(JORGE CAMARGO. EXCE´LSIOR)
El reporte 2025 sobre el Clima de Inversión en México del Departamento de Estado de Estados Unidos presenta una advertencia clara: las recientes reformas constitucionales y la Ley de Amparo amenazan con deteriorar el entorno de negocios, socavar la independencia institucional y minar los compromisos asumidos en el T-MEC.
El informe señala con preocupación las implicaciones negativas de la reforma judicial, la politización de los jueces laborales y la eliminación de organismos autónomos, todo lo cual compromete la certidumbre jurídica y la confianza de los inversionistas.
La reforma judicial es para Estados Unidos, Canadá, las inversiones y las calificadoras una amenaza directa al equilibrio de Poderes, y así se vuelve a poner sobre la mesa. Era una estrategia simplista pensar que habría de pasar inadvertida por Trump, recubriéndola de un acto soberano.
El nuevo esquema debilita la imparcialidad judicial al exponer a los juzgadores a intereses electorales, diluyendo la profesionalización que garantiza decisiones técnicas y objetivas.
Esta estructura vinculada a Morena afecta el principio de independencia judicial, que es piedra angular del Estado de derecho y condición indispensable para la protección efectiva de las inversiones extranjeras.
La situación es particularmente crítica en el ámbito laboral. En cumplimiento del Anexo 23-A del T-MEC, México reformó en 2019 su sistema de justicia laboral, creando tribunales independientes que sustituyeron a las juntas de conciliación y arbitraje. La finalidad era asegurar un entorno de negociación colectiva justo y equilibrado. Sin embargo, la reforma judicial de 2024 impone la elección popular de jueces laborales, lo que politiza su función y erosiona el modelo profesional que el tratado exige.
La integridad de estos jueces es fundamental para el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC y su exposición a presiones electorales podría traducirse en fallos sesgados o ineficaces. En otras palabras, las conquistas institucionales logradas con apoyo técnico y financiero del tratado quedaron desmanteladas por este gobierno.
EU no puede ignorar que buena parte de los juzgadores federales que permanecen en funciones hoy constituye el último soporte funcional del sistema judicial. Reemplazarlos en 2027, como está programado, mediante el mismo mecanismo de elección popular, colapsará el aparato jurisdiccional.
El reemplazo masivo no debe ocurrir. Para no paralizar el servicio de justicia, estos juzgadores deben permanecer en sus cargos bajo el riguroso sistema de evaluaciones que ha existido. La elección de la mitad de los juzgadores que hoy garantizan la operatividad del sistema federal es una apuesta que México no puede permitirse.
El reporte también alerta sobre la desaparición de organismos autónomos, oficializada en 2024. Siete instituciones clave como el IFT, Cofece e Inai fueron eliminadas con el pretexto de eficiencia, transfiriendo sus funciones al Ejecutivo y debilitando la regulación independiente. Este vacío institucional envía una fuerte señal de alerta a los mercados.
En sectores donde el arbitraje regulatorio es fundamental, la falta de autonomía genera condiciones de incertidumbre, riesgo de trato discriminatorio y deterioro de la competencia, todo en abierta contradicción con los principios del T-MEC.
Hay que valorar el reporte del Departamento de Estado. El clima de inversión en México no se define sólo por estándares macroeconómicos; depende, sobre todo, de la existencia de un sistema legal confiable, predecible y autónomo.
Las reformas impulsadas por Morena han quebrado el equilibrio institucional y sitúan a México en una posición vulnerable ante sus socios del T-MEC. Para evitar un deterioro mayor en la confianza empresarial, el gobierno debe detener la elección de jueces por voto popular y revertir la reforma a la Ley de Amparo, que asesta un golpe definitivo a la certidumbre jurídica.
