Esta semana usted va a conocer a Ron DeSantis, actual gobernador de Florida, que aspira ser presidente de Estados Unidos, y que, para lograrlo, acaba de promulgar la peor ley estatal de inmigración en la historia. A esta ley ya se le considera no la más estricta, ni la más dura, sino la más cruel en la historia de este país.
Aquí le voy a dar los detalles y los antecedentes, de porque está acción está por pegarle fuerte en el rostro a México, y a los millones de familias mexicanas que reciben dólares semanalmente en remesas, de parte de sus familiares que trabajan por todo el estado de Florida.
DeSantis, en la opinión de muchos analistas políticos, está atacando a la inmigración indocumentada, porque eso le dio buenos resultados a Donald Trump, y DeSantis se convirtió ya en una mala copia del expresidente. El mismo Trump se ríe del gobernador diciendo que millones de estadounidenses aún quieren a Trump, pero no a su burda y hasta tragicómica copia.
Además, a nivel nacional hay alarma porque la nueva ley de Florida al criminalizar a los indocumentados castigará al mismo tiempo a quienes los emplean. Miles de agricultores, de constructores y cientos de miles de empresarios, en la vastísima industria turística del “Estado del Sol”, se quedarán sin trabajadores. El impacto de pérdidas económicas tendrá que ser significativo.
Otros estados como Arizona y Alabama ya cometieron, hace años, el mismo error y eso les costó caro en sus finanzas públicas, y retrasó su desarrollo por varios años.
Además, los políticos que las promovieron terminaron con sus carreras hechas polvo, cuando las cortes de justicia invalidaron las leyes que emitieron basadas en un precepto constitucional que no es muy difícil de entender:
“Las leyes migratorias y su aplicación y control son la responsabilidad exclusiva del ejecutivo federal, que para esta interpretación jurídica es el presidente de Estados Unidos”.
Estas leyes no son potestad de los gobernadores estatales.
DeSantis dice que ese principio está errado y está dispuesto a llevar esto hasta sus últimas consecuencias.
Para que usted tenga una idea de las partes más significativas de esta legislación ya aprobada por el congreso estatal y ya firmada por el gobernador DeSantis, solo échele un vistazo muy general al contenido de la ley anti-inmigrante de Florida:
- Cualquier hospital que acepte subsidios estatales (la mayoría) deberá poner como condición para tratar a un paciente, verificar que está legalmente presente en los Estados Unidos.
- Todas las policías en Florida sean estatales, de los condados o municipales, deberán dejar de reconocer como válidas las licencias y permisos de manejar ya emitidos por otros 19 estados, y el Distrito de Columbia, a personas que viven ilegalmente en el estado.
- La ley convirtió en un delito grave de tercer grado, transportar a inmigrantes que residan ilegalmente en el país. Transportar a menores de edad indocumentados será considerado un delito grave de segundo grado.
- La nueva ley hace ilegal emplear, contratar, reclutar o siquiera recomendar para un empleo público o privado a “ciudadanos extranjeros” que no estén autorizados para trabajar en Florida.
Es obvio que DeSantis, quiere que esto impulse la campaña presidencial que está lanzando este mes. Curiosamente su línea dura anti-inmigrante, no está logrando el mismo nivel de apoyo que el expresidente Trump obtuvo en el 2016.
En varias columnas de opinión en los diarios, los editorialistas le reclaman al gobernador, que esté ignorando que los inmigrantes son seres humanos. Algunos llegando a decir “… Los inmigrantes no son las caricaturas macabras retratadas por Trump”.
El sistema inmigratorio de Estados Unidos siempre ha tenido como base la reunificación de las familias. Aquí le llaman “Chain Migration” o inmigración en cadena. Un inmigrante que llega a este país se acomoda, se establece y manda traer a sus padres, hermanos, e hijos, en otras palabras, los miembros de su familia más inmediata.
DeSantis intenta eliminarlo completamente, lo mismo que los llamados “anchor babies” o “bebes ancla”, niños nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados que al recibir la nacionalidad estadounidense impiden la deportación de sus padres.
Ronald Dion de Santis, antes de tener su puesto actual, fue representante (diputado federal) en el congreso en Washington por el distrito número 6 ubicado en el norte de Florida.
