(BARBARA FRASER. EL UNIVERSAL)
A medida que los países de todo el mundo fijan metas para reducir el uso de combustibles fósiles en un esfuerzo por frenar el calentamiento global, prospera una nueva industria de las energías renovables, impulsada en gran medida por los vehículos eléctricos y los objetivos de sustitución del carbón, el petróleo y el gas por la energía solar y otras fuentes de energía. Pero esta llamada revolución “verde” tiene un costo que recae principalmente en comunidades alejadas de los países que disfrutan de los beneficios del auge de las energías renovables.
Los paneles solares, las baterías de las placas solares y los vehículos eléctricos requieren metales que se encuentran en varios países, no todos ellos tradicionalmente mineros. La minería es un negocio sucio que deja una gran huella medioambiental, y que a menudo tiene lugar en zonas remotas habitadas por pueblos indígenas u otros pueblos tradicionales. Y aunque la energía a la que contribuyen puede ser renovable, los propios minerales no lo son, lo que lleva a algunos críticos a afirmar que el auge de las energías renovables no es más que cambiar una forma de producción insostenible por otra.
Los investigadores y la industria intentan compensar esta situación, abogando por un mayor reciclaje y reutilización de los minerales, así como por tecnologías que dependan de materiales más fáciles de conseguir y que tengan un menor impacto ambiental. Pero estos esfuerzos se ven superados por la demanda de minerales como el litio, considerados “críticos” para la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables.
Los éticos también están divididos: algunos sostienen que la urgencia del riesgo de un calentamiento desbocado exige hacer concesiones mientras la tecnología de energías renovables se pone al día, al tiempo que otros piden una reducción drástica del uso de la energía para disminuir la necesidad de más minería.
En países latinoamericanos como Chile, Argentina, Bolivia, México y Perú, los gobiernos tratan de sacar provecho de la demanda de minerales que no han sido extraídos de forma tradicional en la región. Se mueven en un tablero económico dominado por Estados Unidos y China, que compiten en la carrera por conseguir minerales estratégicos, y Rusia, cuya guerra contra Ucrania ha interrumpido el suministro energético a Europa, ha empujado a la Unión Europea hacia una transición más rápida.
El problema se cierne sobre las comunidades locales, muchas de ellas indígenas, que temen que se dañen sus tierras, se agoten sus reservas de agua y se destruyan montañas que consideran sagradas. Los expertos afirman que los retos que se avecinan exigen una mejor gobernanza, tanto en los países ricos en recursos como en las naciones que se están beneficiando más rápidamente de la transición energética. Pero aún queda mucho por hacer para igualar las condiciones, si es que es posible.
La transición energética, vinculada a la contaminación
Para Marcos Orellana, tanto el cambio climático como la contaminación ambiental son problemas de derechos humanos, y una transición justa de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía exige que se aborden conjuntamente. Orellana, relator especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos, planteó la cuestión ante ese organismo multinacional en septiembre, en un informe dirigido al 54º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
El argumento de que estamos frente a una crisis climática global y entonces son necesarias tecnologías que permitan abordar esta crisis sin importar el costo ambiental o de contaminación que puedan generar, es una narrativa falsa —dijo Orellana a InquireFirst, — porque no podemos solucionar el problema del cambio climático agravando los problemas tóxicos que ya enfrenta el planeta.
En su informe, Orellana reconoce que “el cambio climático supone una amenaza existencial para la humanidad y el disfrute efectivo de los derechos humanos”. Sin embargo, señala el informe, en la carrera por “reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y eliminar el carbono de la atmósfera“, los países y las empresas están recurriendo a tecnologías que pueden agravar la contaminación. Algunos ejemplos son los residuos de la extracción de los nuevos minerales “estratégicos”, la producción de baterías de iones de litio sin medios adecuados para reciclarlas y el nuevo énfasis en la energía nuclear, que produce barras de combustible gastado que siguen siendo radiactivas.
La minería, en particular, es “una de las industrias más contaminantes del mundo”, declaró a InquireFirst, y afecta a derechos humanos protegidos por tratados internacionales, como el derecho a la vida, a la salud y a un medio ambiente sano. “Estas afectaciones muchas veces recaen con particular fuerza en grupos y pueblos en situación de vulnerabilidad como son los pueblos indígenas, lo cual agrava las injusticias ambientales y también la violencia ambiental”.
El atractivo del “triángulo del litio”
Un automóvil convencional contiene unos 34 kilogramos de metal, en su mayor parte cobre y manganeso. Un vehículo eléctrico contiene más de seis veces esa cantidad y una mayor variedad: grafito, cobre, níquel, manganeso, litio, cobalto y una pequeña cantidad de minerales conocidos como tierras raras. A medida que aumente la demanda de vehículos eléctricos, se necesitarán más minas, más grandes y profundas, muchas de ellas en países donde la minería ya es fuente de conflictos.
En América Latina, la transición energética ha puesto en la mira al litio, el mineral más ligero y fundamental para la fabricación de baterías recargables que alimentan desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos, y que se utilizan para almacenar la energía producida por los paneles solares. Hasta hace poco, la demanda de litio era escasa. Pero la producción ha aumentado drásticamente en la última década, y el mineral está en el centro de jugadas de poder geopolítico que llegan hasta lo más profundo de Sudamérica.
En 1995, la producción mundial de litio era de 9.500 toneladas, y Estados Unidos era uno de los principales productores del mineral, que se utilizaba principalmente para fortalecer el vidrio y la cerámica. En 2010, sin embargo, la producción mundial se había duplicado, y Chile se había convertido en el primer productor mundial. En la década siguiente, la producción de litio se cuadruplicó, alcanzando las 106.000 toneladas en 2021.
En su informe de 2023 sobre el litio, el Servicio Geológico de Estados Unidos afirma que el mundo tiene unos 98 millones de toneladas de recursos de litio —la cantidad de litio que se sabe que existe en la corteza terrestre— y unos 22 millones de toneladas en “reservas”, la cantidad que podría recuperarse económicamente con la tecnología disponible actualmente.
El litio puede encontrarse en la salmuera de los salares, como los de Argentina, Chile o Bolivia, o en roca dura, como los yacimientos de Australia y Perú. China tiene ambos tipos de yacimientos. Las distintas formaciones requieren diferentes métodos de extracción e implican diferentes costes medioambientales.
