(RAÚL ZEPEDA. LETRAS LIBRES)
Los temas energéticos y climáticos son de alta prioridad en México. No sólo por la dependencia de nuestro presupuesto de las ganancias de Petróleos Mexicanos (Pemex) —y la deuda acumulada de la empresa)—, sino también porque México es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Pero la opinión convencional presume que los votantes mexicanos se oponen a cambios en nuestra política energética. Aquí explico por qué esto es una simplificación.
Hoy por hoy hay una serie de políticas ambientales que varios gobiernos nacionales están implementando para reducir sus emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) que causan el cambio climático. Entre ellas, impuestos al carbono (gasolinas, producción industrial o en el campo, etc.), reducir o prohibir ciertos modos de producción de carbono (automóviles de combustión, plantas de carbón), programas de infraestructura verde, electrificación con energías limpias, y algunas prohibiciones o altos impuestos al transporte contaminante (automóviles y los vuelos).
Sin embargo, cambiar las políticas energéticas en México tiene altos costos políticos y sociales. Por ejemplo, en 2017 hubo una serie de protestas contra el aumento de los precios de la gasolina debido a que no sólo se retiraron los subsidios, sino que se le impuso un impuesto a los combustibles fósiles vía el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En reacción a esto y otras políticas energéticas en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, el gobierno de López Obrador ha revertido algunas políticas ambientales, ha aumentado el gasto en Pemex, y regresó el subsidio a las gasolinas.
Según Global Carbon Budget, el avance de México en reducción de CO2 de 2006 a 2020 se revirtió en 2022. Como país signatario del Acuerdo de París de 2015, México se comprometió a reducir los GEI en un mecanismo conocido como Contribuciones Nacionalmente Determinadas (CND). Es decir, México se comprometió a reducir sus GEI en proporción a sus capacidades. Según la organización Climate Action Tracker, México está por detrás de sus propios compromisos.
Por eso, si queremos reducir la dependencia de México de los hidrocarburos y contribuir a detener la crisis climática global, se necesita la anuencia del votante mexicano para implementar nuevas políticas energéticas. La opinión pública es un eje clave de la implementación de las políticas ambientales. En este texto presento algunos datos recientes. Muy pocas encuestadoras y agencias públicas miden la opinión de la población mexicana sobre el cambio climático. Afortunadamente, hay dos nuevas fuentes que nos dan luz.
Recientemente, la revista Nature publicó una encuesta en 63 países sobre cambio climático y conducta humana. En 2023, los resultados para México son bastante positivos. La mayoría de la población mexicana cree que el cambio climático es una amenaza a la humanidad (91 %), apoya que haya políticas para atenderlas (76 %) y dice que el gobierno debería hacer más para enfrentar esta crisis (96 %). Es decir, hay terreno fértil para cambiar las políticas en México.
Además, investigadoras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Universidad de Harvard publicaron un reporte con encuestas sobre cambio climático, pero enfocadas en políticas climáticas. Este grupo hizo un reporte por cada país, incluido México. Aquí presento cuatro gráficas que me parecen sumamente relevantes.
La gráfica 1 muestra que las compañías, el gobierno y los que ganan más son percibidos como responsables del cambio climático en México. Es decir, hay espacio para pensar que el gobierno puede actuar con medidas fiscales a los grandes contribuyentes para implementar políticas verdes.
Sin embargo, la gráfica 2 nos muestra un escenario complejo: la población mexicana no necesariamente percibe beneficios de una política climática, con excepción de un programa de infraestructura verde. Y hay cierta oposición contra los impuestos a los combustibles y la prohibición de automóviles. Ahora bien, hay un importante grupo que no se siente afectado o beneficiado en algún sentido (entre 36 a 29 % de la población).
La gráfica 3 nos muestra el juego redistributivo que podría provocar una política fiscal verde mediante un impuesto al carbono. Una mayor proporción de la población cree que su hogar se beneficiaría con este impuesto (37 %) que los que creen que perderían (34 %). Lo interesante es que un 48 % cree que los de mayores ingresos no se verían afectados, mientras que un 37 % piensa que afectaría a las personas de menores ingresos. Esto podría representar otra pieza de evidencia sobre la desconfianza fiscal de los ciudadanos hacia el Estado mexicano.
Finalmente, la gráfica 4 muestra el apoyo que podrían obtener diferentes políticas ambientales en México. Financiar energía limpia, prohibir vehículos de combustibles fósiles, subsidiar energías limpias en otros países e incluso un impuesto a los boletos de avión tienen apoyo mayoritario. A diferencia de estos, los impuestos a los combustibles fósiles no reciben el mismo nivel de apoyo cuando no están vinculados a transferencias monetarias.
Dado lo anterior, hay espacio para que las candidatas y sus partidos sean menos precavidos en temas climáticos y, sobre todo, sean más innovadores en cómo se presentan las propuestas en el tema.
En la actual campaña presidencial hay una candidata que participó en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU y ha promovido energías limpias en su plataforma. Sin embargo, la coalición de partidos que encabeza ha apoyado mantener los subsidios a la gasolina y el gasto en extracción de petróleo, políticas que son contrarias a la reducción de GEI. Además, durante su gestión previa en el gobierno, se encargó de la construcción de infraestructura para automóviles en la Ciudad de México, como el segundo piso del periférico, lo que sugiere una complejidad en su enfoque hacia las políticas de sostenibilidad.
Por otro lado, la candidata de la oposición ha propuesto una agenda más ambiciosa en temas climáticos, además de plantear una revisión de algunas obras de infraestructura de Petróleos Mexicanos. No obstante, la ambición de la candidata no parece estar respaldada por el nivel de gasto que propone en la materia. Por ejemplo, al afirmar que quiere la transición a energías limpias en cinco años, ¿de dónde saldrá el dinero?
Con los datos de opinión pública que mostré se puede afirmar que ninguna de las candidatas tendría problema en proponer programas de infraestructura verde y energías renovables, contrario a la hostilidad a la energía eólica y solar del actual presidente. Sin embargo, para invertir en estas medidas se requiere de un impulso fiscal importante. Se requiere una reingeniería de las finanzas públicas: revisar el gasto en Pemex y su deuda, quizás reimponer el IEPS a gasolinas, y otras medidas fiscales para financiar la infraestructura verde. Ninguna candidata ha propuesto un proyecto en estas líneas.
Los datos de las encuestas que aquí muestro sugieren que ambas candidatas podrían formular argumentos mucho más audaces de lo que sus programas ofrecen actualmente. Además, si tienen la voluntad de implementar políticas ambientales en el próximo sexenio, deberán hacerlo mediante paquetes completos que incluyan redistribución del ingreso y mejoras en la infraestructura pública de transporte, teniendo en cuenta los posibles impactos inflacionarios. De no ser así, podríamos enfrentar otra reacción negativa como la de 2017, lo que nos ha costado un sexenio perdido en política de reducción de GEI. Si la crisis climática continúa, enfrentaremos sequías más agresivas y prolongadas como las experimentadas en 2024, y más huracanes como el que impactó Acapulco en 2023. No hay tiempo que perder y existe un margen en la opinión pública para cambiar el rumbo.
Ilustración: Patricio Betteo
Raúl Zepeda Gil
Profesor asistente. Departamento de Desarrollo Internacional. Universidad de Oxford