(JOSÉ L. GARCÍA Y NAHUM ELÍAS OROCIO ALCANTARA. NEXOS)
El pasado 8 de enero, el gobierno federal decretó veinte nuevas áreas naturales protegidas (anp), con lo que la administración actual se convierte en la que más declaratorias de este tipo ha emitido.1 México cuenta con un total de 225 anp, lo que representa el 11.7 % de la superficie terrestre y el 22.4 % de la superficie marina.2 Aunque esta noticia inicialmente es alentadora, es relevante mencionar que la extensión territorial concedida a las mineras es de 11 %,3 una actividad que pone en riesgo los esfuerzos de conservación y protección de los bienes naturales.
El propósito de las ANP es conservar los ambientes originales que no han sido alterados de manera significativa por la actividad humana, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas.4 Esto con el fin de garantizar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, así como para mantener la provisión de servicios ecosistémicos a la sociedad.
A pesar de esto, la declaración de estas veinte nuevas ANP ocurre mientras otras áreas de conservación se ven sujetas a intereses de los grandes capitales. Según datos de la Secretaría de Economía y el Sistema Integral de Administración Minera, en nuestro país existen 208 proyectos mineros activos ubicados en anp.5 Esto indica que las ANP en nuestro país han quedado sujetas a intereses económicos de los grandes capitales y respaldados por la legislación mexicana, particularmente a través de “Ley Minera”, que otorga prioridad a la exploración, explotación y beneficio de minerales sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.6
Si bien durante la administración actual se han impulsado reformas a la Ley Minera (ahora, Ley de Minería) para prohibir el otorgamiento de concesiones en Áreas Naturales Protegidas (ANP), resulta contradictorio que, siendo estas herramientas para la conservación y vitales para la protección de la biodiversidad y mitigación del cambio climático, las reformas realizadas no hayan sido suficientes para cumplir con un auténtico beneficio hacia la naturaleza, ya que no se ha publicado una estrategia para cancelar los proyectos mineros que ya existen en estas áreas. Esta contradicción se agudiza al considerar que la minería es una de las actividades humanas con mayor impacto ambiental, ya que requiere grandes cantidades de agua y en sus procesos utiliza sustancias altamente tóxicas, como el cianuro, el mercurio, el cobre y el arsénico, que contaminan gravemente el suelo y el agua.7
Aunque el gobierno federal reconoce los daños causados por la minería en el país,8 no ha implementado medidas concretas para detenerla en las anp. Si bien algunas ANP permiten la extracción de bienes naturales, esta actividad sólo está autorizada en las zonas de amortiguamiento y para las comunidades locales que residían allí al momento de la creación de la anp.9 Es inaceptable que, mientras las comunidades se ajustan a los cambios en el manejo de sus territorios, derivados de este tipo de decretos, las grandes empresas los aprovechen para actuar de manera contraria al propósito de las anp. La inacción por parte de las autoridades federales podría generar en el futuro el rechazo de las poblaciones a nuevos decretos.
El extractivismo minero es sólo un ejemplo de los problemas que enfrentan las ANP en México. La problemática se agrava con la instalación de otros proyectos extractivos, como las grandes obras de infraestructura y vías de comunicación. El caso más claro de este sexenio es el Tren Maya, previamente analizado por el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (ocsa).10
Este proyecto supone atravesar la segunda mayor extensión de bosques tropicales en América y una de los mejores conservadas de la región,11 lo que afecta a trece ANP federales, ocho estatales y una municipal.12 Para ilustrar la magnitud del proyecto, un estudio realizado por la organización no gubernamental CartoCrítica13 mediante imágenes satelitales reveló que actualmente existen 10 831 hectáreas ocupadas por obras relacionadas con el Tren Maya, con un 61 % de esa área deforestada. Además, se evidenció que, en el 87 % de las zonas deforestadas por el proyecto, la tala se llevó a cabo sin la autorización requerida por la legislación ambiental para cambiar el uso de suelo forestal.
Aunque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha cuestionado la precisión de estas cifras,14 la evidencia demuestra que esta infraestructura está provocando una serie de afectaciones ecológicas, como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas acuáticos, entre otros impactos. A ello se suma un deficiente proceso de consulta a los pueblos indígenas para su construcción, la falta de transparencia y de acceso a la información y los desplazamientos forzados.15
Es indiscutible la necesidad de conservar los ecosistemas más vulnerables y representativos de nuestro territorio. Sin embargo, es fundamental reconocer que la simple declaración de un ANP no es suficiente, ya que requiere la asignación de recursos económicos y humanos para su gestión, monitoreo, vigilancia y manejo. Además, es primordial garantizar que estos recursos sean adecuados y se distribuyan de forma justa y equitativa.