En los salares, la salmuera se bombea desde el subsuelo a enormes estanques, donde el viento y el sol evaporan el agua, dejando el litio para ser extraído y procesado. Es la forma menos cara de extracción, pero la que más agua consume: alrededor de 2 millones de litros de agua por tonelada métrica de litio. Un proceso conocido como extracción directa de litio podría reducir el consumo de agua, pero aún no se ha probado a escala comercial.
La extracción de litio de yacimientos de roca dura requiere menos agua, pero desplaza a las comunidades, deja gigantescos tajos en la tierra, arrasa montañas que pueden ser sagradas para los pueblos indígenas cercanos y contamina la tierra y el agua. Algunos expertos sugieren que las fuentes geotérmicas podrían producir litio con una menor huella medioambiental y climática, pero hasta ahora esas reservas sólo representan un porcentaje minúsculo de los yacimientos mundiales.
Cerca de la mitad de los yacimientos de litio conocidos en el mundo se encuentran en los salares del “triángulo del litio”, una región alta y árida situada entre las fronteras de Chile, Argentina y Bolivia. Chile lidera las reservas mundiales, con 9,3 millones de toneladas, seguido de Australia, con 6,2 millones; Argentina, con 2,7 millones; y China, con 2 millones, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Bolivia tiene unos 23 millones de toneladas de recursos de litio, pero aún no produce comercialmente.
Chile supera a Australia en reservas, pero ha descendido al segundo lugar en producción. Varios países han hablado de desarrollar la capacidad de fabricar productos para la industria de las energías renovables, añadiendo así valor a las materias primas que se extraen. Hasta ahora, sin embargo, sólo China ha avanzado en ese ámbito, aunque Estados Unidos está aplicando incentivos destinados a reducir la dependencia de la minería y el procesamiento chinos.
No obstante, los expertos advierten que las proyecciones sobre la futura demanda de minerales de transición energética podrían cambiar drásticamente a medida que evolucione la tecnología. Por ejemplo, según una proyección, la demanda de litio aumentaría 13 veces de aquí a 2040, mientras que según otra la demanda ascendería en un factor de 51. Si otras sustancias sustituyeran al litio, los proyectos mineros actualmente en fase de diseño podrían quedar obsoletos incluso antes de comenzar su producción.
¿Es posible una “transición justa”?
Pero ¿qué se puede hacer para garantizar una “transición justa” en los lugares donde la extracción de litio ya está en marcha o a punto de comenzar?
La mayoría de las regiones de América Latina con las mayores reservas son tierras áridas habitadas principalmente por comunidades indígenas y otras comunidades agrícolas tradicionales que ya están lidiando con el estrés hídrico. En Argentina, las comunidades indígenas de la región minera de litio de Jujuy organizaron en agosto una protesta contra los cambios normativos que, según ellos, facilitarían al gobierno la expropiación de sus tierras, muchas de las cuales carecen de título legal. En Chile, las comunidades están divididas respecto a la extracción de litio en el desierto de Atacama, al norte del país. Lo mismo ocurre en Perú, donde el gobierno ha manifestado su intención de apoyar la extracción de litio en roca dura, pero donde las comunidades disponen de escasa información.
En las últimas décadas, las comunidades latinoamericanas se han opuesto cada vez más a todo tipo de explotación minera, pero las empresas y los gobiernos suelen dividir y conquistar, consiguiendo apoyo con la oferta de puestos de trabajo y enfrentando después a partidarios y detractores en las comunidades.
La legislación destinada a proteger los intereses de las comunidades, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, exige que los pueblos indígenas y tribales den su “consentimiento libre, previo e informado” antes de que los proyectos de desarrollo, incluida la minería, puedan seguir adelante en sus tierras. En la práctica, sin embargo, las comunidades no suelen tener poder de veto, y en algunos países, como Perú, el proceso de consentimiento sólo se produce después de la fase de exploración, cuando es poco probable que los gobiernos detengan un proyecto prometedor que produce ingresos.
El auge del litio hace más urgente la cuestión de si se deben explotar minas y, si los países deciden seguir adelante, cómo hacerlo de forma que las comunidades locales no se encuentren en una situación aún más desventajosa.
Para Lisa Sachs, directora del Columbia Center on Sustainable Investment de la Universidad de Columbia en Nueva York, la contradicción implícita en el uso de la minería “sucia” para proporcionar energía “limpia” implica un acto de equilibrio global.
“Inevitablemente, todo se reduce a compensaciones, porque ahora mismo no hay forma de producir los materiales que necesitamos para nuestra economía sin tener algún impacto en el planeta y [sin] la minería”, afirma Sachs. “Así que incluso en el mejor de los casos, del que estamos lejos, la extracción y el uso de los recursos exigen compensaciones”.
La cuestión es cómo minimizar el coste para las comunidades vulnerables, afirma. Y eso no significa contentarse con lo de siempre, porque el sector cambia rápidamente. “Es intrínsecamente dinámico”, afirma Sachs, “porque las tecnologías de que disponemos y los conocimientos que tenemos sobre cómo hacer mejor las cosas evolucionan constantemente”.
Para “hacer mejor las cosas” es necesario que actúen tanto los países donde la demanda de litio es mayor, entre ellos Estados Unidos, China y la Unión Europea, como las naciones latinoamericanas con reservas de litio, afirma Sachs. Para ella, el plan de la Unión Europea para una economía circular —que hace hincapié en la reducción de residuos— es un paso positivo.
“Deberíamos introducir más circularidad en la economía, tanto en los productos finales como en el propio proceso de extracción, porque genera muchos residuos que aún contienen recursos valiosos”, afirma.
También es probable que se desarrollen sustitutos para algunos de esos materiales, añade: los científicos ya están experimentando con alternativas a la tecnología de iones de litio para las baterías, siendo el sodio el más prometedor hasta el momento.
“Todas estas cuestiones deberían estar sobre la mesa y formar parte de esta agenda, que consiste en cómo reducir la demanda para poder mitigar o reducir la compensación, aunque sea inevitable”, afirma Sachs. Pero esa compensación debe ir acompañada de beneficios para los países productores de minerales esenciales, añade.
