(ROBERTO MORALES. EL ECONOMISTA)
Cuatro estados de la Unión Americana concentran 80% de las exportaciones de maíz a México: Kentucky (28%) Idaho (24%), Indiana (19%) y Iowa (10%), de acuerdo con datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Conforme comienza a calentarse el ambiente por las elecciones estadounidenses de 2024 para elegir los cargos de presidente, vicepresidente, 435 representantes, 34 senadores y 13 gobernadores, los políticos de esos cuatro estados han hecho estridente el caso comercial del maíz transgénico entre ambos países. En particular, en Indiana habrá elecciones a gobernador.
Un análisis de Consultores Internacionales Ansley indicó que las implicaciones para México podrían venir en dos sentidos: primero, encarecería la importación de maíz amarillo genéticamente modificado para consumo humano y generaría incertidumbre para la industria pecuaria dado que la sustitución de abasto podría derivar en una potencial restricción a las importaciones.
Por otro lado, en caso de que México pierda el panel y no se modifiquen estas políticas, se podrían eventualmente establecer represalias a las exportaciones nacionales.
Contrario a la posición de Estados Unidos frente al tema, funcionarios mexicanos sostienen que las medidas impuestas no vulneran el comercio bilateral, y que, de iniciar un panel de controversias, México defenderá sus políticas agro-biotecnológicas.
En cualquier caso, el flujo comercial de este producto es notorio. Para dimensionar la cifra, en 2022 México importó de Estados Unidos 28,459 millones de dólares en bienes agroalimentarios y tan sólo el maíz representa 17% de estas compras, así como 12% de las importaciones mexicanas agroalimentarias procedentes del mundo.
Previo al inicio de consultas, asociaciones agrícolas de Estados Unidos, como la Asociación Nacional de Cultivadores de Maíz y la Organización de Innovación Biotecnológica (BIO, por sus siglas en inglés) presionaron a la Representación Comercial de la Casa Blanca (USTR) para iniciar un procedimiento de resolución de disputas bajo el T-MEC, al argumentar su objeción en relación con la naturaleza de los decretos y solicitar tomar medidas de cumplimiento sobre el tratamiento de la biotecnología agrícola en México.
Además, funcionarios estadounidenses del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) mencionaron en diversas ocasiones que las disposiciones establecidas en el decreto de febrero 2023 amenazan con interrumpir el intercambio comercial agrícola bilateral.
En marzo de 2023, el gobierno estadounidense solicitó a México consultas técnicas para resolver el diferendo, no obstante, las conversaciones no fueron satisfactorias.