(JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH. NÚMERO CERO. EXCÉLSIOR)
La reforma a la justicia es un viaje a la dimensión desconocida de un vuelo sin retorno, salvo que se detenga en el Senado. La reestructuración constitucional es inédita porque no hay otra experiencia en el mundo de cambio tan profundo y acelerado en los cimientos del sistema político y en colisión directa con los órganos judiciales.
Es “única en el mundo”, exclamó Ricardo Monreal al aprobarse en el Congreso, ¡y con razón! En ningún país con voto popular en el Poder Judicial incluye la totalidad de ministros, magistrados y jueces como se quiere aquí. El adjetivo “inédito” remite a innovación, pero también el prefijo “in” de su etimología es sinónimo de “sin” y “no” conocido ni probado. El país necesita una reforma, pero la preocupación es que ésta “no” sirva para mejorar el acceso a la justicia y abatir la impunidad del 98% del delito.
Más allá de semántica, ese temor no sólo alimenta las resistencias y alarma de opositores, también permea en legisladores de Morena, aunque están obligados a votar en bloque. Por ejemplo, Sheinbaum dijo en un tuit que en 43 de los 50 estados de EU se elige a jueces por voto popular, en respuesta a las críticas del embajador Ken Salazar a la reforma. Pero usar información relevante para gritar “tierra firme” resultó un mensaje ingrato por omitir que sólo se hace a nivel estatal; en ningún caso abarca a tribunales federales ni la Corte, donde se juzgan delitos de mayor impacto, como narcotráfico, reformas constitucionales (aborto), energía o telecomunicaciones.
En cambio, la reforma en México quiere que todos los togados se vean la cara con los electores, aunque la gente no los conozca. Ése es un problema en Bolivia, porque la elección de jueces apenas supera un 10% de participación y el porcentaje de votos nulos es mayor que los efectivos. Esas experiencias abren serias dudas sobre esa vía para legitimar y dar más independencia al Poder Judicial. Por el contrario, en el caso de EU, enseñan el riesgo de la injerencia del poder económico; en Bolivia, la politización de la justicia y, aquí, abrir espacio al crimen.
Para la mayoría de los mexicanos también es una incógnita. Sheinbaum dijo que el 53% no la conoce, cuando pidió una amplia discusión para la reforma hace dos meses, y un 41% hoy ignora de qué se trata, según un sondeo de El Financiero. Quizá por ello la protesta del Poder Judicial, las presiones de EU y los mercados financieros no derivan en un sentimiento de emergencia social, a pesar de que en el país crece la litigiosidad con recursos y técnicas legales que controlan los jueces. La Corte es un contrapoder mayoritario alejado de la gente, lo que explica el avance sobre las resistencias.
La esperanza de la reforma es que el voto popular acabe con la corrupción en la justicia, junto a la creación de tribunales disciplinarios contra privilegios e influyentismo en la judicatura. Nadie puede negar que son tres de sus grandes males, pero la iniciativa tiene más que ver con reestructurar el aparato judicial que con la misma justicia. Una distinción que tampoco se refleja en la órbita del debate público, donde se acentúa el discurso político de la defensa de la división de poderes frente a la idea de liberar a la justicia de intereses económicos que la usan, incluso, para atacar al poder público.
Pero se dice o piensa poco de lo que representará implementar una reforma “única” para elegir 1,660 juzgadores a contrapelo de la Judicatura, paralizada por la protesta. El gobierno cree que bajará la presión de ellos, de sus socios comerciales y de los mercados, pero la inestabilidad política y la sanción económica pueden ser algo más que daños colaterales; hasta ahora, no ha logrado convencer de que la reforma no debilitará la justicia y de que saben cómo hacerla funcionar a marchas forzadas.
A quien tocará conducir esta nave es a Sheinbaum, que tendrá todo el foco de la presión de EU para atenuar la reforma. Desde ahora trata de abrirse margen de maniobra con sus operadores en el Senado para poder manejarla con las leyes secundarias. Pero los riesgos para su gobierno son enormes si no logra convencer de que es una buena regulación para proteger la inversión y el comercio, pues de eso depende, nada más ni menos, que el éxito del viaje a lo desconocido.