La región afronta “nuevos desafíos”
“La transición energética es un programa de gran envergadura que debe ir acompañado de un programa de desarrollo de igual magnitud”, afirma Sachs. “¿Cómo vamos a financiar esto? ¿Cómo vamos a garantizar que las comunidades más pobres se beneficien y no resulten desproporcionadamente perjudicadas?”.
Esta cuestión es especialmente complicada porque muchos países donde hay minerales “estratégicos” ya dependen económicamente de la minería, y muchos tienen una tensa historia de extracción de recursos. Para Anabel Marín, investigadora del Institute of Development Studies de Brighton, Inglaterra, la búsqueda de una transición energética justa ofrece la oportunidad de hacer las cosas de forma diferente.
“Tenemos nuevos tipos de retos, pero esperemos que también surjan nuevas oportunidades”, afirma Marín. “Veo la gobernanza como un proceso que [implica] no sólo la acción de los gobiernos, sino una acción coordinada entre empresas, gobiernos y sociedad civil”.
Una mayor participación en la toma de decisiones es crucial, pero no basta con incluir a los grupos marginados, afirma. Las peticiones de las comunidades afectadas por la minería en las últimas décadas deberían conducir a cambios en la política.
La participación es necesaria “no sólo en la toma de decisiones, sino también en el conocimiento y la innovación”, no sólo en la tecnología, sino también en las políticas, afirma. “La clave del cambio son el conocimiento y la innovación: hay que hacer las cosas de otra manera”.
Históricamente en Sudamérica, “la gente que llega al poder se pregunta cómo han hecho estas cosas otros países”, añade Marín, “pero estos son nuevos retos, y necesitamos experimentar. Necesitamos innovaciones políticas, y no se puede hacer innovación política sin experimentación.”
Para Orellano, relator especial de la ONU, es crucial que los países combinen políticas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con políticas de reducción de la contaminación y restauración de los ecosistemas. Son cuestiones que tiene previsto presentar durante la próxima Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, que se celebrará en Dubái a principios de diciembre.
“Esperamos que eso influya en las políticas nacionales que adopten los gobiernos”, afirma, especialmente en tres ámbitos.
Una política concreta que le gustaría que adoptaran los países es la prohibición de la minería en zonas protegidas. Otra es la ratificación y aplicación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú, que obliga a los países a garantizar que las comunidades afectadas por las industrias extractivas tengan acceso oportuno a la información, participen significativamente en las decisiones que les afectan y tengan acceso a la justicia si se vulneran sus derechos, una disposición clave teniendo en cuenta que América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas que defienden el medio ambiente y sus territorios.
Un tercer ámbito es la regulación de los contaminantes y residuos asociados a la transición energética, afirma, y añade que los países no deben relajar las salvaguardias medioambientales y sociales sólo porque los minerales son necesarios para contrarrestar el cambio climático.
“Las industrias extractivas han generado severas afectaciones al medio ambiente y al goce efectivo de los derechos humanos alrededor del mundo”, afirma. “Ciertos minerales, como el litio, son muy importantes para abordar una gran crisis climática, pero eso no justifica repetir los errores del pasado y agravar lo que son los envenenamientos que generan la contaminación por industrias extractivas”.
Bolivia: ¿un tesoro imposible de desenterrar?
La belleza del Salar de Uyuni es indescriptible, con caminos sin principio ni fin que se pierden en el horizonte. La planicie de 12.000 kilómetros cuadrados ubicada en el departamento de Potosí, Bolivia captura la mirada con su asombrosa fusión del azul celeste y el blanco puro de su superficie. Reconocido como una de las maravillas naturales del planeta, el Salar de Uyuni no solo destaca por su belleza, sino también por albergar la reserva más grande del mundo de litio, un recurso natural clave para la transición hacia la energía verde. Por eso, más allá de su espectacularidad natural, el Salar ha generado un torbellino de sueños y posibilidades para Bolivia.
El litio es visto como un pilar de desarrollo económico en Bolivia que ha despertado enormes expectativas. No se trata solo de extraer la materia prima, sino de impulsar una industria de baterías de ese metal cuyas propiedades de almacenamiento son únicas y un proceso de industrialización que comenzó hace 15 años y que se ha cargado de grandes esperanzas. Sin embargo, para algunos como Efraín Quispe, Jiliri Mallku del Consejo de Gobierno Autónomo Originario de la Marka Tahua Aranzaya Maranzaya, esas ilusiones se han convertido en frustraciones. “Totalmente desilusionados, estamos a ese nivel”, concluye con un tono de resignación.
Sin embargo, la visión del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, es diferente y calificó a la industria del litio como “horizonte estratégico” para la economía boliviana y prometió que “para el primer trimestre del 2025, Bolivia ya debe estar exportando baterías de litio, con materia prima nacional”. El plazo se acerca y la misión parece condenada al fracaso.
Una danza de dólares
Han pasado 15 años desde que el Gobierno nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) empezó a hablar de la explotación del litio para su industrialización y todavía no acaba de sentar las bases de la producción industrial, pese a tener las reservas más grandes del mundo de litio con 23 millones de toneladas solo en los salares de Uyuni (21 millones) y Coipasa (2 millones).
De la producción del litio como materia prima a escala industrial no hay nada y menos de la fábrica de baterías de litio para automóviles y teléfonos celulares, que no terminan de salir de la fase piloto; empero, desde el Gobierno la danza de los millones de dólares en torno a este producto no dejan de parar.
Así, para el 6 de agosto de 2023 se anunció la inauguración de la Planta de Carbonato de Litio de Llipi en el Salar de Uyuni algo que recién ocurrió el 15 de diciembre de 2023, con una capacidad de producción de 15.000 toneladas anuales que, sí se venderían a 40.000 dólares la tonelada, el país ingresaría 600 millones de dólares, según cálculos del viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez. Empero, aquello sigue en espera.
Pero estas cifras van a más allá. A raíz de los cuatro contratos que firmó el Gobierno Nacional con tres empresas chinas y una rusa en enero y junio de este año, las proyecciones para 2025 son producir más de 100.000 toneladas incluidas las de la planta de Llipi, que pertenece a la empresa estatal Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB), e ingresar a las arcas del Estado $us 9.600 millones a partir de 2026, sostuvo el viceministro de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Raúl Mayta, en declaraciones a ABI.
