(ESTHER ARZATE. FORBES MÉXICO)
La iniciativa para prohibir la minería a cielo abierto fue aprobada por la Comisión de puntos constitucionales de la Cámara de diputados, donde también aprobaron prohibir el fracking para la extracción de hidrocarburos. Ambas siguen en revisión.
En esa prisa que tienen por aprobar todo, aunque no conozcan, no entiendan o no dimensionen las repercusiones, los legisladores volvieron a autorizar dislates.
Para corregirlos, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció en su conferencia matutina que ciertos sectores requieren insumos de minas a cielo abierto, entre ellas, las minas para producir cemento y todos los minerales petróleo para la construcción.
Además, habló de la nacionalización, en el sexenio pasado, de Exportadora de Sal, empresa que tiene la mina de sal más grande del mundo, y que se considera como una mina a cielo abierto, contraviniendo la iniciativa mencionada; por ello, dijo que la propuesta debe ser revisada, priorizando el cuidado del medio ambiente y el desarrollo nacional.
Por otra parte, hay que mencionar el tema de la explotación del litio, mineral considerado por el anterior mandatario como propiedad de la nación, “del pueblo de México”, bajo el argumento de una exploración y explotación responsable. Esta última, si, adivinó usted, se explota en minas a cielo abierto.
Las modificaciones a la Ley de Minería acabaron reservando la tarea de la exploración y explotación del litio al Servicio Geológico Mexicano (SGM). Y pese a la aparente buena intención nacionalista, el SGM no cuenta con el presupuesto ni equipo suficiente para dar resultados satisfactorios.
Basta recordar que el SGM recibió para el periodo 2021-2022 un presupuesto de 55.2 millones de pesos para determinar en dónde hay litio en territorio mexicano; sin duda, un presupuesto y un plazo insuficientes, por eso buscarán que Petróleos Mexicanos lo ayude en ese cometido, pero cómo podrá hacerlo si los diputados de la mencionada Comisión lo prohibieron. Menos mal que tiene que pasar por la aprobación del Senado de la República.
Un tema adicional abordado por la presidenta Sheinbaum fue la decisión inamovible de no permitir en México el uso de fracking o fracturamiento hidráulico para extraer hidrocarburos, especialmente el gas natural.
Esta decisión, igual que en el tema del litio, condena a México a la dependencia del gas natural estadounidense, del cual el país importó, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, 5 mil 894 millones de pies cúbicos diarios en el periodo que va de enero y marzo de este año; y la demanda sigue incrementándose.
Cabe preguntarse si la misma disposición de la presidenta para revisar el caso de la prohibición de la minería a cielo abierto podría aplicarse también al fracking, considerando que uno de los factores prioritarios que ella misma mencionó es el desarrollo nacional.
Por lo pronto, el Congreso de la Unión ya aprobó destinar 12 mil 364 millones de pesos en 2025 para cuatro proyectos en los que se utiliza la técnica del fracking para cuatro proyectos que están en marcha: Aceite Terciario del Golfo con un presupuesto de 2 mil 423 millones de pesos, Burgos con 2 mil 266 millones, Proyecto Integral Veracruz con 7 mil 420 millones, y el Contrato para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos (CEE) Miquetla con 256 millones”.
Prohibir el fracking es seguir condenando a México a depender de las importaciones de gas natural procedente de Estados Unidos, donde esa técnica haya permitido convertir a ese país en superavitario y generar empleos.
