(DARIO CELIS. EL HERALDO DE MÉXICO)
EL GOBIERNO DE la presidenta Claudia Sheinbaum parece haber tomado la decisión de aplicar lo que hace años atrás nadie se ha atrevido a hacer: un “Pemexproa”.
Desde hace meses la opción para remediar de raíz la crisis financiera y operativa de Pemex ha estado en la mesa. Rogelio Ramírez de la O nunca se arriesgó a convertir la deuda de Pemex en deuda pública.
Y es que hacerlo sin el consenso de las calificadoras y con el respaldo de bancos y operadores de fondos, principales tenedores de los bonos de la petrolera, el efecto puede ser contraproducente.
Si bien el costo financiero bajaría significativamente rápido, las tasas de interés podrían dispararse y la deuda soberana y el déficit fiscal elevarse, si no se acompaña de un plan sostenible y eficaz.
Sin embargo, los secretarios de Hacienda, Edgar Amador, y de Energía, Luz Elena González, salieron el jueves pasado de una reunión en Palacio Nacional con esa instrucción: aplicar el “Pemexproa”.
Dado que Pemex no tiene cómo salir, Hacienda tendrá que asumir buena parte de su deuda. “Es la última oportunidad para que la empresa dé luz a mejores resultados”.
La mandataria urgió a Amador Zamora y a González Escobar a elaborar un plan de negocios en Pemex totalmente nuevo, en el cual no participará su actual director, Víctor Rodríguez Padilla.
El gobierno absorbería 50 mil millones de dólares de los 101 mil millones, bajando la tasa de golpe de 12 puntos que el mercado paga por el papel de Pemex a cerca de 4, que paga por el papel de deuda pública.
En el mercado hay, cuando menos, 120 mil millones de dólares de bonos de Pemex que requerirían ser recomprados en una estrategia que no se antoja fácil, sobre todo si no existe un plan previo.
Fitch Ratings, que lleva Carlos Fiorillo; Standard & Poor´s, al mando de María Consuelo Pérez Cavallazi, y Moody´s que dirige Carlos Díaz pueden castigar la deuda si el gobierno no procede con cautela.
Convertir a deuda pública alrededor de 50% de la deuda financiera de Pemex tendría que venir acompañada de otras decisiones igualmente de fondo, como parece ser se ha animado a hacer Sheinbaum.
Una podría ser el inicio de la eliminación de la carga financiera que implica un vetusto, ineficaz y oneroso sistema de refinación que le cuesta al país más de 600 mil millones de pesos al año.
Esa propuesta también ha estado en la mesa de las Secretarías de Hacienda y de Energía desde hace muchos meses atrás, sin que nadie del gobierno de la 4T tampoco se atreva a dar el primer paso hacia adelante.
¿Habrá llegado ya el momento?
