(ENRIQUE HERNÁNDEZ. FORBES MÉXICO)
El Consejo de Empresas Globales (CEG) pidió que haya flexibilidad y pueda ser revisado el cobro de aranceles a las importaciones de China, India, Corea del Sur, Tailandia, Rusia, Turquía y otros países.
“La eficacia de la política arancelaria dependerá de una implementación inteligente, flexible y revisable, que tome en cuenta la diversidad del aparato productivo nacional y la dinámica de los mercados internacionales”, comentó el organismo dirigido por Manuel Bravo Pereyra.
Dijo que las medidas deben ser acompañadas por mecanismos de adecuación, como esquemas de excepción para insumos críticos y bienes intermedios estratégicos, así como de otros instrumentos administrativos que permitan ajustes ágiles y revisiones periódicas basadas en evidencia, con el objetivo de corregir distorsiones y evitar ineficiencias en las cadenas de suministro.
Según el órgano empresarial, será clave considerar de manera continua la disponibilidad de producción nacional y su efecto en cadenas de valor y exportaciones.
También se deben analizar los efectos en costos, precios al consumidor y decisiones de inversión.
Se debe estar al pendiente de la capacidad operativa para una implementación eficiente y predecible, incluyendo criterios arancelarios y aduaneros, señaló.
El ente privado reconoció los objetivos de las modificaciones a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE).
Recordó que la imposición de aranceles está orientada a combatir prácticas desleales de comercio internacional y a avanzar hacia un entorno productivo más equilibrado.
La medida arancelaria da condiciones de competencia equitativas para las empresas que producen, invierten y generan empleo en el país, expresó.
Indicó que la imposición de aranceles a países con los que México no tiene tratados comerciales se da en un contexto global marcado por subvaluación y prácticas que alteran el funcionamiento de los mercados y la competencia.
Apuntó que es legítimo que México fortalezca los instrumentos de política comercial que permitan proteger el empleo, la producción formal y la integración productiva nacional.
“Creemos profundamente en el Estado de Derecho, compartimos la importancia de contar con reglas claras y condiciones equitativas para quienes operan conforme a la ley y realizan inversiones de largo plazo en México”, afirmó.
Agregó que es indispensable considerar la realidad productiva del país. “México es una economía abierta, profundamente integrada a las cadenas de valor regionales y globales”.
Expuso que las empresas dependen de insumos importados que no cuentan con una oferta nacional suficiente en términos de volumen, calidad o competitividad, necesaria para sostener sus operaciones y cumplir compromisos de exportación para el TMEC.
“Mantenemos el interés en seguir profundizando la integración regional y avanzar en una mayor localización productiva en México, como parte de una estrategia de fortalecimiento industrial de largo plazo”, recordó.
Una correcta implementación de los aranceles requerirá fortalecer la coordinación institucional y la capacidad operativa de las autoridades para reducir la complejidad administrativa y brindar certidumbre a las empresas que cumplen con la ley y contribuyen al desarrollo de la economía formal, concluyó.
