(SANUEL CORTÉS HAMDAN. SPUTNIK)
Las persistentes arremetidas del Ministerio Público de Guatemala contra el proceso electoral de este 2023, que incluyen un intento de suspensión del ganador partido político Movimiento Semilla y una petición de retiro de inmunidad al mandatario electo, Bernardo Arévalo, alcanzaron su punto más alto este diciembre.
Esto porque el 8 de diciembre, en conferencia de prensa, la dependencia acusatoria llamó a declarar nulidad en las elecciones, tras sostener que el partido triunfante incurrió en irregularidades durante su conformación como fuerza política y afirmar que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cometió ilegalidades durante el resguardo de las actas de la votación que dio el triunfo a Arévalo.
Así, el Ministerio Público señaló al mandatario electo como presunto responsable de lavado de dinero, en una maniobra que fue condenada por distintas voces guatemaltecas e internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Ante ello, el propio Arévalo volvió a acusar que la acción judicial en su contra, en contra de su partido y en contra del proceso electoral constituyen un intento de golpe de Estado “absurdo, ridículo y perverso” que atenta no solo contra actores políticos específicos, sino contra la propia democracia guatemalteca.
Dado ese escenario, Sputnik conversó con el sociólogo Miguel Alejandro Saquimux, con experiencia en construcción de paz y resolución de conflictos, para evaluar las resonancias políticas, históricas y sociales de este nuevo escenario de inestabilidad en el país del poeta surrealista y guerrillero revolucionario Luis Cardoza y Aragón.
Aparatos paraestatales y crimen organizado
“El golpe de Estado en Guatemala es un hecho”, asienta el sociólogo en entrevista, en beneficio del crimen organizado y los aparatos paraestatales que desde tiempo atrás operan en el país centroamericano, aupados por el Ministerio Público.
La situación, describe, pone en riesgo la posibilidad de que Arévalo asuma el ejecutivo guatemalteco el 14 de enero, como está agendado, junto a su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera. El escenario “también pone en peligro el andamiaje institucional del Estado de Guatemala”.
“Este es un proceso que nunca se había visto en Guatemala desde que se retomó los procesos seleccionarios democráticos en el año 85. En 38 años nunca había habido intentos de golpe de Estado tan burdos, tan ridículos y tan evidentes, pero al mismo tiempo con una unión casi granítica entre todos los grupos golpistas“, que maridan a fuerzas criminales con la oligarquía guatemalteca, acusa Saquimux.
Riesgo de autocracia y búsqueda de impunidad
“La gravedad que esto supone es que Guatemala entre en un estado autocrático, en el cual todas las garantías constitucionales que actualmente amparan a la población guatemalteca se pierdan”, afirma.
El sociólogo también llama a notar que si bien el actor institucional que ha encabezado las arremetidas contra el resultado electoral es el Ministerio Público, no se debe omitir el rol que han jugado otras fuerzas institucionales, como la Corte de Constitucionalidad, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Congreso de la República, junto con el Ministerio de Gobernación y la propia presidencia de Alejandro Giammattei.
“Son un conjunto de actores institucionales que responden a intereses particulares de grupos de poder, tradicionales y emergentes, y que ven en peligro sus privilegios y su impunidad ante el hecho de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asuman la presidencia y la vicepresidencia”, sostiene.
“El temor”, añade, “no es infundado, estas personas saben que han cometido una serie de delitos graves contra la institucionalidad y contra el pueblo de Guatemala desde que se inició todo el proceso de boicot al trabajo que en su momento estaba haciendo la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala); y que fue tomada de manera unilateral, en los tiempos del Gobierno de Jimmy Morales, la no renovación del mandato por presiones de empresarios corruptos que habían financiado su campaña electoral”.
Estos empresarios lograron que sus casos hayan sobreseído, con la protección del Estado guatemalteco, acusa el sociólogo consultado por Sputnik, y concretamente con la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, cuya destitución ha sido exigida por distintas manifestaciones sociales debido a su actuar contra el resultado electoral.
La dependencia a cargo de Porras ha sido la entidad facilitadora de estas maniobras de impunidad en favor de los ricos de Guatemala, recrimina Saquimux, mediante la cooptación de juzgados y tribunales, incluida la Corte Suprema de Justicia, lo que también explicaría que la funcionaria judicial fuera ratificada en el cargo por el actual mandatario Giammattei.
¿Es posible echar abajo el golpe de Estado?
