NELLY TOCHE. EL ECONOMISTA
De acuerdo con los legisladores, se trata de que académicos, investigadores, integrantes de asociaciones civiles, representantes de los sectores público y privado, así como ciudadanos a título personal contribuyan de manera constructiva en el diseño de la nueva legislación.
La Cámara de Diputados realizará el Segundo Foro de Parlamento Abierto sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación rumbo a la construcción de la próxima Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este martes 11 de abril, se llevará a cabo la sesión bajo la temática: Definición y diseño de la política pública y de sus instrumentos. De acuerdo con los legisladores, se trata de que académicos, investigadores, integrantes de asociaciones civiles, representantes de los sectores público y privado, así como ciudadanos a título personal contribuyan de manera constructiva en el diseño de la nueva Ley.
Bajo este tenor, el Dr. Daniel Hernández, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey explica que México entró en un proceso de revisión de normas relacionadas con la educación. A partir de la Reforma Constitucional de 2019 se estableció que se debía revisar la Ley General de Educación y abordar la Ley de Educación Superior; por otro lado, con la modificación al artículo 3°, se elevó a la ciencia como un derecho humano, por lo que terminó incorporándose la necesidad de una nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) que abre un paquete de consideraciones y consecuencias que se deben analizar con mucho detalle.
Dijo que en general los antecedentes eran leyes que tenían mucho tiempo de haberse emitido. “La Ley de CTI ya era antigua y respondía a otro contexto, no solamente de la ciencia en México, sino en el mundo, en ese sentido hace sentido tratar de revisarla”.
Pero asegura que ambas revisiones han tardado mucho en su consolidación, la de educación superior tardó al menos un año y medio más y la de CTI sigue en la discusión, pues también abarca la disposición del actuar del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cabeza de sector por parte del gobierno en el país.
El problema es que “Lo que plantea este nuevo proyecto es eliminar una serie de factores que no les resultan conducentes para lo que ellos quieren realizar (autoridades gubernamentales), en especial la presencia de organismos colegiados que no vayan en línea con esta visión centralista de cómo se gobierna el espacio de la ciencia”. Dijo que esto despertó muchas reacciones por parte de la comunidad científica y llevaron a solicitar a los diputados, ante la presencia de ya una iniciativa por parte del ejecutivo federal, que se discutiera de manera abierta, esta y las demás propuestas presentadas.
Recursos públicos para el apoyo a la ciencia
El doctor Hernández, quien estará participando en la segunda reunión convocada por el legislativo, se centró en uno de los puntos más importantes para las instituciones de educación superior privadas como en la que él labora, se trata de una definición de cómo orientar los recursos públicos para el apoyo a la ciencia.
Explicó que estos siguen tres caminos. El primero son los apoyos que reciben los investigadores y profesores universitarios que realizan investigación, “estos no son tan abrumadores como para el sector público, pero no dejan de ser importantes pues varios investigadores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) por sus méritos académicos y científicos”.
El segundo apoyo que tiene la ciencia para quienes participan de la investigación en instituciones privadas son las becas para formar futuros científicos a través de las becas de posgrado y así desarrollar competencias. La tercera vertiente son los proyectos que financia el gobierno mexicano en colaboración con el sector privado para desarrollar temas varios.
Sobre estos argumentos la iniciativa del gobierno federal plantea excluir a los investigadores de instituciones privadas para recibir apoyos, lo cual, de acuerdo con el especialista, viola la disposición establecida por la Constitución de que todo mexicano tiene el derecho al disfrute de los beneficios de la ciencia. “Excluirlos por la mera adscripción que puedan tener las personas es violatorio”, sobre todo si se entiende que la proporción de la matrícula de posgrado que estudia en universidades privadas es de 62% de acuerdo con los registros institucionales de la SEP.
Sobre las becas, el Dr. Hernández explica que se ha negado que esto sucederá, sin embargo, explicó que en una lista de criterios de prelación se plantean cuatro categorías donde al hablar de presupuesto y su disponibilidad, se ponen en el último lugar de prioridad a los jóvenes de las instituciones privadas, lo que prácticamente los deja fuera. “Estas cosas son algunas de las que nos llaman la atención, porque uno pensaría que en ningún país donde la ciencia es altamente valorada, se puede dejar fuera a algunos de sus actores pues la ciencia se enriquece del conocimiento colectivo”.
Dijo que las instituciones privadas ya destinan muchos recursos a la investigación y pensar que solo los complementos del SNI o las becas son los impulsores fundamentales de la ciencia es desconocer mucho de la inversión que se hace. Aun así segura que sería imposible que solo a través de las instituciones privadas se pudiera desarrollar un volumen fundamental de investigación, porque la ciencia se trata de “una empresa colectiva que requiere de la participación de todos”.
Ahora en este proceso legislativo que permite plantear diversos aspectos, el Dr. Hernández espera ser escuchado y tomado en cuenta, para que los elementos puedan ser transformados y se consideren alternativas para evitar esa “segregación de estudiantes e investigadores de instituciones públicas y privadas”. Concluye que participar es importante, “creemos que podemos con buenos argumentos ayudar a que nuestros legisladores tomen mejores decisiones”.
