El Poder Judicial se va a paro nacional; trabajadores no laborarán entre hoy y el martes

(DAVID VICENTEÑO. EXCÉLSIOR)

En una protesta inédita en México, los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) pararán labores durante varios días, en protesta por la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos.

Jesús Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del PJF, informó que el paro se realizará de manera pacífica a partir de este jueves y hasta el próximo 24 de octubre.

Explicó que el cierre de oficinas fue acordado anoche, en una reunión urgente del consejo nacional del sindicato, integrado por 67 secciones. “Por una mayoría de 97 votos contra tres se eligió el paro”, afirmó.

Más tarde, aclaró que la protesta contra la extinción de los fondos, aprobada el martes en la Cámara de Diputados, no afectará algunas tareas del PJF.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Imagen Televisión, dijo que sí habrá servicios en casos urgentes de juicios penales y asuntos que lleguen a la Defensoría Pública.

Cuestionado sobre qué excepciones específicas tendrá el paro, agregó que en “ordenar las aprehensiones, en caso de personas desaparecidas y amparos”. Manifestó que estas funciones se mantendrán como parte del compromiso de los trabajadores judiciales con la sociedad.

Por la mañana, el presidente López Obrador criticó a quienes defienden las prestaciones de los altos mandos del Poder Judicial y los exhortó a trabajar en los despachos privados y no a costa del presupuesto, si es que quieren hacerse ricos.

Poder Judicial se va a paro

Realizarán recorridos de protesta en las diferentes sedes del 19 al 24 de octubre; no se verán afectadas órdenes de aprehensión, amparos y casos de desaparecidos.

En una medida inédita, los trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF) acordaron anoche realizar un paro de labores del 19 al 24 de octubre, en protesta por la desaparición de 13 de 14 fideicomisos resuelto por la Cámara de Diputados.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF), informó que de manera pacífica protestarán en sus centros de trabajo, sin que se realicen bloqueos viales.

Indicó que se realizó una sesión en la que se resolvió de manera plenaria el paro para manifestar su inconformidad.

“Acabamos de tener una reunión urgente con el Consejo Nacional, con las 67 secciones, y por una mayoría de 97 votos contra 3, se eligió el paro”, explicó González.

Agregó que durante las jornadas de protestas realizarán recorridos en las diferentes sedes del PJF en la capital del país, en sus principales centros de trabajo, como el Palacio de Justicia Federal, en San Lázaro; en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Instituto Federal de Defensoría Pública.

El dirigente sindical agregó que se buscará una reunión con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, para darle a conocer la preocupación de los trabajadores por la desaparición de los fondos que impactarán en sus ingresos.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, para Imagen Televisión, el dirigente del STPJF, Jesús Gilberto González Pimentel, confirmó que se van a paro nacional a partir de hoy jueves y hasta el próximo martes, en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos.

Aclaró que la protesta no aplicará en las urgencias en los juicios penales y los asuntos que lleguen a la Defensoría.

El periodista le preguntó en qué tipo de casos aplicará la excepción del paro nacional.

“Ordenar las aprehensiones, en caso de personas desaparecidas y amparos”, enumeró.

Gómez Leyva le insistió si eran ese tipo de tareas las que no se van a suspender, Jesús Gilberto González aseguró que no porque los trabajadores del Poder Judicial tienen un compromiso con la sociedad.

Expresó el líder sindical que el paro concluirá el martes, día en que él participará en el Congreso en un Parlamento Abierto en torno a la desaparición de los fideicomisos.

Afirmó que nunca en la historia del Poder Judicial había sucedido una reivindicación de esta naturaleza, misma que ahora responde, dijo, a la amenaza que viven a sus derechos y prestaciones, así como por los insultos recibidos.

Por otra parte, las protestas en la capital del país y otros estasos se mantuvieron por parte de trabajadores.

Con información de
Fernando Pérez, Fabiola Xicoténcatl, Patricia Briseño y Lourdes López

Presidente acusa de pecado social a empleados

(ISABELO GONZÁLEZ)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que es vergonzoso defender los altos sueldos de jueces, magistrados y ministros cuando la elite del Poder Judicial de la Federación trabaja para los potentados y sólo resuelve fallos en contra del pueblo de México.

Se trata de un pecado social, estimó el Ejecutivo federal al proponer someter a escrutinio el patrimonio de los altos funcionarios del Poder Judicial, ya que “ni con esos altos sueldos” de 700 mil pesos al mes, en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pueden mantener las mansiones en las que viven.

“¿Entonces por qué debe haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto de la población?, ¿por qué hay privilegios? ¿Cómo es que la mayoría de los trabajadores de México, 22 millones de trabajadores, ganan en promedio 16 mil pesos mensuales y un ministro de la Corte llega a reunir al mes 700 mil pesos para 16 mil promedio? ¿Eso es lo que están defendiendo? Es una vergüenza. Pero además una gente que se atreve a recibir esos sueldos, esos ingresos, ¿ustedes creen que tiene vocación de servicio? No, lo que le importa es lo material (…) y pueden ganar eso y más pero no en el servicio público, aquí no es para hacerse ricos, o para vivir con privilegios, aquí es para servir a los demás”, denunció el mandatario luego de que la Cámara de Diputados eliminó 13 fideicomisos millonarios del Poder Judicial de la Federación.

