EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ. EL FINANCIERO
El pasado jueves 27 de julio, Anne Milgram, directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, Drug Enforcement Agency), afirmó ante el Subcomité Judicial de Crimen y Vigilancia Gubernamental de la Cámara baja de Estados Unidos, que las principales coaliciones criminales mexicanas, conocidas como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa (CDS) poseen una vasta red de asociados y colaboradores dedicada al tráfico trasnacional de drogas, la cual está integrada por un total de 44,800 personas. Del CDS, la DEA reporta que “tiene presencia en 19 de los 32 estados del país, y posee actualmente más de 26 mil miembros, asociados, facilitadores e intermediarios financieros (brokers) alrededor del mundo”. Por otra parte, del CJNG la DEA reporta que “está presente en 21 de las 32 entidades federativas del país, y tiene actualmente más de 18 mil 800 miembros, asociados, facilitadores, e intermediarios financieros alrededor del mundo”. Debemos tomar en consideración que estas estimaciones de la DEA se centran en cuantificar exclusivamente el número aproximado de personas involucradas en estas organizaciones en el negocio del tráfico trasnacional de drogas. Según la DEA, ambos cárteles tienen presencia en los 50 estados de la Unión Americana, así como en un centenar de países alrededor del mundo.
Al día siguente de la audiencia de Milgram, en su conferencia matutina del 28 de julio el presidente AMLO declaró: “No tenemos nosotros esa información, no sé de dónde la sacó la señora de la DEA; ojalá y nos dieran más detalles… que nos diga cuáles son las pruebas que tiene… no tienen buena información”. Y mostró después AMLO cierta frustración de que los funcionarios del gobierno estadounidense, que han visitado México recientemente en varias ocasiones, no compartan este tipo de datos con sus contrapartes mexicanas. Ahora bien, ¿con los datos que tenemos disponibles hoy en fuentes abiertas (e.g., información oficial, prensa local y nacional, plataformas noticiosas, redes sociales, blogs criminales, etc.) estos datos que maneja la DEA parecen inflados, razonables o se quedan cortos cuando analizamos la operación de ambos cárteles únicamente en México? Chequemos primero algunas cifras sobre el número de actores que participan en ambas redes y su extensión geográfica.
De acuerdo con la plataforma Lantia Intelligence, la presencia del CDS se registra actualmente en 28 de las 32 entidades del país, pero si tomamos en cuenta la presencia geográfica de sus organizaciones subordinadas (28) y aliadas (24), su presencia aumenta a 30 de los 32 estados (solamente San Luis Potosí y Tlaxcala no registran presencia del CDS). Por lo que se refiere a sus giros de negocio, el CDS no sólo está involucrado en el tráfico trasnacional de drogas (que es el rubro donde se concentra la DEA) sino también en el narcomenudeo, el robo de combustible, la trata de personas, el tráfico de armas, la tala clandestina, el contrabando y el lavado de dinero. Y, una vez más, si examinamos los giros a los que se dedican las organizaciones vinculadas al CDS observamos que, indirectamente, el CDS también está involucrado en otros negocios ilícitos, como extorsión y lavado de dinero.
Por lo que respecta a la presencia del CJNG, ésta la registramos directamente en 29 de las 32 entidades (únicamente en Sinaloa, Tlaxcala y Tabasco no registramos tal presencia). Pero si tomamos en cuenta la presencia geográfica de sus organizaciones subordinadas (25) y aliadas (24), su presencia aumenta a todas las entidades del país. Asimismo, como en el caso del CDS, los giros de negocio de CJNG trascienden el tráfico trasnacional de drogas e incluyen el narcomenudeo, el tráfico de armas, el robo de transportistas, el lavado de dinero, el robo de combustible, el contrabando y la trata de personas. Indirectamente, el CJNG también está metido en la extorsión, el robo de ferrocarril y hasta en el robo a casa-habitación, entre otros.
Un contraste importante entre estos dos grandes cárteles es que, mientras el CDS sostiene conflictos con 12 organizaciones a lo largo del país, el CJNG libra batallas simultáneamente con 53 organizaciones en territorio nacional. Esta gran cantidad de conflictos en los que aparecen inmiscuidos CJNG y asociados se debe a la agresiva estrategia de expansión territorial que ha caracterizado al CJNG desde su creación en 2010. Lo anterior ha obligado al CJNG a sostener, a lo largo de los años, una activa estrategia de reclutamiento criminal, lo que a su vez lo ha inclinado a cultivar bases de apoyo social en territorios estratégicos para el almacenamiento, trasiego y distribución, no sólo de drogas, sino también de armas, vehículos, equipos de comunicación y mercancía robada.
Dada la información que tenemos, vía fuentes abiertas, sobre su ubicación territorial, los niveles de violencia registrados ahí donde encontramos algunos de sus principales centros de operación, la diversidad y naturaleza de los giros de negocio en los que participan, el número de organizaciones con las que están vinculados, sus necesidades de personal armado y capacidades de reclutamiento, sus otras necesidades laborales de carácter logístico y administrativo, ¿cuáles serían unas estimaciones tentativas sobre el número de personas que colaboran tanto con el Cártel de Sinaloa como con el Cártel Jalisco Nueva Generación? Estos serán los temas que abordaré la próxima semana, en la segunda parte de esta entrega.
