esta contabilidad que proponemos, las instituciones y los políticos podrán prestar atención al verdadero costo de los alimentos, ya que solo considerando los beneficios y costos ocultos ambientales, sociales y de salud de los sistemas agroalimentarios se podrá lograr la sostenibilidad en este crucial sector. Ignorar estos impactos invisibles impide la toma de decisiones informadas y perpetúa un sistema productivo que, si bien puede parecer rentable en el corto plazo, genera externalidades negativas significativas en términos de daños ambientales, carga de atención médica y desigualdades sociales.
Solo al reconocer y valorar adecuadamente estos costos, los responsables de la formulación de políticas pueden impulsar cambios hacia sistemas agroalimentarios que promuevan la salud, la equidad social y la protección del medio ambiente, al tiempo que garantizan la prosperidad económica a largo plazo para todo el país.
Economista Jefe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)