El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dio a conocer a su comunidad que no podrá cumplir con los pagos de docentes y personal administrativo que son parte de esta comunidad debido a que quedaron suspendidas las contrataciones de cualquier tipo.
En un primer comunicado que fue eliminado de la plataforma oficial el mismo día de su publicación –21 de agosto– se daba a conocer la noticia y se especificaba que esta situación se presentaba porque algunas divisiones no pudieron completar los trámites de contratación antes de la fecha indicada en el oficio de la Secretaría de Hacienda, mismo que se recibió el 15 de agosto de 2024.
El comunicado firmado por su director, José Antonio Romero Tellaeche, planteaba además dos posibles vías de acción:
- Primero, que los profesores de planta asumieran la responsabilidad de los cursos afectados.
- La segunda, una colaboración pro bono para los profesores de asignatura.
“Solicitamos a los profesores de tiempo completo que, en la medida de lo posible, asuman la responsabilidad de impartir los cursos que se vean afectados por esta situación. Sabemos que esta es una petición que requiere un esfuerzo adicional, pero confiamos en el compromiso y la solidaridad de nuestro cuerpo docente”.
“(…)Reconocemos el valor y la importancia de los profesores de asignatura en nuestra institución. Por ello, les pedimos que, quienes puedan, consideren la posibilidad de continuar participando en las actividades académicas de manera pro bono durante este semestre. Sabemos que es una solicitud extraordinaria y, estamos profundamente agradecidos con aquellos que puedan apoyar en este momento crítico”, se lee en el documento.
Este 22 de agosto se emitió un segundo comunicado al respecto “con información adicional”, pues la institución aseguró que algunos puntos fueron interpretados incorrectamente por algunos medios. El nuevo comunicado explica que solicitaron el apoyo de los maestros de planta para que asuman la impartición de cursos adicionales a los que originalmente se les había asignado, pero que “todos los cursos adicionales que sean impartidos por los profesores de tiempo completo serán debidamente remunerados mediante los estímulos correspondientes” y que “bajo ninguna circunstancia se les está pidiendo que renuncien a sus estímulos por la enseñanza de estos cursos adicionales”.
Agrega que las medidas que se buscan implementar no afectan los derechos laborales de los profesores que fueron contratados previo al 15 de agosto, fecha en que la SHCP emitió el oficio.
Tiempos de ajuste
El director de la institución nuevamente pidió comprensión a la comunidad en lo que él llama “tiempos de ajuste”, sin embargo, cabe recordar que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2023 ya había denunciado que el CIDE opera bajo un esquema administrativo deficiente que ha impedido que los recursos de la institución sean invertidos correctamente para generar mejores rendimientos.
El ente fiscalizador explicada que en el reporte de cuenta pública 2022 “El CIDE careció de una estrategia financiera y de los lineamientos para la inversión de disponibilidades financieras, que le permitieran invertir en las mejores condiciones de riesgo y rendimiento sus disponibilidades financieras, lo que provocó que 205 millones 345 mil pesos no generaran rendimientos o intereses durante el periodo de enero a noviembre de 2022”.
También se dio a conocer que hubo ingresos fiscales que no se ejercieron al corte del 31 de diciembre de 2022, y en este caso las autoridades del CIDE no solo reintegraron los recursos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) el monto equivalentes a 12 millones 712,000 pesos, con fecha del 17 de abril de 2023, es decir, extemporáneamente, sino que no depositaron los rendimientos financieros generados.
En la auditoría con número 2022-2-3890M-19-0030-2023, también se encontraron deficiencias en el manejo de las diversas cuentas bancarias, por ejemplo, falta de contratos con las instituciones bancarias; tampoco se tuvo una estructura orgánica autorizada y registrada, ya que hasta diciembre se iniciaron los trámites para regularizar movimientos desde 2014 a 2022, lo que evidencia acciones extemporáneas.
En su conclusión la Auditoría explicaba que “Se careció de la protocolización e inscripción en el Registro Público de la Propiedad de su Estatuto General; no se evidenció la modificación de su acta constitutiva, por la adición de un asociado, ni se difundieron el Manual de Organización ni los Lineamientos que regulan el uso y Destino de los Recursos Autogenerados en el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación”, por ello, se giraron oficios para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control del CIDE y de las autoridades recaudatorias.
El CIDE además ha estado expuesto a una serie de irregularidades, desde las circunstancias en que su director actual asumió el cargo, hasta la forma en que la actual directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) ha asegurado que durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el CIDE desvió recursos a través de distintos fideicomisos y acusó directamente al exdirector del CIDE, Sergio Eayón, así como a la académica María Amparo Casar, de estar involucrados en una red de corrupción e intereses, todo ello sin otorgar pruebas públicas, por ello la Asamblea Académica exigió en su momento a María Elena Álvarez-Buylla Roces, parar con el hostigamiento e intimidación en contra de la comunidad de esta institución.
“Exigimos a la doctora María Elena Álvarez-Buylla que cese el hostigamiento sistemático que ha promovido por la vía penal, administrativa y de comunicación social en contra del CIDE y su comunidad”, expresaban. Hoy nuevamente el Centro de Investigación se encuentra envuelto en un conflicto que preocupa a la comunidad académica y la operatividad de esta institución.
