(RICHARD WATERS. THE FINANCIAL TIMES)
Todos los juicios antimonopolio necesitan un suministro de correos electrónicos internos incriminatorios o testimonios de testigos directos para dar vida a las denuncias de comportamiento empresarial ilícito. Sin esos detalles que acaparan los titulares, los reguladores suelen recurrir a teorías económicas abstractas para demostrar sus argumentos.
Por eso debió de ser un alivio para los abogados del Departamento de Justicia de EU que el juez que supervisa su histórica demanda contra Google rechazara el intento de la compañía de búsquedas de suprimir una prueba concreta.
En la nota interna, un ejecutivo de Google califica la publicidad en buscadores como “uno de los mejores modelos de negocio jamás creados”, antes de añadir que sólo “los negocios ilícitos pueden rivalizar con esta economía”.
Para ser un juicio que pretende sentar las bases de una oleada más amplia de acciones antimonopolio contra las grandes compañías de tecnología, ha habido pocos momentos dramáticos como éste. Una de las razones, según el Departamento de Justicia, es que Google tomó medidas de forma deliberada para asegurarse de que las comunicaciones potencialmente perjudiciales se eliminaran o se mantuvieran confidenciales, al tiempo que enseñó a los ejecutivos desde el principio a evitar el uso de términos como “dominante” y “participación de mercado” al hablar de su negocio. El juez Amit Mehta, que supervisa el caso en un tribunal de Washington DC, también accedió a que algunos testimonios se escucharan a puerta cerrada.
Eso deja la atención del juicio en los acuerdos comerciales que Google alcanzó con Apple, compañías de telefonía móvil y otros para asegurar que su servicio de búsquedas apareciera como el predeterminado cuando los usuarios encendieran sus dispositivos. El gobierno argumenta que estos convenios bloquearon a competidores emergentes que podían amenazar su dominio en las búsquedas.
Durante las primeras cuatro semanas del juicio, la fiscalía ha podido presentar pocas pruebas de intimidación abierta por parte de Google. Cuando Apple consideró ofrecer a los usuarios de su navegador Safari la posibilidad de elegir entre los valores predeterminados de búsqueda, en un correo electrónico de Google se advirtió: “Sin valores predeterminados, no hay participación en los ingresos”.
Sridhar Ramaswamy, un ex alto ejecutivo de Google, afirmó que pudo ver la influencia de Google en acción cuando una compañía de telecomunicaciones se negó a respaldar su motor de búsqueda rival.
Esto está muy lejos de la mano dura, mucho más abierta, que Microsoft utilizó para obligar a los fabricantes de computadoras personales a llevar su navegador de internet en la década de 1990, la base del caso antimonopolio que enfrentó hace un cuarto de siglo.
Sin embargo, en ocasiones el Departamento de Justicia ha tenido dificultades para demostrar un daño evidente. La “víctima” más destacada que compareció como testigo de cargo fue el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, director de una de las compañías más ricas del planeta.
A pesar de estos problemas, Google se puso a la defensiva al intentar argumentar la importancia de los acuerdos por los que estuvieron dispuestos a pagar miles de millones de dólares.
Por ejemplo, niegan que la enorme cantidad de datos de usuarios que obtienen como resultado de los valores predeterminados les dieran una ventaja insuperable. Según la compañía, la obtención de cantidades cada vez mayores de datos sobre lo que hacen clic los usuarios tiene rendimientos decrecientes.
Pero los correos electrónicos muestran que algunos de sus ejecutivos no están de acuerdo con esto. Otra afirmación es que a los usuarios les resulta sencillo cambiar la configuración predeterminada de sus dispositivos. Pero en realidad, según un testigo, casi ningún usuario realiza este cambio.
A medida que el Departamento de Justicia se acerca a la conclusión de su caso, ha logrado demostrar cómo Google utilizó su enorme riqueza para cimentar su dominio en las búsquedas. Pero aún no está claro que lograra saltar la vara para demostrar que se trata de un comportamiento anticompetitivo.