(JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH. EXCÉLSIOR)
El gobierno de continuidad de Claudia Sheinbaum ha profundizado en su primer año las reformas pendientes de López Obrador y las suyas con la aplanadora de Morena en el Congreso. Para las instituciones de seguridad y justicia se abre un ciclo de transformaciones de gran calado con la aprobación de leyes muy polémicas por sus inciertos alcances y límites, pero redituables políticamente si tienen éxito.
La luz verde del Congreso al plan maestro de seguridad de Sheinbaum es un paso transcendental que modelará el rostro del Estado mexicano en las próximas décadas, con nuevas leyes que le dan enormes poderes para combatir el crimen con mayores facultades de investigación y digitalización de datos contra la delincuencia; aunque sin convencer de las líneas reales que separan de la protección de los derechos humanos y controles democráticos con los cuales evitar abusos.PauseUnmute
La oposición ha criticado amargamente las reformas como el advenimiento de un “Estado espía” y advertido que se usarán para vigilar a los ciudadanos como delincuentes, aunque con algunos de sus votos han asentido su tránsito exprés en el periodo extraordinario.
Otra vez han convertido el debate de las reformas en un espacio de confrontación estéril en el que la falta de argumentación política se envuelve en diatribas morales o en acusar su debilidad por la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso; o bien, simplemente por recortar a Sheinbaum réditos de su política interna contra la violencia.
Pero lo cierto es que la nueva arquitectura institucional modificará la relación gobierno-sociedad a favor del primero con muchas más facultades de identificación y vigilancia contra el crimen. Ante ello, lo preocupante es la reducción del debate al rechazo a la tecnología de bases de datos, geolocalización o biométricos en seguridad y, al mismo tiempo, exigir soluciones a la violencia o limitar el reclamo a la opinión pública; no es lógico creer que puede enfrentar las redes complejas del crimen sin inteligencia e instrumentos tecnológicos a los que recurren las democracias, aunque tampoco aceptar leyes ambiguas o imprecisas que abran la puerta a la invasión privada o al espionaje.
Las leyes más polémicas del periodo son las que articulan la estrategia de seguridad de Sheinbaum: la de la Guardia Nacional, que consuma su integración al Ejército y le otorga nuevas facultades para investigar delitos del fuero común a solicitud de estados y municipios; esto abre camino hacia una policía nacional que acabe por sustituir a las locales; la llamada Ley Harfuch, que liderazgos de Morena en el Congreso detenían por la rentabilidad que ofrecen los enormes poderes de investigación e inteligencia al “superpolicía” de Sheinbaum; de desapariciones de personas con el acceso a datos biométricos a través de la CURP y la de Telecomunicaciones o Ley Censura por proponer el bloqueo de plataformas y mayor vigilancia a las comunicaciones en la red, sin precisar la condición de la autorización judicial, como se estableció finalmente.
De cualquier forma, los riesgos a la privacidad son reales. Tanto como desatendidos por la fuerza de una mayoría que no transige con otros razonamientos que desafíen su lógica o les reste ganancias políticas; y una postura de tonos morales que ve todo acceso del Estado a ellos como autoritarismo. Cuando, además, varias de las reformas sumaron votos opositores. Ahí es donde hacen corto circuito los discursos de alerta sobre el surgimiento de un Big Brother del Bienestar con la realidad y las alianzas políticas. En apariencia contradictoria, tampoco es extraño que la oposición encienda el Congreso con retórica de confrontación y, en los hechos, avale reformas contra la inseguridad, a pesar de dictámenes aprobados sin dejar huella de acuerdos, por la vía rápida y sin siquiera leerse.
Pero no es inédito que entre las filas de la oposición se apoye legalizar mayor vigilancia contra el crimen, como ha ocurrido cuando ocuparon el poder o en la creación de la Guardia Nacional, aunque, en el discurso, exalten el temor a que se presten a la persecución o censura de opositores políticos.
Tampoco es por su debilitamiento o sumisión, sino por concordar o convenir con un modelo de seguridad similar de los últimos tres gobiernos. Sheinbaum rechaza que vaya a usarse para espionaje o censura, pero sin convencer de los controles para evitar el uso político o discrecional de las nuevas capacidades tecnológicas. Pero lo que sí es claro es que ahora tendrá todas las herramientas legales contra la violencia y ya no habrá pretexto para fallar.
