Alertan de escasez de petroquímicos

(ALFREDO GONZÁLEZ. REFORMA)

Ante restricciones impuestas para combatir huachicol, analistas prevén desabasto de petroquímicos para cadenas de suministro de aditivos. Crédito: Especial.

Con el propósito de combatir el mercado ilícito de combustibles, el Gobierno federal impuso una restricción que sujeta a la industria a justificar su utilización para permitir la importación de 68 petroquímicos de uso industrial y que sirven también para adulterar gasolinas y diesel, el llamado “huachicol fiscal”, pero la industria alertó sobre riesgos de escasez.

Para Daniela Suárez, directora jurídica de la consultora en materia de energía Grupo Ciita, sí habrá escasez y mayores precios de los petroquímicos de estos productos aun cuando en un anexo el decreto refiere que el abasto será garantizado.

“Va a ser insuficiente el abasto, pero las industrias que los requieren para actividades lícitas podrán importarlo si justifican su uso y tienen 30 días hábiles para hacerlo”, señaló.

La medida entró en vigor el 24 de octubre, luego de que un día antes apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Ante ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su preocupación por considerarla como una medida con grave impacto para las cadenas de suministro de ramos como lubricantes y aditivos, resinas sintéticas, plásticos, automotriz, fibras sintéticas y textiles, detergentes, hules, llantas, mangueras, amoniaco, fertilizantes, manufacturas eléctricas y componentes para equipos médicos, entre otros.

“El decreto establece medidas no arancelarias desproporcionadas para el comercio internacional de los materiales mencionados en el documento, además de tiempos excesivos para la revisión y autorización de las solicitudes y avisos”, enfatizó el CCE.

“Estas restricciones afectan considerablemente la integración de las cadenas de valor, lo que está provocando un enorme daño a los sectores clave de la industria nacional”.

Pero César Cadena Cadena, presidente del Cluster Energético de Nuevo León, consideró que acertada la medida del Gobierno federal.

“El problema del contrabando de combustibles y del ‘huachicol fiscal’ es mucho mayor que la molestia que estos controles traerán a los industriales, porque ahora deberán justificar el uso que le van a dar sus importaciones y así obtener el permiso”.

Estimó que son cerca de 180 millones de litros diarios de gasolina y diesel que llegan de fuera y que expenden Pemex y concesionarios privados, de los cuales son 100 millones son de gasolina regular, 20 millones de Premium y 60 millones de diesel, de los que hay cálculos de que cerca de 30 por ciento son de adulterados con este tipo de petroquímicos.

El combustible adulterado o de contrabando evade el pago de cerca de 6 pesos por litro en el Impuesto Especial de Producción y Servicios (IEPS), refirió, y llega a venderse por los “huachicoleros fiscales” a los expendedores de gasolina a precios de entre 12 y 14 pesos.

Cadena criticó que el CCE vaya al extremo de querer eliminar los controles a la importación.

“No les importa que los camiones anden humeando, los automóviles ‘cascabeleando’ o se descompongan por estos combustibles adulterados”, indicó.

“Se restringe temporalmente la importación de las mercancías correspondientes a las fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicada en el DOF el 7 de junio del 2022, con el objeto de combatir el mercado ilícito de combustibles y el contrabando para evitar el daño inminente a la salud y al medio ambiente; la vulneración a la salud y seguridad de la población aledaña a los centros de manejo de combustibles, y el impacto negativo a vehículos particulares y de transporte público”, refiere el decreto.

“Los interesados que requieran importar cualquier mercancía de las previstas en el Anexo Único deben solicitar y acreditar ante la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía que el volumen y destino de la mercancía que solicitan importar es necesario para su proceso productivo y que tendrá como finalidad el desarrollo o realización de una actividad lícita y que no contraviene el presente decreto”.