(DARIO CELIS. EL HERALDO DE MÉXICO)
HACE UNOS DÍAS, la Comisión de Transporte e Infraestructura de la Cámara Baja de Estados Unidos dio luz verde a una
propuesta bipartidista.
La encabezó el congresista republicano August Pfluger, denominada Defending American Property Abroad Act (Ley de Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero).
La iniciativa busca proteger activos de empresas de ese país en el extranjero, especialmente frente a lo que el Congreso considera confiscaciones o expropiaciones ilegales por parte de gobiernos de países socios.
Esta iniciativa no es nueva: fue presentada, formalmente, en la Cámara de Representantes en julio del año pasado como proyecto de ley con un énfasis claro en México y el caso de la empresa Vulcan Materials.
Nos referimos a la multicitada compañía que preside Tom Hill, propietaria de los terrenos y terminal marítima de Calica, en Playa del Carmen, Quintana Roo, que gobierna Mara Lezama.
De entrar en vigor, impediría que embarcaciones que hayan utilizado instalaciones o puertos que el gobierno estadounidense o el propio presidente Donald Trump considere “ilegalmente expropiados”, puedan entrar u operar en puertos estadounidenses.
Esto se traduce en un virtual bloqueo de acceso al sistema portuario del país vecino para esos buques, con consecuencias para navieras, cadenas logísticas y comercio marítimo regional.
Y es que, más allá del caso Vulcan, la iniciativa envía una señal de alerta para otros proyectos de inversión extranjera en sectores estratégicos, como infraestructura y energía.
Es importante señalar que esta ley no sustituye ni está subordinada al T-MEC, sino que representa una medida de presión de Washington para actuar fuera de los tribunales dedicados a tratados internacionales.
México podría argumentar ante un panel del tratado que se trata de una medida equivalente a discriminación comercial, o que se está afectando injustamente el comercio transfronterizo.
Lo que también es cierto es que empresas de Estados Unidos, como el caso de Vulcan, han recurrido al TLCAN y después al T-MEC para exponer la falta de protección a las inversiones.
De igual manera, expropiación directa o indirecta sin compensación adecuada, al vulnerar la seguridad jurídica para sus inversionistas.
Mientras esto se define, el equipo negociador de México, encabezado por Marcelo Ebrard, tiene otro frente de batalla abierto.
