JULIETA ROCHA. LA PERA.
Desde el 15 de octubre de 2008, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer Rural. Fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en su resolución 62/136, de fecha 18 de diciembre de 2007. En la que se reconoce “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Por fortuna, cada vez son más las mujeres que se constituyen como la columna vertebral de la economía rural, especialmente en los países en desarrollo. En el mundo hay 4,002 millones de mujeres, en la República Mexicana viven 67 millones de las cuales 52.8 millones (78.9%) habitan en la zona urbana y 14.2 millones viven en áreas rurales (21.1%), según el SIAP con datos de la ONU, CONAPO y el Censo de Población y Vivienda 2020.
En las últimas décadas, la mujeres rurales han ampliado su participación en la agricultura. El número de hogares dirigidos por ellas también ha aumentado a medida que más hombres han emigrado a las ciudades.
Como cuidadoras principales de sus familias y comunidades, las mujeres rurales son responsables de proveer alimentos y nutrición, y son el nexo que vincula las explotaciones agrícolas y los comedores de los hogares.
Muchas mujeres rurales trabajan hasta 16 horas diarias (60 a la semana), pero la mayoría de ellas no recibe pago directo por su trabajo, ya sea en tareas domésticas, de agricultura, comercialización u otro tipo.
Las mujeres son mucho más importantes de lo que normalmente la sociedad y ellas mismas creen, el aporte de su trabajo es decisivo para que los ingresos del grupo permitan mantener a la familia fuera de la pobreza o disminuir los efectos de ésta en muchísimos hogares rurales.
En las localidades rurales, la reproducción de la vida está fuertemente vinculada con el trabajo de la tierra. No obstante, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres es la falta de seguridad en materia de propiedad o tenencia de la tierra, hecho que, a la par, les impide acceder a apoyos públicos y a la toma de decisiones.
Sin acceso a la propiedad de la tierra, la comunidad las relega lo que impactan directamente en la vida de ellas y sus familias, incluso, en numerosas comunidades rurales e indígenas del país, cuando los hombres emigran, las mujeres son las que trabajan las tierras, pero no se les reconocen derechos sobre ellas, aun si los dueños no regresan.
En este escenario, tener un título de ejidataria o comunera provee la oportunidad de presidir a los órganos que rigen las decisiones de organización que se toman sobre la tierra.
De acuerdo con el Registro Agrario Nacional (RAN), en 2020, en México existían cerca de 32,202 núcleos agrarios, 29,792 ejidos y 2,410 comunidades, donde viven poco más de 5.3 millones de personas ejidatarias y comuneras, de las cuales el 73% son hombres y solo el 27% son mujeres.
En ese mismo año, de los 11,732 núcleos agrarios con órganos de representación vigentes, del total de mujeres ejidatarias, comuneras, posesionarias y avecindadas, solo el 21% ocupaba un cargo en los Comisariados o Consejos, y de ellas, solamente 1,786 (12%) eran presidentas en dichos órganos. Asimismo, las mujeres indígenas presentan carencias en casi todos los indicadores de pobreza.
La desigualdad que sufren las mujeres rurales sigue siendo evidente, porque no es lo mismo ser mujer joven, universitaria y urbanita, que mujer de mediana edad, con escasos estudios superiores y residir en el ámbito rural. Es precisamente, en las áreas rurales donde las mujeres suelen encontrarse con grandes dificultades para alcanzar la igualdad real.
Por esta razón, la situación que viven en México en cuanto al acceso al derecho de la propiedad de tierra, ha sido históricamente desafiante y se caracteriza por desigualdades de género y obstáculos significativos. Aunque ha habido avances en la legislación y políticas para promover la igualdad de género en la tenencia de tierras, persisten problemas y desafíos importantes. Algunos aspectos destacados de la situación de las mujeres rurales en México, en este contexto, son los siguientes:
– Desigualdad en la tenencia de tierras: A pesar de los esfuerzos para promover la igualdad de género en la propiedad de tierras, las mujeres rurales en México aún enfrentan dificultades para adquirir tierras y propiedades. La propiedad de tierras tiende a estar en manos de hombres en la mayoría de las comunidades rurales.
– Falta de acceso a recursos productivos: La falta de acceso a tierras limita las oportunidades económicas de las mujeres rurales, ya que la tierra es un recurso fundamental para la agricultura y la producción de alimentos. La propiedad de tierras también se asocia con el acceso a crédito y otros recursos para el desarrollo económico.