Hasta 23,600 en el núcleo de ambos cárteles; y hasta 48,700 con grupos aliados
La semana pasada comenté en este espacio las cifras que Anne Milgram, la directora de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, presentó al Congreso de dicho país, en relación con el número de integrantes del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con Milgram, se trata en total de 44 mil 800 personas. En sentido estricto no puede contabilizarse el número de personas que colaboran con los cárteles. Al no haber una relación contractual ni una serie de obligaciones por parte del patrón, como la retención de impuestos, es imposible determinar quién trabaja para una organización criminal y quién no. Por lo mismo, con el crimen organizado, la diferencia entre un “trabajador” o “miembro” y un simple proveedor de servicios es inevitablemente difusa.
Aun así, me parece primordial que empecemos a dimensionar la proporción del fenómeno criminal en nuestro país, particularmente el número de personas que se ganan la vida directamente del trabajo con alguna de las dos grandes coaliciones delictivas. Ahora bien, para generar una estimación del número de personas que trabaja para los cárteles, es indispensable ser creativos. Debido a los altos índices de impunidad en México, ni las fiscalías ni el sistema de readaptación social ofrecen parámetros que nos permitan calcular el número de personas que trabajan para el crimen organizado. Considerando este vacío de cifras oficiales, opté por utilizar dos piezas de información que se desprenden del trabajo que realizo como consultor en los últimos 15 años.
Por un lado, coordino un monitoreo de la presencia territorial reportado en fuentes abiertas (sobre todo en medios locales) de las principales organizaciones que operan en todo el país, no sólo en el ámbito estatal, sino también por municipio y, en algunos casos, por localidad. De acuerdo con este monitoreo, se ha reportado presencia del Cártel de Sinaloa (solamente la organización central, sin considerar a sus numerosos grupos aliados y subordinados) en al menos 104 municipios del país. La cobertura territorial de CJNG es considerablemente mayor, pues su presencia se ha reportado en, al menos, 354 municipios.
La segunda pieza de información que utilicé para generar la estimación proviene del trabajo que he realizado a lo largo de estos años con algunos gobiernos municipales, el cual involucra un seguimiento cercano de las células criminales que operan en su territorio (donde tenemos una idea relativamente certera del número de personas que localmente trabajan para una organización, que además podemos cotejar con la valoración de los mandos policiales). Aprovechando esta experiencia, mi equipo elaboró la semana pasada una serie de cálculos del número de personas que el crimen organizado típicamente emplea para mantener presencia directa en un territorio. Aunque los parámetros varían de acuerdo con el tipo de actividad que se realice, llegamos al acuerdo de que, ahí donde tienen presencia, los cárteles típicamente tienen entre 15 y 25 integrantes por cada 100 mil habitantes (la cifra se eleva ligeramente en el caso de organizaciones colaboradoras clasificadas como “mafias” o disminuye un poco cuando se trata de “bandas” delictivas).
Con base en estos parámetros, estimamos que el Cártel de Sinaloa está en el rango de los 4 mil 300 a los 7 mil 100 miembros (el rango va de los 9 mil 400 a los 14 mil 800 miembros si contemplamos a sus organizaciones aliadas y subordinadas). El CJNG está en un rango de los 9 mil 900 a los 16 mil 500 miembros (y va de 21 mil 900 a 33 mil 900 con sus organizaciones aliadas y subordinadas). Para estas estimaciones sólo contemplamos a quienes conforman el primer círculo o núcleo de las organizaciones. Es decir, a quienes realizan labores directivas, administrativas, logísticas y de seguridad de forma relativamente continua, y que también forman parte de la estructura de cada organización. Quedan fuera de este cálculo (y serán objeto de futuras estimaciones) grupos más numerosos, como los narcomenudistas, cobradores de cuota, halcones o punteros (i.e., vigilantes), por ejemplo, que frecuentemente son subcontratados (no se identifican como parte de la organización ni conocen su estructura).
También quedan fuera otros sectores amplios que se benefician o dependen económicamente del crimen organizado. En aquellas zonas rurales donde se produce de forma intensiva mariguana o amapola, hasta un tercio de la población llega a dedicarse a dichos cultivos. En el ámbito urbano, los taxistas, transportistas –y frecuentemente también la policía– suelen tener algún grado de subordinación respecto a actores criminales. Estos grandes colectivos, aunque no se identifiquen propiamente como criminales, forman parte de una base social del crimen, de cientos de miles de personas, que puede desempeñar un papel estratégico. Por ejemplo, para el bloqueo de vialidades en respuesta a arrestos de alto perfil u operativos de la Guardia Nacional o de las Fuerzas Armadas.
Las estimaciones que mencioné son claramente tentativas. Aun así, más allá del ruido mediático que se pueda hacer (como el que hizo Anne Milgram hace unos días), al hablar de miles o decenas de miles de personas al servicio de los cárteles, se trata de un dato de la mayor relevancia, tanto para la estrategia de seguridad, como para las políticas sociales de prevención de la delincuencia.