(ANN VENTURA. REPORTE ÍNDIGO)
COPARMEX señala que estas acciones representan un preocupante mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica.
Hace un par de días, el Gobierno de México decretó la ocupación temporal de la Planta Productora de Hidrógeno U-3400, ubicada en la fracción de terreno al interior de la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, la cual era manejada desde 2017, por la empresa francesa Air Liquide.
Tras darse a conocer el decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ordenó la ocupación inmediata a favor de Pemex Transformación Industrial, en este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su preocupación y rechazó las acciones de expropiación llevadas a cabo por el Gobierno federal.
Air Liquide cumplía el compromiso de suministrar hidrógeno por 20 años a la instalación petrolera y reducir los costos de PEMEX.
La Confederación Patronal hizo un llamado al Poder Ejecutivo a actuar con responsabilidad, a agotar los mecanismos de diálogo y negociación con empresas proveedoras, permisionarias, concesionarias o licitantes con las que tenga diferencias, antes de realizar actos unilaterales como la ocupación o expropiación de bienes.
“Consideramos que México no puede darse el lujo de ahuyentar inversiones ni de mostrarse ante el mundo como un país con un frágil Estado de Derecho. Tenemos todo para que en este 2024 se establezcan las bases para ser el país que mejor aproveche el Nearshoring creando más y mejores empleos”, expresó en un comunicado.
Arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica
COPARMEX considera que el Gobierno está desarrollando una estrategia de reestatización de ciertas actividades de la economía, cuya manifestación más preocupante es la apuesta por militarizar dichas tareas como ocurrió recientemente con la compra, gestión y distribución de medicamentos y la operación de una Línea Aérea.
“México no tiene experiencias positivas con la estatización de actividades económicas ya que han generado profundos costos económicos por ineficiencias y por malas gestiones de empresas públicas. De igual manera, han generado un negativo impacto social afectando, en última instancia, a las familias al tener que pagar sobrecostos, recibir malos servicios o asumir el pago de deuda mediante impuestos”, subrayó
Advirtió de un daño adicional, como desalentar gravemente la atracción de inversiones y desaprovechar el nearshoring.
“Estas acciones lejos de representar un acto de soberanía, se convierten en un preocupante mensaje de arbitrariedad y un atentado a la seguridad jurídica”, añadió.
Finalmente, aseguró que el decreto de ocupación es una mala señal al mundo porque deja de manifiesto las ineficiencias de PEMEX y la debilidad del Estado de derecho en México en el que, de manera discrecional, las autoridades pueden ocupar empresas e inversiones privadas.
