GERARDO HERNÁNDEZ. EL ECONOMISTA)
Los cambios en las reglas del mundo del trabajo de los últimos años en México no se han gestionado solamente a través el Poder Legislativo. Sin tanto ruido, pero con mucho eco, la otra gran reforma del sexenio se dio en toda la estrategia para la inspección de las empresas.
“En estos cinco años hemos hecho una reforma de la inspección federal del trabajo a la altura de las reformas laborales estructurales que se han realizado en general, porque la inspección no es un fin en sí mismo, es un instrumento que tiene el gobierno para vigilar que se cumpla con la ley. Si la ley ha cambiado sustantiva y sustancialmente, la inspección tenía que estar a esa altura”, expresa Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
La reforma silenciosa inició con los convenios para el intercambio de información con las autoridades fiscales y de seguridad social. El objetivo de esto fue identificar incumplimientos y realizar inspecciones más focalizadas, en pocas palabras, visitar empresas donde ya hay una sospecha de incumplimiento.
“En la reforma de inspección lo primero que hicimos es revisar la calidad de la inspección. Lo primero fue hacerla más efectiva. En años anteriores se concretaban seis de cada 10 inspecciones; si querías hacer 60,000, tenías que salir 100,000 veces a intentarlo, porque las bases de datos no eran las adecuadas y no había vinculación con bases de datos más actualizadas como las del SAT, el IMSS o Infonavit”, explica Salafranca Vázquez.
En la práctica, la inspección se ve más fortalecida, opina Mayeli Cabral, socia del área Laboral de Chevez Ruíz Zamarripa. “Los inspectores vienen con conocimiento y mayor fuerza. Sí se ve muy diferente. Tiene su lado bueno, porque en México, previo a estas reformas, también teníamos un abuso del otro lado, de pronto había mucho incumplimiento y no se les daba a las inspecciones cierta importancia. Hoy la inspección genera que más empresas quieran cumplir”.
Para José Alberto Sánchez, socio de la firma Ferran Martínez Abogados, luego de los cambios, más que temor hay que tenerle respeto a la inspección. “La Secretaría del Trabajo ahora tiene toda la información de los centros de trabajo y, al momento de verificar, hay que estar muy apegado a la realidad.
“Hoy hay más inspecciones, más constantes. Y hemos observado que en un mismo día, y en el mismo centro de trabajo, se presentan inspecciones de las tres naturalezas, algo que antes no pasaba tanto”.
La transformación de esta herramienta de vigilancia tuvo momentos más ruidosos, uno de ellos fue la modificación del Reglamento General de Inspección del Trabajo y Aplicación de Sanciones (Regitas). Entre los cambios más importantes se encuentran la reducción de plazos para solventar incumplimientos identificados en una visita de la STPS.
Este año continuará la renovación del aparato de verificación, sin tantos reflectores, la dependencia actualizará los sistemas de Apoyo al Proceso Inspectivo (Siapi) y el de Apoyo al Procedimiento Administrativo Sancionador (Siapas), para agrupar todos los datos de las inspecciones y sanciones, los cuales podrán ser consultados al instante y facilitarán el análisis de la información.
Adicionalmente, la dependencia prevé la actualización del sistema de denuncia ciudadana. “Lo que se hará es simplificar más el proceso. Las personas podrán denunciar por la vía que deseen, desde ir con un papel físico a una oficina de la Secretaría del Trabajo hasta mandar un correo electrónico anónimo, pero ahora se dará un número de folio y se habilitará una página web para que el denunciante sepa el estatus de su denuncia”, comparte Alejandro Salafranca.
En 2024, la Secretaría del Trabajo proyecta realizar alrededor de 35,000 inspecciones, con enfoque en el trabajo infantil, formalización del empleo y subcontratación, además de finalizar el operativo de vigilancia en la industria minera.
Velavo, una alternativa
En este proceso de rediseño del modelo de inspección, la Secretaría del Trabajo también contempló una alternativa para las compañías, el programa de Verificación Laboral Voluntaria (Velavo), es un instrumento creado por la dependencia y permite a las empresas reportar a la autoridad sus niveles de cumplimiento en condiciones de trabajo, capacitación y seguridad y salud.
Las empresas que acrediten sus obligaciones en estas materias estarán exentas por un año de inspecciones ordinarias. El programa contempla visitas de asesoría sólo para constatar que las condiciones reportadas son reales y hacer correcciones, en caso de identificar una irregularidad.
Pero incluso el Velavo se ha convertido en parte importante de la estrategia de inspección. Las empresas que no se inscriben al programa también son un indicador para analizar.
Desde la perspectiva de Mayeli Cabral los cambios a la batería de inspección han abonado a un escenario de prevención en las empresas, incluso en algunas compañías ya se han creado áreas enfocadas en la identificación de riesgos. “Las empresas están buscando cómo cumplir. Estos cambios de cierta manera han hecho consciencia de que el derecho laboral también influye en un tema social y productivo”.
En eso coincide José Alberto Sánchez, pues las modificaciones y el apego de la STPS a la normativa han contribuido a un enfoque preventivo. “En los nuevos procedimientos vemos que los procesos se cierran en términos de entre seis y ocho meses, y eso hace que se materialicen las multas y que las empresas le pongan más atención al proceso y se otorgue la documentación en el plazo que otorga la dependencia”.
¿Qué se pudo hacer mejor?
Aunque la mayoría de los cambios realizados por la STPS a las inspecciones han sido positivos, los especialistas aseguran que hay áreas de mejora en aspectos como la unificación de criterios y los plazos para corregir incumplimientos.
José Alberto Sánchez, opina que, por ejemplo, los criterios para la inspección del pago del reparto de utilidades es uno de los puntos a mejorar.
“En las inspecciones de las condiciones generales de trabajo, donde se revisa lo del PTU, me parece que no hay un análisis adecuado de la figura, porque he notado confusión entre el tope y la obligación del pago del PT.
“Desde mi punto de vista, es importante una armonización entre lo que dice la Ley y la interpretación del inspector, porque hemos visto inspecciones donde se solicita que haya un pago de tres meses, cuando eso es un tope”, detalló.
En tanto, para Mayeli Cabral, un aspecto que pudo ser diferente fue el plazo para corregir irregularidades. “Creo que el reglamento debió considerar una etapa de autocorrección, precisamente porque no todas las empresas saben cómo cumplir, e ir directamente a la sanción no hace que las empresas cumplan.
“El Regitas debió considerar, como antes lo tenía, un período de autocorrección, y esto hace que algunas organizaciones se vean afectadas con multas que sí pueden ser representativas”.