– Discriminación y barreras culturales: En muchas comunidades rurales de México, existen normas y prácticas culturales arraigadas que discriminan a las mujeres en cuestiones de propiedad de tierras. Las tradiciones y actitudes patriarcales a menudo perpetúan la desigualdad de género en este ámbito.
– Marco legal y políticas: México ha implementado leyes y políticas destinadas a promover la igualdad de género en la tenencia de tierras. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas normativas y la concientización a nivel comunitario a menudo son un desafío.
– Organizaciones y apoyo: En respuesta a estos desafíos, varias organizaciones no gubernamentales, gubernamentales y de la sociedad civil trabajan para apoyar a las mujeres rurales en la adquisición y gestión de tierras. Ofrecen capacitación, asesoramiento legal y otros recursos para empoderar a las mujeres en cuestiones de tenencia de tierras.
– Desarrollo sostenible y acceso a servicios básicos: El acceso a la propiedad de tierras no es solo un problema de equidad de género, sino que también tiene implicaciones en el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. Las mujeres rurales necesitan tierras para garantizar la seguridad alimentaria y el acceso a servicios básicos como la educación y la salud.
Ante esta situación, el Gobierno de México ha implementado diversos programas para contribuir al bienestar y restituir los derechos de las mujeres que viven en zonas indígenas y rurales. Por ejemplo, se ha eliminado el requisito de solicitar que sean ejidatarias o propietarias para acceder a los programas, pero falta mucho por hacer como mejorar las condiciones de salud, vivienda e ingresos, especialmente con jefatura femenina y población indígena. Otro de los puntos tratados es promover el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra, el agua, la tecnología y la información de mercados.
Aunque se han realizado avances en la promoción de la igualdad de género en la tenencia de tierras en México, las mujeres rurales siguen enfrentando obstáculos significativos. Abordar estas desigualdades requiere un enfoque integral que incluya cambios en la legislación, la concienciación cultural, el acceso a recursos y el apoyo a nivel comunitario para empoderar a las mujeres rurales en sus esfuerzos por acceder a la propiedad de tierras y mejorar su calidad de vida.
En el último resultado preliminar del Censo Agropecuario de 2022, se recalca que la mano de obra en actividades agropecuarias o forestales de las unidades de producción fue de 27 millones 256 mil 127 personas. De esta cantidad, 22.8 millones eran hombres (83.8%) y 4.4 millones, mujeres (16.2%). Al comparar la mano de obra femenina con el Censo Agropecuario 2007 —que reportó 19.7 % de participación—, el involucramiento de las mujeres en las labores agropecuarias y del campo resultó menor, en poco más de tres puntos porcentuales.
En este tema, el SIAP reporta con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al segundo trimestre de 2023, que en México trabajan en el sector primario 950 mil mujeres, que dividen su actividad en 83.7% en agricultura, 12.7% en ganadería, 1.4% en pesca y 2.2% en otras actividades.
Por lo tanto, las mujeres rurales se desarrollan en nueve categorías, según datos del Blog de ASERCA, dependiente de la Secretaría de Agricultura:
- Productoras no intensivas: no trabajan la tierra directamente, pero compran insumos, cuidan los huertos familiares y la ganadería mayor.
- Productoras intensivas: realizan las tareas anteriormente señaladas, pero además trabajan en el predio y toman decisiones como jefa de explotación o como familiar no remunerado.
- Habitantes rurales: no tienen tierra y venden su fuerza de trabajo generalmente en la rama de servicios.
- Mujeres vinculadas a la pesca: realizan tareas asociadas a la pesca y a la recolección de algas, en forma asalariada (temporeras o permanentes) o en forma independiente.
- Asalariadas agrícolas permanentes: venden su fuerza de trabajo en forma permanente.
- Asalariadas agrícolas temporales: trabajan principalmente en la cosecha, procesamiento y empaque de fruta de exportación, flores, y en algunos casos de subproductos de la pesca. Fenómeno en aumento desde la década de los 80. Pueden vivir o no en zonas rurales.
- Artesanas: trabajan en la producción y comercialización de artesanías (textiles, alfarería, cestería, etc.).
- Microempresarias: participan en forma individual o asociada en la producción y comercialización de productos de procesamiento agroindustrial (mermeladas, conservas, etc).
- Recolectoras: dependiendo de las zonas geográficas, se dedican a la recolección y venta de frutos o productos que crecen en forma silvestre (hongos, moras, etc).
