(SOFÍA RAMÍREZ AGUILAR. EXCÉLSIOR)
De cara al último año de gobierno del presidente López Obrador destacan cuatro hechos incontrovertibles: el incremento en los ingresos laborales de las personas más allá de la inflación, la disminución de la pobreza multidimensional y laboral, el doloroso aumento en la pobreza extrema y el vertiginoso número de personas que se quedaron sin acceso a servicios de salud.
¿Cómo es posible que la gente tenga más dinero en el bolsillo con la inflación que persiste, sobre todo en alimentos? Porque el incremento en el ingreso de las personas fue suficientemente grande y se dio preponderantemente en las retribuciones al trabajo. Aunque en México la mayor cantidad de empleos son informales y están peor pagados que el trabajo con prestaciones, en un contexto de crecimiento económico un tanto inesperado como el que tenemos, prácticamente todo el empleo está mejor retribuido que antes.
El Coneval advertía un incremento real de 15% en la evolución del salario entre la segunda mitad de 2018 y principios de 2023; con los datos de la ENIGH, el Inegi confirmó un incremento real de 14% en el ingreso laboral de las personas de 2020 a 2022.
Como aumentó el salario, era de esperarse que disminuyera la pobreza. Por eso vemos que hay menor número de personas viviendo en pobreza laboral y en pobreza multidimensional1. Sin embargo, esta tendencia ocurre desde 2016, y sólo fue interrumpida por la pandemia. Es decir, no todo es gracias a este gobierno.
Además, un mayor salario no garantiza que haya acceso a servicios de salud o seguridad social, sobre todo si no se tiene un empleo formal o a servicios urbanos como agua y drenaje. Por eso aumentó la pobreza extrema entre 2018 y 2020: si bien hubo menos personas con ingresos de pobreza, también hubo un incremento en el porcentaje de la población que vive con tres o más carencias sociales. Es decir, en México más de 9 millones de personas de muy bajos ingresos viven en contextos donde las carencias confluyen en manojo: sin clínica ni escuela ni servicios urbanos y con hambre. Sabemos que con mayor frecuencia esas personas viven en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y pertenecen a grupos indígenas.
Es aquí donde vemos el estrepitoso fracaso de la política social, que por definición es la de garantizar condiciones mínimas de desarrollo a las personas más vulnerables. Máximo Jaramillo y Rodolfo de la Torre han publicado varios análisis, sustentados en datos, sobre la falta de focalización de los programas sociales en los más pobres.
Esta administración, con programas sociales universales, por diseño no está teniendo éxito en llegar a quien más lo necesita, entre otras cosas, porque los padrones de beneficiarios que se levantaron al principio de la administración tiraron por la borda 40 años de experiencia el registro de personas, y ahora subsisten con grandes deficiencias. Dejaron sin cobertura a quien vive en parajes alejados o de difícil acceso, que además son los más pobres.
Es un hecho que el ingreso de las familias ha crecido, sobre todo en los hogares de menores ingresos. Éxito de la política laboral que aprovechó el crecimiento económico para promover los aumentos al salario mínimo, más días de vacaciones pagadas y la formalización de los servicios tercerizados con la denominada reforma al outsourcing. Medidas de política laboral adecuadas, pero insuficientes, y sin duda cuyo éxito dependió de la expansión de la economía.
Lo que hoy nos quieren vender como un éxito de la política social es más bien la confirmación de que para que la prosperidad necesita crecimiento económico. No es condición suficiente —se necesitan políticas públicas que redistribuyan los ingresos, mejoren los servicios públicos y disminuyan la desigualdad—, pero sin crecimiento no habrá mejores salarios ni mejor calidad de vida para los hogares. El aumento en la pobreza extrema, la abrupta caída de más de 30 millones de personas que perdieron acceso a servicios de salud pública entre 2018 y 2022 porque no tenían una cobertura vinculada a su empleo, y los efectos regresivos de las transferencias gubernamentales, son temas que deben corregirse con urgencia.
Sin duda la solución a la falta de seguridad social radica en desvincularla al estatus laboral, pero eso cuesta mucho dinero y, si todo sigue igual, las finanzas públicas ya no tienen de dónde pagarlo.
Se viene un año complicado: cierre del sexenio, mucho gasto, pero desatención en salud y educación, y desbalance las cuentas fiscales. Supongo que ya nos habremos dado cuenta que no somos Dinamarca; no tenemos su productividad, ni la honestidad de sus funcionarios ni la confianza ciudadana en el gobierno ni mucho menos su sistema de salud o su nivel de ingresos por habitante.
A nivel de política interior, mejor seamos México y celebremos lo que hicimos bien —algunos aspectos clave de la política laboral—, y rectifiquemos en todo lo que no: salud, educación, formalización de la actividad económica, atracción de inversión, y un largo etcétera.
1. La pobreza laboral se define a partir de la capacidad de comprar la comida suficiente con el ingreso laboral de una familia. La pobreza multidimensional se mide usando todo el ingreso, laboral y transferencias, y midiendo el poder adquisitivo de esas personas para comprar comida y otros enseres básicos como jabón, papel del baño y pago de transporte. Además, la pobreza multidimensional demanda que exista al menos una carencia social, como rezago educativo o falta de acceso a servicios de salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos, o alimentación sana y suficiente.
*Directora de México, ¿cómo vamos?
X: @Sofia_RamirezA / @MexicoComoVamos