En la dura crítica a quienes defienden los privilegios y prestaciones exclusivas a altos mandos en el Poder Judicial, López Obrador los exhortó para que se vayan a trabajar a los despachos privados si quieren hacerse ricos, pero no a costa del presupuesto.

“Si quieren ganar ese dinero, ahí están los despachos de abogados, para defender a los potentados, pero no vivir del presupuesto, además sirviéndoles a los potentados”, expresó.

Senado abre debate para extinguir fideicomisos

(LETICIA ROBLES DE LA ROSA)

Segundos después de recibir la minuta que desaparece los fideicomisos del Poder Judicial, el pleno del Senado abrió un debate que mostró las posiciones entre ambos bloques legislativos que marcan el trabajo interno, pues mientras la oposición respaldó al Poder Judicial y criticó en ataque oficialista en su contra, Morena arremetió contra los ministros, magistrados y jueces.

La presidenta de la Comisión de Justicia, la exministra Olga Sánchez Cordero, optó por no fijar posición alguna, pero tampoco expresó a la Mesa Directiva que aceptaba que le turnaran el tema, que es natural para esa Comisión, dado que se trata de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Fue necesario que se abriera el tablero de votaciones para dejar en claro quiénes votaban. La oposición, que tuvo ausentismo, logró 37 votos, mientras que el oficialismo, que también estaba incompleto, obtuvo 44 votos. Sánchez Cordero se abstuvo.

La tensión política en el Senado comenzó a vivirse desde los primeros momentos de ayer miércoles, antes de conocerse que la Cámara de Diputados ya había mandado la minuta.

Los morenistas, que estuvieron conducidos ayer por César Cravioto, anunciaron en conferencia de prensa que su decisión es respaldar en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados, porque están en contra de los privilegios e insistió que esta decisión no afecta a los trabajadores.

Pero panistas, priistas y perredistas los desmintieron de inmediato, pero no en conferencia de prensa, sino en el pleno, cuando al anunciarse que la minuta había llegado, la panista Kenia López Rabadán planteó que se turnara también a la Comisión de Justicia y que se decidiera después de un Parlamento Abierto; la respaldaron Claudia Anaya, del PRI y Miguel Mancera, del PRD.

Los morenistas dijeron que no. Que el turno sólo debía quedar en la Comisión de Hacienda y respecto al Parlamento Abierto, el morenista Félix Salgado dijo que ya tenían cinco años como senadores y ahora resulta que hasta ahora piden el parlamento abierto.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, decidió que fuera el pleno el que determinará si se mandaba también a la Comisión de Justicia. Los votos de Morena, pese a sus ausencias, fueron suficientes para impedir que el tema pasara a Justicia y será la Comisión de Hacienda la que decida si realiza o no un Parlamento Abierto.

Ministro niega tener privilegios

Al asegurar que la Constitución es la verdadera voz del pueblo y que los fideicomisos están basados en principios internacionales apoyados por la Constitución, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Luis María Aguilar, aseguró que los fideicomisos del Poder Judicial no son privilegios, ni prebendas que ayuden a los ministros, sino para retiro de jueces y magistrados que merecen trabajar con seguridad, independencia y autonomía.

Al participar en la inauguración del congreso internacional Los retos de la Judicatura, organizado por la UNAM y el Poder Judicial, el ministro denunció “que no faltan voces que procuran desestabilizar y minimizar el trabajo de jueces y ministros, y con ellos todo el personal, todos los que constituimos al Poder Judicial de la Federación”.

Subrayó que la guía del Poder Judicial es la Constitución, no los intereses momentáneos de políticos y ciertos grupos sociales” y que la “Constitución es la verdadera voz del pueblo” y lo que deben obedecer los integrantes de ese poder.

Rechazó que los fideicomisos sean privilegios o prebendas que benefician a los ministros de la Suprema Corte, que es una mentira esa aseveración.

“Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros”, manifestó.

Antes, en su participación, el magistrado Froylan Muñoz Alvarado, director nacional de la Judicatura Federal, rechazó los actos que tienden a “vulnerar la independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación, no somos privilegiados, no actuamos por consigna, tampoco nos distinguimos por los de arriba o los de abajo” y subrayó que obtienen sus cargos porque demuestran conocimientos y a través de la carrera judicial en la que participan.

(AURORA ZEPEDA)

Defienden objetivos de recursos

Ante la aprobación del decreto por el que se reforman artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que extinguen 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), éste aclaró que los fideicomisos no son para los ministros en funciones.

A través de una ficha informativa, el PJF señaló que la extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras, pero no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que aprueba igualmente la Cámara de Diputados.

Agregó que los fideicomisos no son un “guardadito” y que no son dinero público a pesar de ser parte de un presupuesto otorgado.

Afirmó que los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro.

“Cada fondo y fideicomiso tiene objetivos específicos que no permiten su uso para fines distintos a los establecidos para su creación”, expresó.

Se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores del Poder Judicial.

Al menos 6 fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.

Las reglas de operación de los fideicomisos exigen a las y los trabajadores cumplir ciertos requisitos para acceder a los recursos para el pago de los derechos laborales tutelados, como, por ejemplo, la antigüedad.

(RAÚL FLORES)