IVONNE MELGAR. EXCÉLSIOR.- Legisladores oaxaqueños intentaron evitar la incorporación de las mujeres a la vida política, lo que desató protestas, mismas que fueron apoyadas por diputadas y exigieron acatar el fallo de la corte
La pretensión fallida del Congreso de Oaxaca, de eliminar la paridad para los pueblos que se rigen por usos y costumbres resultó contraproducente para quienes querían frenar la incorporación de las mujeres en la vida política.
Porque el hecho de que los legisladores hubieran retrasado la aplicación de ese principio constitucional para las comunidades indígenas no hizo más que profundizar el empuje de las organizaciones que salieron a protestar por la discriminación de la que eran víctimas.
El activismo de las inconformes involucró a las diputadas federales de diversos partidos de esa entidad, quienes acompañaron a las afectadas, tanto en la denuncia del atropello del que dijeron padecer como en la celebración de la sentencia que a su favor la Suprema Corte estableció hace una semana.
Diputadas de Morena y del PT hicieron un llamado a las autoridades y al Congreso de Oaxaca para que asuman en todos sus términos la resolución de los ministros que declararon inconstitucional el haber suspendido el principio de paridad en la representación política de los pueblos que se rigen por usos y costumbres.
Acompañadas de legisladores de ambas bancadas, la petista Margarita García y la morenista Beatriz Pérez López lamentaron el retroceso que implicó para las mujeres de las comunidades indígenas esa medida que se adoptó en septiembre anterior y que la SCJN ya desechó.
Alertaron las diputadas que en los cabildos de los pueblos originarios la participación femenina ha puesto en jaque al machismo al señalar casos de abuso y corrupción.
La modificación legislativa aprobada en septiembre incorporó un transitorio que pospuso la paridad que, originalmente, debía cumplirse en 2023 en los 417 ayuntamientos que se rigen por usos y costumbres.
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La presión para que el entonces gobernador Alejandro Murat la vetara no tuvo éxito. Pero la Sala Superior de la SCJN desechó el transitorio, obligando a las autoridades de Oaxaca a cumplir con el principio constitucional.
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El diputado Daniel Gutiérrez (Morena) aseguró que su bancada será vigilante de este compromiso.
“Nosotros tenemos que garantizar ese derecho de manera general, y más de un estado, que está compuesto por casi 70% de pueblos originarios de indígenas, tiene que ser nuestro trabajo legislativo para el impulso de combatir la pobreza la marginación y, sobre todo, lograr esa participación de las mujeres en nuestra entidad. Hoy celebramos de manera muy puntual y hacemos un llamado muy concreto, que el Congreso de Oaxaca retorne, los principios juaristas: que la espada y el escudo siempre, siempre tiene que ser la ley”, expuso el coordinador de Finanzas Públicas y Fiscalización en el grupo parlamentario de Morena.
Recordó la diputada Pérez López que abogadas de las comunidades se movilizaron en contra de la disposición legislativa estatal que frenó la incorporación de las mujeres indígenas en igualdad de condiciones con respecto al resto del país, en las elecciones locales de diciembre pasado.
La diputada Eufrosina Cruz (PRI) lo denunció en la tribuna de la Cámara al presentar una iniciativa constitucional que precise que la paridad que ahora se aplica para todos los cargos de elección sea extensiva en los pueblos originarios.
Consecuentemente, la legisladora del PRI propuso una adición al 2 constitucional, en el apartado A, fracción tercera: incluir la palabra paridad.
“¿Por qué vivo en un país que me trata diferente? Porque cuando la Constitución de mi país dice que en los tres niveles de gobierno ya debe de haber paridad y resulta ser que para los municipios indígenas no, bajo el argumento de que la libre determinación es más importante que la paridad. Pero resulta ser que esa libre determinación la definen los hombres”, planteó la diputada Cruz.
Antes de que la SCJN les diera la razón, activistas, abogadas, políticas de las comunidades indígenas de Oaxaca se hicieron escuchar en la Cámara de Diputados, dejando testimonio de la fuerza de su movimiento en defensa de sus derechos políticos.
Yute Ita, de la Red Nacional de Abogadas Indígenas, reclamó que la modificación del transitorio tercero del decreto 1511 fuera aprobado por la mayoría de Morena. PT y Partido Verde al frenar el cumplimiento de la paridad de municipios donde se rigen por sistemas normativos indígenas que a finales de 2022 renovaron regidurías, cabildos y alcaldes.
Fue una coyuntura política en que las mujeres oaxaqueñas dejaron en claro que la gradualidad que les querían aplicar en el acceso a los cargos de elección popular representaba una violación a sus derechos humanos y un retroceso.
Inés Leal Peláez de la Asociación Alma Oaxaca y de la Alianza de Líderes Mujeres Activistas de Oaxaca señaló que esa “ley nefasta” lesionaba los derechos logrados.
No podemos condenar a nuestras compañeras mujeres a que sigan estando sometidas a decisiones que ellas no están de acuerdo. Lo que se ha avanzado se tiene que respetar y tenemos que dar pasos hacia adelante en esta Cuarta Transformación: no se valen los retrocesos”, expuso la exdiputada local por Morena.