(JOSÉ CARLOS CUETO, CORRESPONSAL. BBC NEWS)
La mano dura parece ser la estrategia de moda para combatir el crimen organizado en América Latina. Es la vía que asumieron las administraciones de Nayib Bukele en El Salvador, Xiomara Castro en Honduras y Daniel Noboa en Ecuador.
Los tres gobiernos libran una guerra abierta contra el crimen aplaudida por muchos, especialmente sus ciudadanos, pero también criticada por distintas organizaciones de derechos humanos por cercenar libertades.
Por eso llama la atención cuando se producen excepciones a lo que ahora parece ser la regla, como la apertura de una posibilidad de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el grupo criminal más poderoso del país, más conocido como el Clan del Golfo.
Elizabeth Dickinson, analista del centro de estudios especializado en conflictos International Crisis Group en Colombia, atribuye este movimiento a las lecciones aprendidas por Colombia durante más de medio siglo de conflicto armado, como “que las organizaciones criminales no solo se eliminan con una respuesta militar, sino también con diálogo”, le dice a BBC Mundo.
El “acercamiento” lo planteó Petro el pasado lunes durante un discurso en Apartadó, en el Caribe antioqueño: “El que tiene el balón en la cancha es el Clan. ¿Se atreve o no se atreve? Si no se atreve ‘guerriamos’, porque la decisión es destruir el Clan. Si se atreven, abrimos las mesas de negociación”.
El EGC respondió horas después con un comunicado diciendo que “aceptaban” la invitación del presidente de “sentarse a negociar condiciones políticas” que permitan “transformaciones sociales” en las regiones donde hacen presencia.
De momento solo son palabras y las posturas de ambos actores son distantes.
El EGC pretende una negociación política y el gobierno no los considera una organización con esos fines.
Hoy ostentan un fuerte control en múltiples territorios y se le atribuyen actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, esto último negado por el grupo en su respuesta a Petro.
Sin embargo, expertas como Dickinson piensan que el gesto es “importante” para la “paz total” que pretende Petro en Colombia negociando con varios grupos armados, una política cuyos resultados siguen por verse y que con el paso del tiempo genera más dudas entre expertos y parte de la población colombiana.
Dickinson es analista sénior de ICG en Colombia desde 2019. Su trabajo se centra en las dinámicas del conflicto armado y la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas FARC de 2016.
En esta entrevista conversa con BBC Mundo sobre la importancia de incluir al EGC en las conversaciones de paz de Petro y de que el diálogo siga siendo una opción vital en la resolución del conflicto.
Estamos viendo una tendencia a la guerra abierta y la mano dura contra el crimen en América Latina, sobre todo en El Salvador, Ecuador y Honduras, pero el gobierno de Colombia insiste en mantener vías abiertas de negociación.
Colombia tiene una historia única porque ha tenido un conflicto político por más de medio siglo. Una de las lecciones que aprendió es que estos problemas no tienen solo una solución militar.
Puedes debilitar a los grupos, presionarles, crearles incentivos, pero no puedes eliminar a estas organizaciones sin algún tipo de diálogo.
Esa es la diferencia. Colombia aprendió estas lecciones durante muchas décadas y es lo que esta administración está tratando de aplicar.
Los países que experimentan esto por primera vez como Ecuador, con un enfoque de sometimiento a la ley, creo que refleja que todavía están aprendiendo a lidiar con ello y que no tuvieron una historia de conflicto como la de Colombia.
La realidad en Colombia es distinta a la de otros países, donde se trata de un fenómeno criminal y no hay historia de un conflicto político violento y con vínculos a la economía ilícita.
¿Qué tan relevante es este “acercamiento” público entre Petro y el Ejército Gaitanista (Clan del Golfo)?
Creo que es importante. Pienso que la administración de Petro está dándose cuenta de los riesgos de dejar a este grupo fuera de las negociaciones de paz.
Para los otros grandes grupos que negocian la paz con el gobierno, especialmente el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (disidencias de las Farc), el enemigo no es tanto el Estado como los gaitanistas.
