(GEORGINA HERNÁNDEZ. IMER NOTICIAS)
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, pidió a los estados a homologar los códigos penales en congruencia con los recientes fallos judiciales que ha tomado la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al aborto.
Durante su participación en el “Conversatorio aborto y justicia”, organizado por el Colegio de México, la ministra Margarita Río Farjat lamentó que sólo 11 de 32 estados han modificado sus legislaciones, el resto contemplan la penalización del aborto.
Para la ministra, el derecho penal no se puede utilizar para castigar a alguien que ya ha tomado una difícil decisión.
Por ello, agregó que el Estado está obligado a garantizar que las mujeres tengan acceso a condiciones seguras para llevar a cabo la interrupción legal del embarazo.
“Si hay que hacer una depuración del orden jurídico congruente, quienes más van a sufrir son las personas vulnerables de la sociedad. Además, toman una decisión de ir a un lugar clandestino de algo que el Estado debería responsabilizarse”.
La ministra Ríos Farjat enfatizó que el aborto existe y existirá sin importar lo que diga la norma por eso las leyes deben ser congruentes con la realidad para evitar que se generen fuentes de impunidad.
Además, indicó que mantener al aborto como un delito provoca que las personas con capacidad de gestar acudan a la clandestinidad, lo que arriesga su salud, su integridad y su vida.
“Cuando una mujer quiere ser madre no le va a pedir permiso al Estado, va a ser madre. Entonces, yo asumo que lo mismo sucede a la inversa”.
La antropóloga Marta Lamas señaló la importancia de emprender un activismo de intervención en ciudades y pueblos en donde se privilegie la comunicación con ambas posturas para que la población esté informada.
Desde el 7 de septiembre de 2021, la Corte resolvió que era inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. También se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, sin enfrentar consecuencias penales.
El 30 de agosto de 2023, la Primera Sala declaró inconstitucional la penalización del aborto en Aguascalientes.
Posteriormente, el 6 de septiembre resolvió que era inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