En México, a diferencia de otros países, las ANP están habitadas por un número significativo de comunidades campesinas y pueblos indígenas, quienes históricamente han jugado un papel muy destacado en la conservación de estas áreas, aunque la mayoría enfrentan altos niveles de marginación social.16 Esta situación los coloca en un desequilibrio de poder entre quienes protegen el territorio y aquellos que invierten capital.
El compromiso con la conservación y preservación del medio ambiente demanda acciones concretas y decididas, como reevaluar la prioridad otorgada a la minería en la búsqueda del “desarrollo” nacional. Las experiencias locales sobre el impacto y degradación ambiental de esta actividad son ampliamente documentadas, como el desastroso derrame en el río Sonora, considerado el peor incidente ambiental en la historia de la minería metálica en nuestro país.
El enfrentamiento con las prácticas extractivas y, especialmente, con la minería, es una tarea compleja que va más allá de simplemente declarar el “fin del neoliberalismo”. Requiere un compromiso mayor por parte de la administración actual y futuras, así como la participación activa de la sociedad para exigir una protección real del medioambiente que permita la continuidad de nuestra existencia en el planeta. Esto implica reconocer que el enemigo está más allá de las fronteras nacionales y que se trata de un “capitalismo caníbal”.17
Invitamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas: ¿qué motiva la declaración de estas nuevas anp? ¿Realmente persiguen la conservación, o son distracción para desviar la atención de la profunda degradación ambiental causada por megaproyectos como el Tren Maya en nuestro país?
Garantizar la verdadera protección del patrimonio biocultural que poseemos, mientras se asegura la justicia social y se respeta los derechos de todas las personas involucradas en su cuidado, es una primera tarea.
Ilustración: Izak Peón
José L. García
Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Nahum E. Orocio Alcantara
Asistente del Programa Universitario para la Sustentabilidad y colaborador del Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
1 Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 2024.
2 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Áreas Naturales Protegidas decretadas, enero de 2024.
3 Miranda, J. C. La décima parte del territorio es destinada a la explotación minera. La Jornada, 2017.
4 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Áreas Naturales Protegidas, 8 de mayo de 2023.
5 Reyna-Rojas, M. A., Saldaña-Fernández, C., García-Flores, A., Monroy-Ortiz, C., Valenzuela-Aguilera, A., y Valenzuela-Galván, D., El panorama actual de las Áreas Naturales Protegidas (anp) de México. Ecosistemas. Revista Científica de Ecología y Medio Ambiente, 30(1), 2021
6 Ley Minera. Última Reforma, Diario Oficial de la Federación, 11 de agosto de 2014.
7 Chacón, G., Las Áreas Naturales Protegidas y… Explotadas en México. Wildlands Network, 30 de enero de 2020.
8 López-Obrador, A. M., Gobierno llama a Calica a frenar extracción mineral en Quintana Roo. Conferencia presidente amlo. Youtube, 16 de junio de 2022.
9 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Última Reforma, Diario Oficial de la Federación, 24 de enero de 2024.
10 El ocsa es una herramienta que documenta y analiza la conflictividad socioambiental que detonan los megaproyectos extractivos en el territorio mexicano. Para más información, consulte https://ocsa.ibero.mx/
11 Presidencia de la República, Calakmul: cultura y naturaleza reconocida por la Unesco, 4 de agosto de 2014.
12 Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Todo lo que tienes que saber sobre el Tren Maya, 2018.
13 CartoCrítica, Investigación, Mapas y Datos para la Sociedad Civil. Tren Maya: Análisis de la deforestación y gestión forestal, 2 de agosto de 2023.
14 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat observa inconsistencias en datos presentados sobre cobertura forestal en la ruta del Tren Maya, 2 de agosto de 2023.
15 Virrueta, A. L., y Sandoval, D., Próxima estación: la resistencia no ha sido obstáculo para la “transformación”. Prensa y multimedios Universidad Iberoamericana Ciudad de México, 29 de agosto de 2023.
16 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 2020-2024, 2020.
17 Fraser, N., Capitalismo Caníbal. Qué hacer con este sistema que devora la democracia y el planeta, y hasta pone en peligro su propia existencia, Siglo XXI Editores, 2023.