(DARIO CELIS. EL HERALDO DE MÉXICO)
EL SECTOR MINERO, sin duda, es uno de los que más puede llamar la atención debido a la cantidad de recursos que puede generar, y eso hace que el crimen organizado ponga sus miradas en esa industria.
Lo ocurrido en La Concordia, Sinaloa, que mal gobierna el impresentable Rubén Rocha, muestra que en amplias regiones del país trabajar en la minería se ha convertido en un acto de riesgo personal.
El secuestro de 10 trabajadores de la canadiense Vizsla Silver, que dirige Michael Konnert, es el reflejo del deterioro profundo existente en la seguridad en zonas estratégicas para la economía nacional.
La reacción de la Cámara Minera de México, la Cámara de Comercio de Canadá en México, la Women in Mining México y el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México
fue contundente.
Los gremios que presiden Pedro Rivero González, Luis Noriega, Marisol Barragán y Rubén Del Pozo Mendoza exigieron que el caso no quede impune, ya que sin seguridad, no hay minería viable.
Según la cámara minera, 97% de las empresas fueron víctimas de algún delito en 2025. Y no se trata de robos menores: extorsión, extracción ilegal de mineral, asaltos a transporte, secuestros y homicidios.
Esta violencia se traduce en números duros: aumento de hasta 5% en costos totales, mermas operativas cercanas a 7% y un gasto creciente en seguridad privada que supera los 100 millones de dólares anuales.
No es casual que México aparezca entre los peores evaluados del mundo en seguridad minera, lo que debería llamar la atención de Economía, de Marcelo Ebrard.
Sobre todo en el contexto de la revisión del T-MEC y del reciente acuerdo que México firmó con el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump para el tratamiento de los minerales raros.
Como le platiqué la semana pasada, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se apresta a realizar un cambio en su actual política extractiva de minerales con tal convenio.
Y es que los también llamados “minerales estratégicos” delinearán a la industria verde y de la tecnología de Inteligencia Artificial por su influencia en la producción de semiconductores y baterías.
Pero la inseguridad rampante en la industria minera no se ve cómo pueda acotarse: Pan American Silver, Alamos Gold y McEwen Mining reportan robo de material, amenazas y encarecimiento operativo.
Zacatecas que gobierna David Monreal, Durango al mando de Esteban Villegas y Guanajuato que lleva Libia Dennise García se repiten, confirmando que el problema no es excepcional, sino sistémico.
Para una industria que emplea directamente a más de 400 mil personas y sostiene a millones de familias en su cadena de valor, es insuficiente la reacción defensiva del Estado mexicano.
Corredores de seguridad, protección logística, inteligencia contra el robo de mineral y judicialización efectiva no son concesiones al sector privado, son condiciones mínimas de gobernabilidad.
