La semana pasada, Inside US Trade, medio estadounidense de noticias en línea especializado en comercio y con gran influencia en Estados Unidos, publicó en la sección USMCA la nota U.S. slams Mexico for ‘after-the-fact attempt’ to justify GE corn policy (EU critica a México por ‘intento a posteriori’ de justificar política de maíz transgénico).
Según la nota de su servicio para suscriptores, “México no ha demostrado que sus restricciones al maíz genéticamente modificado se basen en preocupaciones válidas sobre la seguridad alimentaria, dice Estados Unidos en una nueva presentación ante un panel de resolución de disputas del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), acusando que el país no realizó una evaluación de riesgos antes de implementar las medidas y se apoya en estudios ‘dudosos’ para defenderlas”.
Inside US Trade refiere que la presentación de Estados Unidos, fechada el 2 de abril y dada a conocer públicamente esta semana, “es la última andanada en una disputa sobre un decreto de 2023 de México”, donde se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz OGM (organismo genéticamente modificado).
En ese decreto, emitido por el presidente López Obrador el 13 de febrero de 2023, se prohíbe el uso de maíz biotecnológico, o transgénico, en tortillas y masa, y también se instruye a las agencias gubernamentales mexicanas a sustituir gradualmente el uso de este tipo de maíz en productos destinados tanto al consumo humano como a la alimentación animal.
Desde entonces, EU ha argumentado que estas medidas van en contra de décadas de evidencia científica que respalda la seguridad de los productos biotecnológicos.
A finales de marzo, el gobierno mexicano anunció que decidió posponer la prohibición del glifosato en la agricultura mexicana, la cual iniciaba el 1 de abril, debido a la falta de alternativas viables y seguras para sustituir el controvertido herbicida.
No así en el caso del maíz OGM, que llevó a EU y Canadá a solicitar consultas bajo el T-MEC respecto al decreto presidencial de México sobre maíz transgénico, pero al no haber acuerdo el conflicto escaló a un panel de solución de controversias.
Según la versión pública del documento del pasado 2 de abril, que el Representante Comercial de EU (USTR) presentó al panel que revisa el caso del maíz transgénico, donde responde a la postura inicial de México planteada el 15 de enero, el gobierno estadounidense argumenta que el decreto mexicano no es una medida sanitaria o fitosanitaria.
Reitera al panel que las restricciones impuestas por México generan un trato discriminatorio en contra del maíz transgénico proveniente de EU.
EU acusa que sus exportaciones de maíz blanco a México se han desplomado alrededor de 40 por ciento anual en volumen y de 50 por ciento en valor total desde la publicación del decreto.
USTR atribuye estas caídas directamente a las “restricciones de México al uso de maíz genéticamente modificado”.
Además de las afectaciones comerciales, el gobierno estadounidense advierte que la gradual sustitución ordenada por AMLO del maíz transgénico importado “ha creado una incertidumbre significativa” para agricultores y empresas de ambos países.
También se apunta que México presenta “hipótesis” sobre supuestos riesgos del maíz OGM “basándose en una selección arreglada de artículos dudosos”, pero no realiza un análisis que demuestre que realmente existen problemas de inocuidad alimentaria.
Antes de EU, Canadá dio respuesta al planteamiento inicial de México, mediante un documento fechado el 15 de marzo presentado al panel, donde, al igual que el gobierno estadounidense, argumenta que el decreto mexicano no es una medida sanitaria o fitosanitaria.
Más aún, transmite su preocupación por la “incongruencia” de México al prohibir la importación y venta de maíz transgénico para su uso en masa y tortilla, a pesar de que productos de OGM han sido previamente autorizados como inocuos.
En su postura, Canadá coincide con EU en que las restricciones de México “pueden, directa o indirectamente, afectar el comercio internacional”.
A todo esto el gobierno mexicano tendrá que dar respuesta al panel a más tardar el próximo 21 de mayo, como paso previo para una audiencia pública programada para finales de junio.
La pregunta es qué tan sólida es la posición de México sobre el maíz transgénico y su compatibilidad con los compromisos suscritos en el T-MEC.