Desde el 2 de octubre, las autoridades ancestrales y los pueblos indígenas de Guatemala llamaron a un paro nacional en oposición a la judicialización de las elecciones, recuerda el sociólogo.
La movilización popular, evalúa, de alguna manera ha retrasado las acciones golpistas de estas instituciones contra el resultado de las urnas, en un escenario donde los sectores históricamente excluidos de Guatemala, como los pueblos indígenas, saben que si se consolida el golpe, sus espacios de participación política se verán reducidos, mientras se agudizan prácticas continuas de racismo y clasismo en su contra.
“La forma de contener efectivamente esto pues es responder a los llamados que han hecho los pueblos, a los que también se ha sumado el binomio electo, junto con la futura bancada oficial del partido Movimiento Semilla, y buscar de todas las formas hacer notoria la resistencia”, describe.
La ciudadanía, el Estado guatemalteco, la opinión pública internacional, evalúa el sociólogo, enfrentan el desafío de concientizar que las formas de hacer política en el país centroamericano “ya cambiaron y que la resistencia a esto de parte de los grupos históricamente enquistados en el aparato estatal se niegan a aceptar porque saben que perderán privilegios, porque saben que muchos irán a la cárcel por los delitos que cometieron”.
Socavar el débil estado de derecho
Acciones que amenazan el orden institucional de Guatemala parecidas a las que atraviesa hoy el país, recuerda Saquimux, se han visto antes, como en enero de 2023, cuando se descarriló la aspiración de la activista maya Thelma Cabrera de contender en las elecciones.
“Todo esto es una serie de eventos que le dan una continuidad a todos los intentos de socavamiento de los esfuerzos democráticos e institucionalizadores que se venían dando en Guatemala hasta el año 2018, año en el que se da el primer rompimiento institucional, cuando el Ministerio Público no ordena lo conducente en contra del presidente de la república, en ese entonces Jimmy Morales”, observa, además de los entonces ministros de Relaciones Exteriores y Gobernación.
“A partir de ahí hasta la fecha todo han sido ilegalidades que lo único que han logrado es socavar el poco estado de derecho que se había logrado construir en Guatemala; y que ahora la herencia que nos dejan es una herencia que va a costar mucho, primero, para poder recuperar la confianza en las instituciones, segundo, la confianza en las autoridades”, evalúa.
“Y tercero, qué actores van a quedar con remanencias que posiblemente les permitan establecer un tipo de negociaciones espurias con miras a boicotear los procesos democratizadores que pueda impulsar Bernardo Arévalo y Karin Herrera”, vaticina el sociólogo.
El pueblo, un actor incisivo
Exmandatarios de Paraguay, España y México, como Mario Abdo, José María Aznar y Felipe Calderón, respectivamente, o el hoy presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, junto a la mencionada OEA y otros sectores de la comunidad internacional, han refrendado su apoyo a Arévalo.
Si bien es importante este respaldo allende las fronteras guatemaltecas, valora Saquimux, es el pueblo guatemalteco quien debe movilizarse como un actor incisivo en defensa de la democracia, tal como han hecho las autoridades ancestrales del país centroamericano.
“Es cierto que está judicializado (el proceso electoral), los intereses políticos son los que están marcando la agenda y que actualmente no hay garantías con el sistema de justicia que tenemos, con las autoridades que fueron nombradas a dedo por parte del Congreso de la República”, califica.
Toca “seguir en resistencia, en una lucha digna, que es lo que se ha venido haciendo desde el 2 de octubre de 2023″, considera el sociólogo.
Además, estima, la demanda social debe dejar claro que su marco de peticiones no es negociable y debe insistir en su exigencia de que renuncie Consuelo Porras a la titularidad del Ministerio Público, junto al juez Fredy Orellana, la fiscal regional Cinthia Monterroso y el fiscal contra la impunidad Rafael Curruchiche.
“Así como es innegociable su renuncia, también el futuro Gobierno del Movimiento Semilla tiene que impulsar procesos de rendición de cuentas y empezar a construir las garantías de no repetición” de estas acciones antidemocráticas, mediante juicios y castigos objetivos.
Con ese proceso, evalúa, debe asentarse con total claridad que “es imposible que Guatemala vuelva a la senda del autoritarismo, de la autocracia y de los regímenes que no permiten que las diferencias políticas converjan dentro no solo de los procesos electorales, sino también en la construcción de las políticas”.