Si los gaitanistas se quedan fuera del proceso de paz, estarán listos para ocupar más territorio. Eso hará imposible cualquier discusión para acabar con el conflicto y desmovilizar a los otros grupos.
¿Por qué no hemos visto un acercamiento así hasta ahora?
Desde que Petro llegó al poder, los gaitanistas mostraron interés en el diálogo.
El hecho de que Petro haya propuesto la posibilidad de negociar en la costa del Caribe también es muy importante.
En esta zona hay una fuerte presencia del EGC y las comunidades que hemos visitado allí tienen la sensación de que el gobierno ha ignorado su sufrimiento en su política de paz y estrategia para poner fin al conflicto.
¿Qué sigue?
Lo primero será entender cómo se dará un posible canal de diálogo: qué expectativas tienen los gaitanistas, qué buscan, qué les incentiva para sentarse en una mesa de negociación, qué les haría desmovilizarse.
Cualquier aproximación inicial será muy importante para entender si hay espacio para avanzar en esos diálogos.
La oferta de Petro durante su discurso fue dura y no benevolente. Sí, les abre la puerta, pero les dice que tienen que abandonar el narcotráfico y someterse al sistema legal.
Creo que esto refleja lo aprendido durante la administración de Petro sobre los incentivos reales para que estos grupos se sienten a la mesa con buena fe.
¿Cuáles serían los mayores obstáculos en cualquier negociación con el EGC?
La legalidad es un gran obstáculo. En la ley, para negociar con varios grupos armados, el actual gobierno creó dos categorías.
Una incluye a los grupos insurgentes, como el Ejército de Liberación Nacional, el Estado Mayor Central o la Segunda Marquetalia.
Otra incluye a las llamadas organizaciones criminales de alto impacto.
Esto implica que el gobierno tiene la autoridad de abrir líneas de comunicación con estos grupos, pero necesita una nueva ley del Congreso para discutir cualquier proceso de desmovilización.
Así que cualquier reducción de condena a cambio de confesiones, por ejemplo, tendrá que pasar por el Congreso. Ahora mismo no existe un marco legal que sostenga negociaciones de este tipo.
Pienso que estamos lejos de este escenario, pero nada detiene al gobierno de abrir un canal y discutir, por ejemplo, sobre mejorar las condiciones de las comunidades donde opera este grupo y reducir los niveles de violencia. Eso es posible al 100%. No hay ley que lo impida.
Unas negociaciones entre gobierno y el EGC no serían algo nuevo. El expresidente Juan Manuel Santos lo intentó en el pasado. ¿Qué cambió desde entonces?
Esas conversaciones ocurrieron en un contexto muy diferente. Había mucha más presión militar y el EGC era una organización mucho más pequeña. Entonces el gobierno intentaba desmovilizar a alrededor de 1.500 combatientes. Hoy estimamos que son entre 6.000 y 9.000.
Que exista un precedente demuestra que al menos desde el liderazgo del EGC hay interés en algún tipo de intercambio que involucraría confesiones y testimonios sobre la verdad a cambio de reducciones de sentencias judiciales y una retirada de muchos altos rangos que quieren regresar a sus vidas y familias.
Al comienzo de la administración de Petro también hubo acercamientos entre ambos grupos, pero las conversaciones fracasaron. Entre otros motivos, porque el gobierno no sintió tener un canal de comunicación con el liderazgo del EGC.
Esto será un reto para cualquier diálogo.
Con vistas al futuro, el EGC es una organización fragmentada con muchos tentáculos. Incluso si un día llegan negociaciones para desmovilizar, ¿qué garantías hay que no habrá disidencias que rechacen un acuerdo?
Cualquier proceso de desmovilización puede implicar miembros que deciden no acatar o volver a las armas.
Pienso que Colombia ha tenido una debilidad en los procesos de desmovilización: ha sido exitosa en desmovilizar altos y bajos cargos, pero no tanto con los mandos medios que frecuentemente retoman las armas.
Esto requiere nuevos incentivos y un proceso de desmovilización más robusto para evitar que esas personas regresen a la economía ilícita.
