Todo indica que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene claro que las pensiones para adultos mayores y la terminación de sus obras icónicas, requieren un creciente volumen de recursos económicos, para seguir repartiendo el dinero que otorga a los jubilados y, al resto de los beneficiarios de los programas sociales, y para continuar la construcción de la infraestructura sexenal.
Públicamente no lo ha dicho ni lo ha reconocido así, específicamente. Sin embargo, sus acciones lo denotan. Y los argumentos para soportar sus más recientes iniciativas lo dejan claro.
La penúltima fue la propuesta de extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo (FND).
El pretexto es que se convirtió en un órgano atrofiado.
Sin embargo, quedó muy claro que la FND se atrofió durante este sexenio y que en realidad lo que se quiere es concentrar sus recursos para que los ejerza discrecionalmente el gobierno.
Previamente, vimos la extinción de 155 fideicomisos públicos, exactamente con el mismo argumento.
Y también con la misma intención, concentrar los recursos en el gobierno federal para utilizarlos discrecionalmente.
En su última iniciativa de reforma, publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, propone fusionar ó extinguir 18 instituciones públicas, entre ellas a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, el Fideicomiso del Fondo Minero y hasta el Inapam.
Esto –dice– para continuar con la transformación administrativa del gobierno federal, racionalizar su estructura, eliminar la dispersión de recursos públicos y dirigirlos a satisfacer necesidades sociales y construir la infraestructura indispensable para el desarrollo nacional. Implícitamente reconoce que necesita recursos para sufragar los programas sociales y las obras de infraestructura que construye.
Recuerda que el actual gobierno propuso al Congreso de la Unión el reconocimiento constitucional del derecho a un apoyo económico para las personas con discapacidad permanente, a una pensión no contributiva para las personas mayores de 68 años y de becas para estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública.
El ejercicio de estos derechos –revela el texto–, implica la planeación de las actividades del aparato del Estado, la actuación oportuna de sus órganos y la dotación suficiente de recursos públicos.
El 13 de abril, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, envió a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto –publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria– que propone fusionar o extinguir 18 instituciones públicas.
La exposición de motivos es una larga argumentación en contra del modelo económico y administrativo “neoliberal”, con la que pretende fundamentar el desmantelamiento institucional.
Al final es evidente que se trata de una estrategia para reunir fondos que permitan pagar los programas sociales y las obras faraónicas sexenales.
El gobierno, literalmente, está rompiendo el cochinito para enfrentar los compromisos sociales que instauró y que tienen un costo creciente, así como sus obras de infraestructura que registran notables sobrecostos. Al tiempo.