(DARIO CELIS. EL HERALDO DE MÉXICO)
LA ESTRATEGIA DE Estados Unidos hacia México no es reactiva, sino profundamente estructurada. Ha estado centrada en frenar el narcotráfico, con énfasis particular en el fentanilo, en combatir de forma frontal a los cárteles y controlar los flujos financieros provenientes del crimen organizado.
Esa táctica también ha implicado la desarticulación de estructuras políticas y privadas que funcionan como vehículos para estas redes criminales.
Asimismo, el férreo control de la migración irregular y de las remesas, sectores donde el Departamento de Estado que lleva Marco Rubio ha identificado una creciente presencia del crimen organizado. El objetivo de la administración de Donald Trump ha sido uno: proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos y económicos de las empresas estadounidenses en nuestro país.
La Casa Blanca ya trazó una hoja de ruta con la que pretende enfrentar y aumentar la “Lista Viva” de redes criminales transnacionales y combatir la corrupción institucional de otros gobiernos y empresas.
El 9 de junio, el Departamento de Justicia, de Pam Bondi, publicó la nueva directriz sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la herramienta de la orden ejecutiva 14209 firmada por Trump.
En ésta, el Memorándum instruye a los fiscales federales a priorizar casos con tres características centrales: a) vínculo directo con operaciones de cárteles, b) con perjuicio específico a empresas o ciudadanos estadounidenses, y c) corrupción relacionada con activos clave como puertos, energía, transporte e infraestructura crítica.
El Memorándum contiene la arquitectura legal que justifica acciones directas en sectores específicos en México:
1.- Sector político: La aplicación extraterritorial de la FCPA podría alcanzar a actores vinculados directa o indirectamente con redes de financiamiento ilícito.
Esto incluye no sólo a funcionarios en activo, sino también a exfuncionarios con nexos identificables con cárteles o empresas pantalla.
En particular, se prevé que figuras asociadas al partido Morena, liderado por Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, así como al gobierno federal y gobiernos estatales con historial de corrupción o colusión criminal, sean blanco de investigaciones o sanciones.
La “Lista Viva”, que otros en su momento denominaron la “Lista Marco”, se convierte ahora en una plataforma operativa.
2.- Empresas y contratistas: Compañías que hayan participado en licitaciones públicas, especialmente en sectores como infraestructura, energía y transporte, y que hayan generado una desventaja estratégica a las empresas de Estados Unidos, serán objeto de escrutinio.
Desde el gobierno de Joe Biden, y así lo expresó en su momento el entonces embajador Ken Salazar, Washington había puesto el foco en las secretarías de Marina, que llevaba José Rafael Ojeda Durán, pero sobre todo en la Defensa, que está al mando de Luis Cresencio Sandoval, por compras de equipos de origen chino.
Cualquier indicio de soborno a funcionarios mexicanos o uso de empresas fantasma puede detonar procesos bajo la FCPA, incluso si éstos ocurrieron fuera de la Unión Americana.
La exposición jurídica de estas empresas crece significativamente, sobre todo, si tienen socios o proveedores en territorio estadounidense.
3.- Sistema financiero y bancario: El control sobre flujos financieros ilícitos abre la puerta a una presión creciente sobre bancos, fintechs y operadores de transferencias de dinero en México.
El Departamento del Tesoro, que está a cargo de Scott Bessent, podría solicitar auditorías cruzadas y solicitudes de colaboración para identificar, por ejemplo, beneficiarios finales de remesas que puedan estar ligadas al lavado de dinero o financiamiento del crimen organizado.
Esto no sólo pondrá en alerta a entidades financieras, sino que podría afectar a comunidades enteras que dependen de estas transferencias.
4. Relaciones diplomáticas: Aunque no se enmarque oficialmente como una intervención, el uso extraterritorial de la FCPA debilita el principio de la soberanía jurídica. La falta de mediación diplomática en los procesos puede escalar tensiones bilaterales, específicamente, si actores políticos mexicanos interpretan estas acciones como persecución o desestabilización.
En ese sentido, la estrategia se mueve con eficacia operativa, pero con alto costo político para la relación bilateral.