Si bien a esta danza de dólares todavía no entraron los millones que podrían ingresar al país por la industrialización, esto despertó una enorme expectativa en la gente que vive en inmediaciones del Salar de Uyuni, pues creyeron en que estas plantas podrían distribuirse en diferentes comunidades para que en unas produzcan las carcazas de baterías, por ejemplo, y otras, algunos componentes de baterías. “A ese nivel se había pensado”, sostiene Quispe quien reconoce que esto fue “un poco como influencia del Gobierno de Evo Morales”.
“Son 15 años con un capital asignado de algo más de mil millones de dólares y ni siquiera hay materia prima (para industrialización)”, afirma Pablo Villegas experto del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) que hace seguimiento a la explotación del litio, al aclarar que si bien el país “produce materia prima, pero es producto todavía de la fase piloto”.
Actualmente, la fase piloto de producción de litio se hace bajo el sistema de evaporación y YLB aplicará este modelo en la Planta de Carbonato de Litio de Llipi, que está en el Salar de Uyuni, pero con la suscripción de contratos entre el Gobierno nacional y tres empresas chinas y una rusa, la obtención de materia prima será mediante la Extracción Directa del Litio (EDL), detalla Lino Barahona, jefe de Operaciones de YLB.
Lejos de la industrialización
En todo este proceso, lo más crítico es la industrialización, sostiene Villegas quien afirma que el país no avanzó en la innovación tecnológica y en el registro de patentes para la producción de baterías de litio que anualmente son miles en el mundo.
Y si a la hora industrializar el país no logra obtener sus propias patentes -advierte- se verá obligado “a comprar las patentes y terminará pagando de la propiedad intelectual de otros y terminará trabajando para el dueño de la patente”.
En teoría, Bolivia tendrá más de 100.000 toneladas de litio año a partir de 2025, con las que se ingresará a la fase industrialización y/o producción de baterías, según la propuesta del Gobierno. Sin embargo, el experto del CEDIB observa que para producir una batería no solo se requiere litio, que es el 3,5% del producto final, sino otro tipo de minerales y elementos tecnológicos.
Detalla que se requiere níquel y cobre, por ejemplo, que puede haber en el país, pero que se necesita desarrollar su explotación minera; esto podría demorar entre cinco y diez años. También las baterías se componen de cobalto y grafito, que no hay en el país, y que se tendría que importar. Lo más preocupante, es que Bolivia no produce los semiconductores de energía, que son cerebros electrónicos en microchips.
“La explotación del litio, hasta la fecha, desde las propuestas del Estado, ya es un fracaso, hablando de la explotación del litio y la industrialización. Estamos en los plazos de la fase piloto que ya vencieron hace años. Estos años significan pues, millones y millones de pérdidas en dinero”, afirma el Jiliri Mallku del Consejo de Gobierno Autónomo Originario de Marka Tahua Aranzaya Maranzaya.
Con esto también se desvanecen las esperanzas de crear fuentes de empleo para las personas del lugar como les habían prometido. “Va a haber la empresa del litio, vamos a contratar a sus hijos, a sus hijos vamos a capacitar, van a ser profesionales”, recuerda Quispe que eso les dijo el Gobierno por medio de la propaganda, “pero eso es una gran ‘mamada’ (engaño)”.
Contratos opacos con el extranjero
El gobierno del presidente Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de YLB, este año, firmó cuatro contratos para la instalación de plantas que producirán carbonato de litio grado batería al 99,5% de pureza. El primer contrato se suscribió el 20 de enero con la empresa china CATL BRUNP & CMOC (CBC) que instalará dos plantas en los salares de Uyuni y Coipasa; cada una, con capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales.
Después, el 29 de junio, YLB firmó contratos con la rusa Uranium Group One y la china Citic Guoan para la instalación de dos plantas que producirán 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería 99,5% cada una. En total, las tres empresas, en las cuatro plantas, invertirán 2.800 millones de dólares.
Sin embargo, estos contratos son cuestionados por la población porque el gobierno no reveló bajo qué condiciones se suscribieron los mismos; simplemente, desde YLB se emitió un comunicado que dice que “la implementación de las plantas industriales de carbonato de litio, (están) bajo el modelo de negocio soberano”.
“El señor Arce es una persona que, o su Gobierno, se está caracterizando por cada vez más alejarnos de la verdad, la transparencia”, sostiene la senadora por Potosí del partido opositor Comunidad Ciudadana (CC), Daly Cristina Santa María.
Por su parte, Quispe recuerda que, como pueblos originarios, en cuyo territorio están las reservas del litio, “hemos solicitado audiencias a las instancias estatales y hasta la fecha no nos dan audiencia”, para hablar de todos los temas relacionados con la explotación de este mineral.
A su turno, Villegas asegura que los cuatro contratos solo son para producir materia prima y que en ningún momento “el Gobierno ha dicho estamos obligando a la empresa que nos instale aquí la fábrica de baterías”.
Temor ante el impacto ambiental
Sin que hasta ahora la explotación del litio como materia prima y su posterior fabricación para baterías de automóviles y teléfonos celulares haya ingresado a su fase industrial, los pobladores de inmediaciones a los salares de Uyuni y Coipasa ya empiezan a manifestar sus temores.
El Jiliri Mallku del Consejo de Gobierno Autónomo Originario de Marka Tahua Aranzaya Maranzaya, Efraín Quispe, dice que en esas zonas “ya no hay precipitaciones fluviales, ya prácticamente por todas partes vamos a tener que carecer de agua. Ya estamos sufriendo”.
Mientras que Víctor Copa, exjilata Mallku del municipio de Salinas de Garci Mendoza (Oruro), dice que para regenerar los campos de cultivos y los pastizales ahora hay que perforar pozos para sacar agua. En los últimos diez años las lluvias han estado más escasas que antes, resalta.
En una nota que publicó el portal web chilesustentable.net, la docente del Departamento de Ingeniería Química y Procesos de Minerales de la Universidad de Antofagasta (UA), Ingrid Garcés, que conoce bien el impacto de la industria del litio en su país, afirmó que “para producir una tonelada de litio se evaporan 2 millones de litros de agua desde las pozas, es decir, 2 mil toneladas de agua que no es posible recircular”.
