Coparmex exige implementar la Ley General de Mejora Regulatoria en beneficio de las empresas

(ENRIQUE HERNÁNDEZ. FORBES MÉXICO)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió la implementación de la Ley General de Mejora Regulatoria, ya que hay 151 regulaciones con potencial de afectación a las empresas y personas.

“Es urgente la plena implementación, en todo el país, de la Ley General de Mejora Regulatoria, particularmente a nivel municipal”, afirmó el organismo dirigido por José Medina Mora Icaza.

Una política moderna de mejora regulatoria debe establecer y valorar, a través de la transparencia, simplificación y facilitación de procesos, un estímulo a la competitividad y la formalización de las actividades sociales y económicas, recordó.

Agregó que el compromiso de la Coparmex con la mejora regulatoria no es reciente ya que han trabajado más de una década para que este tema sea prioritario en la agenda pública de los gobiernos, en todos sus niveles.

El órgano patronal aseguró que contribuyó a que la política de mejora regulatoria se insertara en la Constitución y fue precursora de la Ley General de Mejora Regulatoria publicada de mayo 2018.

“Esta ley ha facilitado que cada autoridad local genere su propio marco normativo, basado en criterios mínimos para impulsar su propia simplificación regulatoria”.

La Ley de Mejora Regulatoria, añadió, implicó la incorporación de diversas herramientas para el análisis del impacto de las regulaciones y mejores mecanismos de participación ciudadana, con la finalidad de promover la participación ciudadana y empresarial en el proceso de creación de normas y regulaciones, manteniendo actualizado el marco normativo federal.

En abril de 2021, la Confederación Patronal de la República Mexicana lanzó en abril de 2021 la Alerta Regulatoria que permite hacer un monitoreo continuo de todos los proyectos regulatorios que están en revisión por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer)

“Tan solo entre 2021 y 2024, se identificaron 151 regulaciones con potencial afectación a los sectores productivos. Estas regulaciones fueron clasificadas de la siguiente manera: 11 por ciento extremadamente sensibles, 41 por ciento muy sensibles, 35 por ciento sensibles y 13 por ciento de interés”.

Añadió que la Alerta Regulatoria elaborada por la Coparmex ha permitido identificar fallas en el proceso de creación de nuevas regulaciones, ya que “de 2021 a 2024 se han detectado 43 regulaciones mal clasificadas como sin costo cuando, en realidad, sí generan afectaciones a las personas y empresas”.

El sindicato patronal reconoció la prioridad que Claudia Sheinbaum, presidenta electa, le está dando a la simplificación y digitalización de trámites para reducir los costos y cargas administrativas.

“Apreciamos la designación de Marcelo Ebrard Casaubón, como secretario de Economía, y de José Antonio Peña Merino, como Titular de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT), cuya misión será impulsar la política de mejora regulatoria mediante la agilización y digitalización de trámites en México.

Hoy estamos convencidos de la importancia de que exista una política de mejora regulatoria que homologue la forma como las autoridades federales, estados y municipios generan nuevas normas y nuevos trámites, además de revaluar los ya existentes, dijo Coparmex.

“Este instrumento ha sido valioso para impulsar agendas que promuevan las mejores prácticas en la elaboración de regulaciones que maximicen el bienestar social e impongan las menores cargas regulatorias posibles a los particulares”, expresó.

La propuesta de Coparmex para la mejora regulatoria y simplificación de trámites no sólo busca reducir la carga administrativa, sino también aumentar la eficiencia y competitividad del país.

Actualmente, las empresas destinan un promedio de 120 horas anuales para cumplir con trámites regulatorios, un tiempo que podría dedicarse a actividades productivas, precisó.

El organismo empresarial recordó que el Análisis de Impacto Regulatorio es crucial para evaluar y socializar nuevas regulaciones.

Sin embargo, existen discrepancias que generan incertidumbre:

Contradicciones normativas: Hay diferencias entre los plazos de consulta pública y los plazos de resolución de la Conamer, lo que puede resultar en dictámenes emitidos antes de concluir la consulta pública. Aunado a ello, es un proceso que puede resultar engorroso y poco transparente para las personas que no estén familiarizadas con su funcionamiento.

Falta de homologación nacional: No existe un criterio uniforme sobre la operación del AIR a nivel nacional. La Ley General de Mejora Regulatoria y la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria indican la necesidad de lineamientos generales para uniformar el proceso.

Los trámites mal diseñados restan productividad y eficiencia a las cadenas de valor. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) del INEGI, el 28 por ciento de las empresas a nivel nacional considera que la realización de trámites, atención de normas, licencias, permisos o inspecciones gubernamentales representan obstáculos para el cumplimiento de sus objetivos operativos.

Según Data Coparmex, el 55 por ciento de las empresas socias de la Coparmex han enfrentado problemas al cumplir con el marco regulatorio.

Existe una gran oportunidad para eficientar los trámites que lleva a cabo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, su ámbito de actuación tiene que ver con la alimentación, la atención a la salud, la prevención de enfermedades, detalló la Coparmex.

Sin embargo, se ha convertido en un “cuello de botella” que impide la entrada de nuevos competidores o incluso la adopción de nuevas tecnologías en temas de salud, apuntó.

Consideró que, aunque se han hecho esfuerzos para reducir la corrupción y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, estos trámites siguen siendo complejos y generan gastos adicionales para sortear multas y otras sanciones, contratar personal especializado y pérdida de tiempo en gestiones.

“Proponemos un cambio de paradigma en donde la política de mejora regulatoria incluya los trámites fiscales y aduanales. Creemos que hay mucho que se puede hacer para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones y hacer estos trámites más ágiles y comprensibles”.

Para los trámites aduanales, la Coparmex ha identificado una gran complejidad en la gestión de procesos de importación y exportación; proponemos una revisión integral de las reglas y procesos necesarios para la gestión de productos que crucen fronteras, facilitando el comercio internacional para las naciones.

“Estas medidas permitirán a las empresas enfocarse en su crecimiento y desarrollo, contribuyendo así al fortalecimiento económico del país”, concluyó Coparmex.