(ITZEL MORALES LAGUNES. EXCÉLSIOR)
La trigésima Conferencia de las Partes (COP30), celebrada en Belém, Brasil, marcó un momento de profunda ambivalencia para el movimiento climático global. Vemos con satisfacción cómo la sociedad civil, especialmente la del Sur Global, ha logrado victorias significativas que colocaron temas clave en la arquitectura institucional de la acción climática. Por otro lado, persisten brechas en materia de financiamiento y compromisos vinculantes que limitan la velocidad de la transición urgente que exige el Acuerdo de París.Play Video
En The Climate Reality Project América Latina, celebramos un avance político fundamental que sitúa la justicia en el centro de la acción climática: la creación de un nuevo mecanismo en el marco del Programa de Trabajo de Transición Justa (JTWP). Este logro, impulsado por la sociedad civil organizada y respaldado por redes como CANLA, es crucial. La Transición Justa es el corazón de la implementación del Acuerdo de París. Al colocar los derechos laborales, la inclusión social y la participación comunitaria como ejes centrales, se sienta una base firme para que el cambio de modelo energético sea equitativo y no deje a nadie atrás. La justicia social y la ambiental deben ser inseparables.
Sin embargo, un mecanismo de transición justa sin financiamiento adecuado y sin una hoja de ruta vinculante para abandonar los combustibles fósiles, principal causa de la crisis climática, corre el riesgo de ser una victoria simbólica.
El resultado final de la COP30 refleja la tensión que define hoy la política climática internacional. No sólo el documento final eludió una mención clara y contundente a los combustibles fósiles, el principal motor del cambio climático, sino que tampoco logró consolidar un compromiso de financiamiento coherente con las necesidades identificadas por la ciencia, a pesar de la obligación establecida en el Artículo 9.1 del Acuerdo de París.
Mientras se discute la eliminación gradual del petróleo, el gas y el carbón, varios países con mayor responsabilidad histórica continúan aprobando nuevos desarrollos fósiles, al tiempo que comunidades enfrentan los impactos más devastadores de una crisis de la que no son responsables. Las necesidades de adaptación se estiman en al menos 300 mil millones de dólares anuales, pero los flujos disponibles siguen siendo insuficientes.
Una transición justa real requiere que quienes amasaron su fortuna histórica y actual con los combustibles fósiles actúen primero y con mayor rapidez. Esto implica proporcionar financiación en forma de subvenciones, no préstamos, para que los países más vulnerables, que ya están ahogados por la deuda, no tengan que elegir entre el desarrollo y la supervivencia. Triplicar la financiación para la adaptación hacia 2035, sin detalles, garantías o ambición real, es un intento de patear el problema al futuro.
La ausencia de una hoja de ruta vinculante para la salida del petróleo, el gas fósil y el carbón evidencia una oportunidad pendiente para la comunidad internacional. Las iniciativas anunciadas por la Presidencia para detener la deforestación y abandonar los fósiles son valiosas, pero no tienen aún mandato formal. No podemos permitir que la Amazonía y otros ecosistemas estratégicos sigan amenazados por la exploración y explotación de combustibles fósiles. Reafirmamos que declarar a la Amazonía zona de exclusión fósil es un paso estratégico para la región y el planeta.
Nos alienta ver que naciones en la región mantienen una postura firme y orientada a la ciencia. El liderazgo de países como Colombia, al insistir en que el acuerdo reconozca el papel de los fósiles como causa principal de la crisis e impulsar una hoja de ruta para su eliminación progresiva, envía un mensaje ineludible: sin enfrentar a los combustibles fósiles, no hay camino posible hacia el 1.5 °C.
La COP30 deja claro que, aunque existen avances en la arquitectura de la transición justa, aún falta convertirlos en compromisos cuantificables, financiados y verificables. En The Climate Reality Project América Latina reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo el rol de la sociedad civil para que estos mecanismos se implementen con la ambición y coherencia que exige el momento actual.