Entonces, ¿en inmediaciones del Salar de Uyuni de dónde se obtendrá esa cantidad de agua?
El alcalde de Colcha-K (Potosí), César Alí, cree que las fuentes hídricas que se localizan en Puerto Chubica, Villa Candelaria, Río Grande y Colcha K, son las que proveerán de agua para la explotación de litio, aunque la gente ya ha manifestado su rechazo “para cuidar su subsistencia”. Sin embargo, YLB logró persuadir a los vecinos de la comunidad de Río Grande del municipio de Colcha K, donde se encuentra el foco “principal de agua”, y ya se perforaron pozos para abastecer a la Planta de Agua de Llipi a cambio de algunas fuentes de empleo para los vecinos de esa población.
El experto del CEDIB, Pablo Villegas, afirma que quién puede responder cuánto de agua se va a necesitar para explotar el litio es el estudio de impacto ambiental, pero que lamentablemente en el país el Gobierno no lo hace público. “El daño ambiental puede ser muy grande realmente, muy grande. Puede liquidar las tierras e inclusive contaminar a la población”, advierte.
De esta manera, el Salar de Uyuni, una maravilla natural de Bolivia, y sus habitantes parecen vivir una encrucijada entre el potencial turístico y la explotación de sus recursos de litio. Aunque Bolivia no es un destino turístico de los más populares las cifras muestran un paisaje en evolución. Según el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, después de registrar 180.000 turistas en 2022, el turismo receptivo en el país experimentó un significativo crecimiento del 35% en 2023, con la expectativa de llegar a unos 700.000 turistas para finales de ese año. Este hecho parece justificar las afirmaciones de Efraín Quispe, un líder local, quien dice que la comunidad prefiere centrarse en “industrializar” la industria turística en lugar de depender únicamente de la extracción de litio aunque reconoce con cierto desasosiego que la explotación de este recurso será inevitable.
Perú: más preguntas que respuestas
Una polvorienta carretera, por la que apenas puede circular un vehículo, serpentea entre un puñado de casas de adobe y espinosos pastos, hasta llegar al distrito de Corani, donde la oficina del gobierno del distrito, con su fachada de cristal, domina una pequeña plaza en la que se lee el nombre de la ciudad en letras gigantes.
El paisaje, gélido y azotado por el viento, ha permanecido prácticamente igual para las generaciones de familias campesinas, en su mayoría quechuas, que han criado llamas y alpacas en este lugar, a casi 4.000 metros sobre el nivel del mar. Pero se habla de cambio. Los pastos de esta parte del sur de Perú, en la región de Puno, se asientan sobre yacimientos de litio, un mineral que se ha vuelto vital para la transición de los combustibles fósiles a otras fuentes de energía.
El litio es un componente clave de las baterías que alimentan una serie de objetos cotidianos, desde teléfonos móviles hasta vehículos eléctricos. Al otro lado del Altiplano andino, Chile y Argentina ya figuran entre los principales productores mundiales de este mineral. La vecina Bolivia está a punto de unirse a ese club, ya que los tres países se extienden a lo largo del “triángulo del litio”, cubierto de salares que contienen este mineral.
No obstante, Perú sigue al margen. Su litio se encuentra en formaciones rocosas que también contienen uranio. Una empresa tiene concesiones en la zona desde hace casi dos décadas, pero hasta ahora el proyecto minero sigue en fase de exploración.
Sin embargo, eso no ha detenido la maquinaria de relaciones públicas de la empresa ni los rumores locales. En un país en el que, según la Defensoría del Pueblo, dos de cada tres conflictos relacionados con el medio ambiente a nivel nacional involucran a comunidades afectadas por la minería, algunos residentes locales están a favor de un proyecto minero, diciendo que traerá puestos de trabajo, mientras que otros se oponen, temiendo la contaminación. Casi todos, sin embargo, acaban diciendo que no han oído hablar mucho de lo que implicaría una mina de litio.
Cuando se le pregunta qué expectativas tiene para el proyecto, el alcalde de Corani, Patricio Dávila, levanta las manos.
“¿Qué expectativas puedo tener si no tengo información?”, responde.
La esquiva promesa de riquezas
A pesar de su riqueza mineral andina, incluido el oro, gran parte del cual se extrae de manera informal o ilegal, Puno es una de las regiones económicamente más pobres de Perú. Cuatro de cada 10 personas viven en la pobreza, dos tercios de los niños de entre 6 y 35 meses padecen anemia —muy por encima de la ya elevada media nacional del 42%— y uno de cada 10 sufre desnutrición crónica. Corani, donde nueve de cada 10 personas viven en comunidades rurales, es el distrito más pobre de la región. Otro distrito de la misma provincia, Carabaya, es el segundo más pobre.
Sin embargo, la extracción de minerales estratégicos — primero uranio y ahora litio— se ha presentado durante décadas como el camino hacia la prosperidad de la zona.
Juan Tejada, coordinador de programas sociales de la provincia de Carabaya, recuerda un entusiasmo similar ante los anuncios de que se había descubierto uranio cerca de Macusani, la capital provincial. Las esperanzas se desvanecieron cuando los precios del uranio cayeron, solo para volver a subir en 2018, cuando Macusani Yellowcake, ahora filial de la minera junior canadiense American Lithium, anunció que su concesión de Falchani, a unos 25 kilómetros de Macusani, también contenía litio.
En entrevistas con los medios de comunicación, Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake, ha dicho que la empresa tiene reservas indicadas e inferidas de un relativamente modesto equivalente a 4,7 toneladas de carbonato de litio, la unidad de medida utilizada por la industria. Sin embargo, se necesita más exploración para catalogar esas reservas como “probadas”. La empresa está realizando actualmente los estudios de impacto ambiental, y ha pronosticado que la construcción podría empezar en 2026 y la producción en 2027.
En su estado financiero para los años que terminan en febrero de 2022 y febrero de 2023, American Lithium dijo que “aún no ha determinado si las propiedades contienen reservas de mineral que sean económicamente recuperables.”
Mientras tanto, los locales tienen sentimientos encontrados. Un líder juvenil, que pidió no ser identificado, dice que muchos de sus compañeros esperan que una mina cree oportunidades de trabajo formal que serían preferibles al trabajo peligroso en las minas de oro informales de la parte norte de la provincia, donde los Andes descienden hacia la cuenca del Amazonas. Sin embargo, a él y a otros les preocupa el impacto ambiental.
