(ANA DE ITA. LA JORNADA)
Desde mediados de octubre, las movilizaciones campesinas han vuelto a expresarse en distintos estados y regiones del país. Las acciones que realizaron el pasado 24 de noviembre el Frente Nacional para el Rescate del Campo, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas estrangularon y congestionaron distintas carreteras, liberaron o tomaron casetas de cobro, incluso cerraron la aduana de Ciudad Juárez y afectaron la circulación en 17 estados del país. Demostraron así su inconformidad con las políticas agrícolas de la llamada Cuarta Transformación.
Sin ninguna evaluación del resultado de la destrucción de las instituciones y políticas agrícolas que llevó a cabo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que provocaron la caída de la producción y de la rentabilidad, así como el aumento de las importaciones y del precio de la tortilla, el gobierno actual pretende continuarlas en perjuicio de los agricultores y campesinos que producen para el mercado interno.
Quienes se movilizaron son los productores comerciales de granos, que aportan más de 60 por ciento de la producción nacional de maíz, 46 por ciento de la de frijol, 92 por ciento de la de trigo y 73 por ciento de la de sorgo, y son quienes alimentan a la población de las ciudades.
La respuesta del gobierno es la misma que los distintos partidos en el poder han dado en el pasado a quienes manifiestan inconformidad con sus acciones: tratar de dividir y deslegitimar los movimientos y a sus dirigentes, inventar intereses políticos oscuros, pero no revisar las verdaderas causas que obligan a los campesinos a dejar sus parcelas y manifestarse en la vía pública.
Desde hace siete años no existe financiamiento para la siembra de cultivos básicos debido a que el gobierno eliminó las instituciones que operaban como banca de desarrollo. Los campesinos comerciales no cuentan con los recursos necesarios para sembrar y por eso dependen de créditos de avío. La banca comercial ofrece crédito a tasas muy altas y exige condiciones y garantías que ellos no pueden cumplir. Tampoco hay seguros para las cosechas ante desastres naturales.
También eliminó los programas de comercialización que daban cierta certidumbre a los productores e impedían que las empresas redujeran los precios a su antojo. Existían coberturas de precios subsidiadas para garantizar un precio mínimo al productor a pesar de tener como referencia los precios internacionales. Operaban precios objetivo que regulaban el precio al productor y cuando el mercado ofrecía un precio menor, el gobierno aportaba la diferencia. Existía agricultura por contrato, que daba alguna certidumbre al productor y al comprador desde el inicio de la siembra.
Además de destruir este andamiaje institucional, el gobierno restringió los subsidios únicamente a los productores de autoconsumo con menos de 20 hectáreas de temporal y 5 hectáreas de riego.
Los resultados no fueron inmediatos, pues durante los primeros años del sexenio pasado, los buenos precios internacionales permitieron que el mercado por sí mismo ofreciera rentabilidad a los productores. Pero a partir de 2023, la situación cambió y el gobierno tuvo que apoyar a los agricultores con medidas emergentes.
También los resultados en la producción demostraron lo erróneo de la política de dejar a los productores comerciales sin ningún subsidio en el mercado abierto. En 2024, la producción del ciclo otoño-invierno se redujo en 3.7 millones de toneladas, principalmente en Sinaloa. Pero también se redujo la producción del ciclo primavera-verano en cerca de 400 mil toneladas, y en 2025 la producción de maíz de otoño-invierno disminuyó en 4.7 millones de toneladas respecto a 2023, lo que colocará la producción total de 2025 en niveles similares a los niveles bajos de 2024. Por eso los agricultores demandan una política agrícola completa, construida entre el gobierno y las organizaciones campesinas, que permita recuperar la producción y la rentabilidad de los granos básicos.
Actualmente, los precios de los granos en la Bolsa de Chicago han caído, y debido a la guerra comercial de Estados Unidos con China, México se coloca como uno de los compradores más importantes de las cosechas del vecino país. Las importaciones de maíz hasta septiembre ascienden a 18.1 millones de toneladas, de las cuales 820 mil son de maíz blanco.
Los campesinos mexicanos en el mercado abierto deben competir con cereales a precios internacionales deprimidos, sin subsidios ni instituciones que les garanticen una utilidad mínima por su trabajo. De ahí que otra de sus demandas sea sacar a los granos básicos del T-MEC en la renegociación en puerta.
Lo cierto es que los agricultores están sonando las alarmas. La agricultura nacional está en crisis, y si el gobierno no responde, la alimentación de los mexicanos quedará en manos de las trasnacionales.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