Se lo informo para que usted tenga en cuenta que, como congresista, DeSantis pudo haber propuesto legislación para arreglar el descompuesto sistema migratorio de Estados Unidos. Pero, no lo intento. Vaya, ni siquiera intentó modificar o eliminar lo que parece ofenderle más. Las cadenas migratorias basadas en la reunificación familiar. Pero ahora cuando la presidencia está en juego, piensa que esta es su mejor oportunidad para hacerlo, al menos a nivel estatal.
Curiosamente revisando sus antecedentes familiares… ¡Oh sorpresa! Descubrimos que la familia DeSantis es de inmigrantes llegados de Italia al inicio del siglo XX, que pudieron entrar a Estados Unidos, usando precisamente la reunificación familiar como pretexto.
Por separado, encontramos a Luigia Colucci, la tatarabuela materna de Ron DeSantis. Ella llegó de Italia, en el barco “Patria” a Ellis Island, Nueva York el 21 de febrero de 1917, acompañada por sus dos hijas pequeñas, una de ellas la bisabuela materna del hoy gobernador.
Mientras Colucci cruzaba el Océano Atlántico, el Congreso en Washington aprobó la Ley de Inmigración de 1917, que rechazaba recibir en Estados Unidos a los inmigrantes analfabetas, por considerarlos “indeseables”.
Según documentos de inmigración de esos años, Luigia Colucci, no sabía ni leer ni escribir. Era, por tanto, una de las indeseables. Sin embargo, un golpe de suerte la salvó. La ley se retrasó en su aprobación final hasta mayo del 2017, y en marzo de ese año, la abuela materna de DeSantis se coló del centro de detención de migrantes, cruzo a Nueva York y se quedó en Estados Unidos para siempre.
DeSantis se ha negado a responder cómo actuaría ante su propio tatarabuelo de nombre Salvatore Storti, esposo de Luigia Colucci que estaba en Estados Unidos desde 1904. Obviamente la entrada de su tatarabuela y de su bisabuela hay que preguntarse; ¿Podría ser considerado por DeSantis hoy el viaje de Luigia, más de una década después de la llegada de su esposo, “migración en cadena”?
Luigia Colucci venía embarazada… habría que preguntarse si, DeSantis y otros conservadores de línea dura del partido republicano, le llamarían al niño nacido en Estados Unidos de esta inmigrante italiana, un “bebé ancla”.
El gobernador de Florida dice que legalizar a los indocumentados sería un revés a los migrantes que hace años llegaron legalmente.
Pero esa comparación es totalmente injusta, porque como usted acaba de leer en el caso de los tatarabuelos de DeSantis, en los finales del siglo 19 y principios del siglo 20, los requisitos para migrar a Estados Unidos no eran para nada comparables a lo que son los requisitos de hoy.
Por eso, en ese tiempo menos del 2% de los inmigrantes fueron rechazados.
La tatarabuela del gobernador de Florida salió huyendo de Europa debido a la Primera Guerra Mundial. Eso demuestra que la historia de la señora Colucci no fue tan diferente de los migrantes que huyen de partes de Centro y Sud América hoy con sus países devastados por conflictos, por hambre y por violencia.
La nueva ley de Florida entrará en vigor hasta el uno de julio, pero ya desde hoy muchos esperan que dejará devastados los campos del estado.
El 75.6% de la fuerza laboral en la agricultura de Florida es de mexicanos, de gente del caribe y de centro y sudamericanos. El 10.8% de los trabajadores agrícolas proviene de Asia y menos del 2% de África.
Los sitios de construcción resentirán muy pronto también la falta de trabajadores, porque muchos de los más de 800 mil indocumentados de Florida están en este momento decidiendo a qué otro estado se mudará para evitar que la nueva del de DeSantis los convierta en criminales.
Francis Suárez Alcalde Republicano de Miami y presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes de Estados Unidos, acaba de ordenarle a la policía de su ciudad, ni detener, ni interrogar sobre su calidad migratoria a cualquier persona transitando a pie o en algún vehículo por las calles de su ciudad.
El presidente Joe Biden hasta hoy no ha levantado un dedo. Su Departamento de Justicia tampoco ha cuestionado la legalidad de la nueva ley migratoria de Florida. Sería buena idea que Biden, despierte de su sopor y que considere que su silencio le va a dañar más a él en la elección del 24, que al gobernador hipócrita que ignora su propio origen.