Betty Nélida Quispe Fernández, dirigente de las organizaciones de mujeres de Carabaya, teme que el polvo y la contaminación del agua de una mina a cielo abierto puedan afectar a los pastos y los campos de cultivos tradicionales como la papa y la cañihua, un cultivo tradicional de montaña emparentado con la quinoa. El mismo temor se extiende a otra concesión de la zona, donde realiza prospecciones la minera junior canadiense Bear Creek Mining Corp.
Si el proyecto del litio progresa, los residentes locales esperan que su provincia reciba una parte justa. Walter Churata Morocco, profesor y presidente de las rondas campesinas de Macusani, espera que se creen unos 5.000 puestos de trabajo para los habitantes de Carabaya. “Tiene que repercutir en el crecimiento económico para Carabaya”, afirma.
Sin embargo, teme que una mina pueda secar ríos y manantiales, y a él y a Quispe les preocupan los rumores de que el carbonato de litio procesado se transportaría a los puertos de la costa del Pacífico de Perú a través de la vecina región de Cusco, evitando la mayor parte de Puno.
En marzo, tras dos meses de protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, especialmente intensas en Puno, los líderes de las comunidades tradicionales de la región anunciaron que sólo permitirían la extracción de litio si también se construía en la región una planta de fabricación de baterías.
Tejada ve pocas posibilidades de que eso ocurra: “Si quisiéramos fabricar [baterías], tendrían que pasar muchas cosas”. Dice que los representantes de Macusani Yellowcake plantearon la idea en presentaciones el año pasado, pero Solís la descartó en una reciente entrevista con los medios, señalando que la producción de baterías requiere otros minerales, como níquel y grafito, que Perú no produce.
Mientras tanto, persiste el descontento con el gobierno nacional. El índice de aprobación de Boluarte está entre los más bajos de los presidentes latinoamericanos, con un 12%. El recuerdo de las protestas de hace casi un año, en las que murieron más de 60 civiles, seis soldados y un policía, sigue fresco en la memoria de los habitantes de Puno, donde 18 de los civiles fueron tiroteados. La consiguiente desconfianza en el Gobierno podría dificultar la aceptación de un proyecto minero, afirma Dávila.
El agua, una de las principales preocupaciones
El alcalde de Corani describe su distrito como “olvidado por el Estado”, sin policía ni tribunales, sin atención sanitaria ni educación adecuada, donde la gente vive de lo que gana al día. La publicidad sobre el litio ha aumentado las esperanzas de la gente de que “la inversión extranjera puede hacer que Corani salga del subdesarrollo”, dice, pero él y otros también están preocupados por las repercusiones de la minería.
Aunque no ha visto planes concretos, dice que el yacimiento de litio está bajo las tierras de tres comunidades rurales de su distrito, y no sabe qué podría pasar con la gente que vive allí. ¿Tendrían que marcharse? ¿Cómo se les compensaría? ¿Y adónde irían, cuando sus vidas han girado en torno a la cría de alpacas? “Es como quitarme parte de mi cuerpo quitar la actividad ganadera acá”, dice Dávila.
También le preocupa el agua. Una evaluación económica preliminar del proyecto de litio Falchani —preparada en 2020 para Plateau Energy Metals, que fue adquirida por American Lithium en 2021— dice que el agua para el proyecto se extraería de los ríos locales. Las comunidades locales también dependen de las aguas superficiales, y Dávila dice que algunos manantiales se están secando, mientras que algunas comunidades han visto disminuir sus suministros de agua a medida que su población ha crecido.
Los trabajadores de los campamentos mineros crearán aún más demanda de recursos que ya son escasos, añade Dávila, a quien también preocupa la posible contaminación de los ríos, que alimentan el río Inambari, que desemboca al este en la cuenca del Amazonas. Le preocupa especialmente Quelccaya, una comunidad donde actualmente realiza exploraciones Macusani Yellowcake, y que depende del agua de un glaciar que lleva retrocediendo desde los años setenta. El glaciar está ahora cubierto de concesiones mineras, aunque también se encuentra en una zona protegida, lo que podría impedir la exploración. Sin embargo, los críticos señalan que las concesiones violan una ley peruana destinada a proteger las cabeceras de los ríos.
El gobierno nacional ha iniciado recientemente un diálogo con las autoridades regionales y locales para abordar los problemas económicos de Carabaya, pero sigue faltando información sobre la mina de litio propuesta. Según la legislación peruana, las comunidades no tienen derechos sobre los minerales que se encuentran bajo sus tierras, por lo que las empresas deben negociar con ellas el acceso. Perú ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, pero desde la reforma agraria de la década de 1980, el gobierno peruano ha designado a las comunidades andinas como “comunidades campesinas” en lugar de reconocerlas como quechuas o aimaras.
Como resultado, las empresas tienen libertad para negociar una “licencia social” para operar en esos lugares, sin reglas claras para el proceso, en lugar de pasar por una consulta a las comunidades dirigida por el gobierno. Los estudios de impacto ambiental también se realizan proyecto por proyecto, sin examinar el impacto combinado de múltiples proyectos, especialmente en las cuencas hidrográficas.
Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, advierte que el acceso a la información por parte de las comunidades afectadas por la minería es especialmente importante cuando se realizan exploraciones de minerales relacionados con la energía, como el uranio y el litio, y en lugares como Puno, que tiene más de 700 vertederos industriales sin remediar, principalmente procedentes de la minería.
Orellana también advierte que el “desarrollo” no debe tener prioridad sobre la protección del medio ambiente y que, en la carrera por sustituir los combustibles fósiles, los países no deben permitir que aumente la contaminación procedente de la extracción de los llamados minerales “estratégicos” o “críticos” necesarios para las energías renovables. La descarbonización, dice, no sólo debe evitar la contaminación futura, sino que debe ir de la mano de la “desintoxicación”, o limpieza de los lugares que ya están contaminados.
“Vemos en la región [latinoamericana] y también en el mundo la proliferación de zonas de sacrificio, zonas que son altamente contaminadas donde las personas muchas veces viven en la pobreza, carecen de voz, y son condenadas en la negación de sus derechos humanos fundamentales”, declaró a Historias Sin Fronteras.
