(ALFREDO GOMZÁLEZ. REFORMA)
La incertidumbre que generó la aprobación de la reforma judicial hará más urgente recortar el gasto del Gobierno para que las calificadoras mantengan a México en grado crediticio, pero eso implicaría reducir a niveles de cero la inversión en infraestructura y contraer al menos a la mitad los programas sociales en el 2025.
Así lo advirtió Luis Foncerrada, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio (AmCham) México.
“La Administración entrante va a tener un problema si redujera el déficit del Gobierno a 3 por ciento del PIB, pues si lo logra no tendrá recursos para financiar nada de inversión y cuando digo que nada, me refiero a absolutamente nada, y tendría además que reducir el gasto social en al menos 50 por ciento”, sentenció en entrevista telefónica desde Estados Unidos.
“Esa inversión es esencial para el futuro del País, porque sólo la inversión genera empleo y no hay otra forma de generarlo, pero la inversión, tanto pública como privada, requiere seguridad y reglas del juego claras y estables, mientras que ahora todo es incierto con esta nueva reforma que modifica tantos temas que representan un cambio importante al régimen de derecho actual”.
La reducción del gasto en inversión pública, estimó, podría generar un trimestre o hasta dos de contracción económica en México durante el 2025, aunque para poder considerarse recesión deberá presentarse en todos sectores de la economía: primario, secundario y terciario.
Foncerrada señaló que para frenar la pobreza, México requerirá generar 2 millones 250 mil empleos al año, pero eso demandará tasas de crecimiento económico superiores al 4 por ciento, algo que sólo se podría lograr con la generación de inversiones de al menos un 26 por ciento del PIB.
“Hoy andamos en niveles de inversión que alcanzan un 20 por ciento del PIB y reduciéndose; por lo tanto, con esas cantidades no vamos a poder crecer más del 2 por ciento y no vamos a poder crear más de 400 mil empleos por año”.
Insistió en que la inversión requiere certeza en las reglas del juego, en la forma que van a resolverse las controversias con el Gobierno mexicano tanto frente a inversionistas como en los acuerdos internacionales, entre ellos el T-MEC.
“Los inversionistas requieren tener certeza y seguridad sobre el dinero que están invirtiendo y necesitan saber que habrá juicios justos, seguridad en sus derechos de propiedad física, respeto a los contratos y a la ejecución de los mismos, porque si no tienen esa certeza van a detener sus decisiones de inversión, tanto los nacionales como los extranjeros”.
Estimó que para poder aliviar el déficit en el gasto, el Gobierno deberá implementar un programa económico de certidumbre jurídica, algo que podría surgir cuando a partir de la reforma se elaboren las leyes secundarias y reglamentos que de ella emanen para generar certidumbre a la inversión.
