(SANDRA CASTRO. EL SOL DE MORELIA)
MORELIA. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reconoció que las comunidades indígenas con autogobierno son acechadas por su defensa de los bosques y recursos naturales.
El mandatario se refirió al ataque armado registrado la madrugada del domingo en Tarecuato, en el que unos 40 integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresaron a la comunidad en un convoy de camionetas y dispararon contra la jefatura de tenencia.
Afirmó que el principal interés de las células delincuenciales son los recursos forestales, mismos que son defendidos por las autoridades comunales con sus guardias comunitarias, las cuales son reconocidas y adiestradas por el gobierno del estado.
Ramirez Bedolla dijo que al menos hay dos comunidades bajo asedio, Tarecuato y La Cantera —ambas en el municipio de Tangamandapio— de las 38 reconocidas con autogobierno por el gobierno del estado.
Tangamandapio es un municipio en el norte de Michoacán, cercano a la frontera con Jalisco. Tiene una amplia superficie boscosa donde abundan los árboles de pino y encino. Desde 2020 los habitantes del municipio acusan que sus bosques son amenazados, primero por aguacateros que provocaron incendios forestales para ampliar sus cultivos y luego por grupos del crimen organizado que buscan hacerse de recursos con el comercio ilegal de madera.
La Comisión Forestal del estado (Cofam) señala que diariamente tres hectáreas de bosque son desmontadas (taladas ilegalmente) y ha denunciado reiteradamente que no puede hacer trabajo de inspección en los aserraderos y carreteras para determinar el origen de la madera que se comercializa debido al asedio de grupos de civiles armados.
En el estado han sido asesinados al menos cinco activistas defensores de los bosques y medio ambiente en los últimos cuatro años. Destacan los casos de Homero Gómez González, defensor de los santuarios de la mariposa monarca, desaparecido el 14 de enero de 2020 y hallado muerto 17 días después.
En abril de 2023 desapareció y luego fue encontrado el cuerpo de Eustacio Alcalá, defensor ambientalista del municipio de Chinicuila, quien luchaba contra la explotación ilegal de una mina en la zona. En febrero de ese año fue asesinado Alfredo Cisneros, en la comunidad indígena de Sicuicho, defensor de los bosques de su región y miembro del Consejo Comunitario de Tierras.
También en enero de 2023 desaparecieron Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia, comuneros y defensores de derechos humanos de Aquila que pugnaban contra una minera que opera en su comunidad.
En el estado, las autoridades identifican al CJNG, Cárteles Unidos, La Familia Michoacana y otros grupos de menor tamaño como los principales generadores de la tala ilegal, de la que obtienen recursos al vender la madera, principalmente fuera del país, y luego sustituir los árboles por cultivos de aguacate. de donde también obtienen ganancias.
Además del daño ambiental por la pérdida de bosques, el estado también ve una reducción importante del hábitat de la mariposa monarca, especie que migra desde Canadá a los bosques michoacanos durante el invierno para reproducirse.
A pesar de que los ejidatarios se organizan en defensa comunitarias, y las múltiples denuncias que han hecho ante las autoridades mexicanas y organismos internacionales, los grupos criminales amplían su dominio en el territorio michoacano, por ello, Ramírez Bedolla afirmó que elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal mantienen su apoyo.