Orellana insiste en el derecho de las comunidades a la información y a tener voz en las decisiones sobre los proyectos que les afectan, así como en el acceso a la justicia, incluida la justicia medioambiental.
“Las personas que sufren la contaminación en estas zonas son típicamente marginadas de los procesos de toma de decisiones”, afirma. “En América Latina, todavía hay mucha distancia, mucho camino por recorrer para hacer una realidad el derecho al acceso a la información en materia ambiental.”
México: entre la promesa del desarrollo y la realidad del daño ambiental
Zacatecas, lugar descrito por Gabriel García Márquez con ‘el cielo azul, más azul de lo que jamás haya visto’, experimenta una crisis ambiental asfixiante. El déficit hídrico de la región supera el 200% y 15 de sus 34 acuíferos están sobreexplotados. Entre las causas que nublan el panorama se encuentran la sobreexplotación del agua en las cuencas, la contaminación de los depósitos subterráneos y la degradación de los suelos debido a las actividades mineras, comenta Grecia Rodríguez, portavoz del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac).
La región, rica en plata, plomo, zinc, podría enfrentar otros desafíos ambientales ahora también por la extracción de litio. Tan solo para obtener una tonelada de este mineral en depósitos de salmuera se necesita evaporar más de 2 millones de litros de agua, lo que equivaldría a llenar una piscina olímpica al 80% de su capacidad.
Con la reciente llegada de la mega planta de Tesla a Nuevo León, Rodrigo Castañeda, Secretario de Economía de Zacatecas, considera que el estado podría ser uno de los principales proveedores de litio de la armadora de autos debido a su cercanía geográfica y al contar con una tradición de más de 470 años de actividad minera. Tesla es uno de los fabricantes más grandes de vehículos eléctricos a nivel mundial, y el litio es un componente clave para la producción de baterías recargables para esos automóviles y varios dispositivos electrónicos. Por ende, es considerado crucial para la transición energética de combustibles fósiles a energías renovables.
Sin embargo, para Isabel Velázquez, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el litio representa una falsa solución para lograr una transición energética. Este mineral es esencial para la elaboración de baterías de vehículos eléctricos, dice, pero su extracción no debería ser una prioridad, pues fortalece un sistema de transporte privado e individualista que ha sido una de las causas de la crisis climática. “Al final, no todas las personas requieren o pueden costear este tipo de vehículos”, comenta en entrevista para Historias sin fronteras.
El gobierno mexicano fundó la empresa estatal Litio MX, en parte, para prevenir la explotación descontrolada del mineral; sin embargo, el panorama aún está “muy encapotado” respecto a la viabilidad técnica y comercial del litio en el país, las fuentes de inversión para nuevas y costosas tecnologías para su extracción, y las implicaciones ambientales y socioculturales de su explotación en regiones semiáridas como Zacatecas, donde ya se experimentan serios problemas de sequía y escasez de agua.
Litio MX: ¿La fiebre del litio?
En abril de 2022, México catalogó al litio como un recurso estratégico, al reservar su explotación al Estado y cancelar las licencias ya emitidas a particulares para su extracción. El presidente López Obrador, guardando proporciones, comparó esta decisión con la expropiación petrolera (1938), mientras que Rocío Nahle, ex-Secretaria de Energía (SE), lo llamó “el oro blanco”. Sin embargo, Juan de Dios Magallanes Quintanar, docente de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y consultor de empresas mineras, señala que esas afirmaciones son erróneas, ya que “el litio no es un energético; conduce y almacena energía”.
Al igual que otras naciones latinoamericanas, México ha dirigido su mirada hacia este mineral, motivado por la creciente demanda del litio en la industria. Un ejemplo es el aumento en las ventas de vehículos eléctricos (VEs). En todo el 2012, se comercializaron 120,000 VEs en el mundo, pero para 2021, estas ventas se alcanzaron en tan solo una semana, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA).
A pesar de la “fiebre del litio”, es importante mencionar que, para lograr la explotación comercial del mineral, se requiere de una inversión sostenida a mediano y largo plazo. En México, no hay yacimientos en fase de explotación de litio, de ningún tipo de extracción, sea en depósitos en salares o arcilla. Quintanar explica que el estado mexicano no tiene los recursos para hacerlo por sí solo, ni ha dado a conocer un plan estratégico para llevar a cabo esta actividad. “El Servicio Geológico Mexicano (SGM) tiene un presupuesto de alrededor de 56 millones de pesos, lo cual es casi nada, hablando de la inversión que se requiere para la exploración”.
Sin embargo, otros consideran que la intervención activa del gobierno en la administración del litio es justificable, pues “de no haber actuado, ahora nos podríamos estar enfrentando a un escenario en Sonora, donde la empresa china Ganfeng Lithium hubiera comenzado a extraer y procesar todo el litio en Asia, lo que habría dejado a México con una gran devastación y escaso beneficio económico”, asegura Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Rodríguez hace referencia al caso de Bacanora Lithium, el proyecto de minería de litio más grande del país, el cual planeaba explotar una mina a cielo abierto de 129 hectáreas. La Dirección General de Minas de México retiró las concesiones de litio a Ganfeng Lithium por no cumplir con la inversión mínima requerida. La empresa se encuentra en la pelea legal contra esta decisión, la cual podría escalar a tribunales internacionales.
La REMA ha estimado que, si las operaciones se reanudan, en un lapso de 20 años, esta actividad minera podría producir 131 millones de toneladas de desechos tóxicos y 25 millones de toneladas de residuos húmedos. Esto podría ocasionar un impacto ambiental significativo, que persistirá incluso después del cierre de la mina
La misma organización también cuestiona que la extracción del litio quede a manos del gobierno actual. En su informe ‘Explotación de Litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?‘ (2023), se explica que, cuando el gobierno nombra algo como de utilidad pública, faculta al estado para ocultar información y acelerar trámites para permisos o licencias. Durante la administración de López Obrador, menciona Isabel, se ha militarizado e impuesto acciones impositivas que podrían ser perjudiciales para las comunidades y sus bienes comunes naturales en nombre de promover “proyectos de interés nacional”.
Al respecto, ni el SGM ni Litio MX respondieron a las solicitudes de entrevista realizadas por Historias sin Fronteras.
La especulación minera
La minería es parte de la vida cotidiana de Zacatecas. Las calles con estatuas en forma de cascos o sus cerros con las huellas de la excavación o el nombre de sus equipos deportivos locales (los mineros) son algunas muestras de la importancia de esta actividad en la región.
La exploración del mineral en la región se remonta a los años 80, aunque fue en la primera década del siglo XXI cuando se intensificó el interés por su extracción, principalmente con las exploraciones iniciadas por la empresa Sutti S.A. de C.V., después por Advance Lithium y Organimax Nutient Corp./ Silver Valley Metals, así lo relata José de Jesús Parga, consultor senior en el sector minero.
Una de las áreas donde Sutti tenía concesiones era La Salada, Zacatecas, una región también conocida por sus vestigios arqueológicos. “Durante las primeras etapas de exploración, dialogamos con la población local y conseguimos un permiso de la CONAGUA para tomar algunas muestras, las cuales no causarían alteraciones significativas al medio ambiente”, comentó para Historias sin Fronteras.
El proceso de exploración de litio en el sitio consistió en la excavación de un pozo de 5 metros de profundidad, explicó Parga, seguido de la introducción de una escalera para facilitar el acceso. Posteriormente, se realizó la limpieza y muestreo de un canal de 0.20 metros de ancho, que avanza metro a metro hasta la profundidad total del pozo. Durante este proceso, cada muestra se almacenó en bolsas de plástico etiquetadas para su análisis en el laboratorio. Finalmente, se realizó una evaluación de los resultados, es decir, ¿cuánto hay?, ¿cuánto vale?, y ¿cuánto costaría sacarlo?”.
En “La Salada”, se estima la presencia de alrededor de 20 millones de toneladas de recursos, incluyendo una concentración de potasio del 4.1% y de litio de 880 partes por millón (ppm). Aunque esta cantidad de toneladas es menor comparada con las vastas reservas en lugares como el Salar de Uyuni, en Bolivia o en Puno, Perú, y a pesar de que la concentración de litio es relativamente baja en comparación con depósitos de alta calidad, que comúnmente exceden las 1,500 ppm, las empresas mantienen un interés en las exploraciones de litio en esta área no para producir, sino para especular y vender las concesiones al mejor postor.
“A veces parece un juego macabro por parte de las empresas junior. Al decir, por ejemplo, ‘hemos extraído un tramo de 10 metros con una ley de 5 kilos de oro’, la especulación resultante eleva el precio de las acciones. Este incremento permite a la empresa recaudar dinero para continuar con el proceso de exploración. Aunque pueda parecer sorprendente, es una práctica bastante común, no es secreto para nadie. El mercado de concesiones es un mercado muy especulativo”, declara Magallanes Quintanar.
Un ejemplo documentado por Colectivo Geocomunes, la REMA y el MiningWatch Canadá en el caso del litio en Zacatecas es Organimax. La empresa, que cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto – Ventura, enfrenta críticas debido a la falta de controles rigurosos de la bolsa, que ha permitido exageraciones en la declaración de reservas y, en casos graves, violaciones ambientales y de derechos humanos.
Pese a estas críticas y sin haber extraído un solo gramo de litio, de los 27 trabajos de exploración de litio registrados en el país, 22 se ubican en Zacatecas, según el Directorio de la minería 2022. “Es esencial reconocer que incluso proyectos pequeños o con limitados recursos pueden ejercer un impacto en las comunidades e intensificar fenómenos como la venta o arrendamiento de terrenos y la fragmentación dentro de la comunidad”, comenta Isabel de la REMA.
Un caso ilustrativo de las afectaciones provocadas por la promesa de la llegada del litio a México se cuenta en el reportaje “Sueños y mentiras en la fiebre del Litio”. Ante la expectativa de haber encontrado el depósito de litio más grande del mundo, los pobladores de Bacadéhuachi, Sonora, invirtieron sus ahorros en nuevas construcciones, esperanzados por la llegada de cientos de personas que trabajarían en el proyecto. Sin embargo, hasta la fecha, solo se ha construido una planta de demostración y la mina aún no ha comenzado a operar en la región.
Prevenir antes que lamentar
Núñez Rodríguez, investigadora de la UAM, advierte sobre la creación de “zonas de sacrificio”, definidas como áreas afectadas por contaminación y degradación ambiental severas, donde se priorizan las ganancias sobre el bienestar de las personas, resultando en abusos y violaciones de derechos humanos, resaltando la importancia de que se establezcan límites en la extracción de recursos estratégicos como el litio.
Para evitarlo, organizaciones sociales como la REMA o el OCMZac se están organizando y buscan declarar al territorio como “libre de minería”. “Buscamos blindar los territorios, durante cierto tiempo o si puede ser definitivo y evitar la entrada de nuevos proyectos mineros en el municipio. Nos enfocamos en prevenir estas situaciones y la forma en cómo lo hacemos es informar a las comunidades sobre las implicaciones de estas actividades, reforzando sus derechos en todo el país, para oponernos a estos proyectos y no empiecen a operar, después ya es más difícil detenerlos”.
La explotación del litio, con sus ventajas y desventajas, plantea un interrogante: ¿es realmente una estrategia para combatir la crisis climática o simplemente se están trasladando los problemas de un lugar a otro? Aunque para enfrentar el calentamiento global se requiere hacer una transición hacia fuentes de energía limpias, “la solución no puede ser simplemente explotar un recurso no renovable por otro”, explica la defensora ambiental de la REMA, Esperanza.
Tal vez la respuesta no radique en perseguir constantemente más –más recursos, más producción, mayor explotación de tierras–, sino en buscar menos: en el decrecimiento, se menciona en el libro: “Extractivismo, contaminación y luchas socioambientales en México”. Reducir el consumo, optar por productos duraderos y simplificar nuestras vidas, son algunos consejos. “Luchamos por defender nuestra vida y la de las generaciones futuras. No estamos en contra de las personas dedicadas a trabajar en la minería, sino de un sistema que amenaza nuestra existencia”, finaliza Grecia.
*Este proyecto de Historias Sin Fronteras fue desarrollado con el apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes e InquireFirst.
