El panorama de las telecomunicaciones en America Latina esta mutando a pasos agigantados. Lo sorprendente es que estos cambios se están dando de manera silenciosa. Mientras la atención de casi todas las miradas se enfoca en las diferencias que pueden darse en el mundo del consumo, es en el sector corporativo, en los marcos legales y en el diseño del ecosistema de redes de transporte donde ya se pueden identificar el nuevo acercamiento al negocio de transportar datos.
Uno de los cambios silentes a los que me refiero es al drástico incremento en el despliegue de fibra óptica, no tan solo para conectar hogares a velocidades superiores del 1 Gbps, sino aquellas que van destinadas a soportar el crecimiento de estas velocidades de conexión en todas las geografías de un país. Aquí me refiero a los despliegues de fibra óptica que ya dejan de ser exclusivos de las capitales regionales para comenzar a conectar aquellas ciudades de menor tamaño poblacional desde Xalapa en México o Bucaramanga en Colombia hasta Salto en Uruguay o San Pedro de Macorís en República Dominicana.
Sin embargo, el incremento en densidad de infraestructura está llevando a los gobiernos de la región a incrementar la conectividad terrestre en áreas anteriormente no contempladas. Por ejemplo, Brasil ha tendido alrededor de 12000 Km de fibra óptica fluvial en los ríos de la selva del Amazonas. Un sistema de conectividad que le permite a Brasil poder ofrecer servicios de capacidad a vecinos amazónicos como Bolivia y Colombia.
El crecimiento de fibra que se observa en Brasil se replica en todas las jurisdicciones de la región con países como Curazao, Uruguay o Barbados con una capilaridad de fibra óptica que supera el 85% de los hogares. Sin embargo, estos tres países al igual que las Guayanas o Paraguay también sufren de un mal que impacta negativamente la oferta de servicio a nivel local, las pocas salidas internacionales para su tráfico de datos.
El incremento en la cantidad de fibra óptica va acompañado de forma más pausada con un interés de la gran mayoría de los países de la región en incrementar la cantidad de espectro radioeléctrico que pueda ser utilizado para ofrecer servicios móviles. Desde Guatemala a Ecuador o de Trinidad & Tobago a Jamaica, los gobiernos entienden la urgencia de incrementar la cantidad de espectro radioeléctrico que se le entrega a los operadores móviles para que ofrezcan servicio.
El problema no es la voluntad de los países en entregar este insumo, sino la cantidad de dinero que algunos gobiernos pretenden cobrar por el mismo. Así nos topamos con México, país que presume de haberle dado rango constitucional al Internet al declararlo un derecho humano pero que cobra el insumo para ofrecer este servicio a precios de material radioactivo.
Todo el buen trabajo que puede hacer el regulador en temas de administración de espectro radioeléctrico se pierde cuando se imponen costos de uso que han llevado a varios operadores a regresar las concesiones obtenidas en procesos de subasta pasados. Así se da la dicotomía de ver como las autoridades del regulador mexicano reconocen que 5G debe ser uno de los temas de la agenda publica de cualquier país, mientras que las de hacienda le colocan al espectro radioeléctrico un precio que cancela el interés de muchos interesados en obtener este insumo para poder lanzar servicios. Hasta podría decirse que la próxima subasta en México como mucho atraería a dos postores, dejando varios bloques desiertos y garantizando el precio base como recaudación.
Mientras esta discusión ocurre en foros de la industria o en consultas publicas que parecen repetirse infinidad de veces, más allá de las redes terrestres vemos que los pronósticos de crecimiento de tráfico impulsan un incremento en la cantidad de kilómetros de cables submarinos de fibra óptica que rodean a la región y de transpondedores que van orbitando al planeta tierra con satélites de todo tipo, siendo los más recientes los de baja orbita con planes de negocio que van desde la oferta de servicios minoristas a los usuarios que puedan pagar un modem por alrededor de US$ 500 y una mensualidad de US$ 99 (sin IVA) hasta servicios a las fuerzas militares de los distintos países de la región, tal y como ya vienen haciéndolo hace meses en Ucrania.
Como se observa, la obsesión regional es incrementar la capacidad. Poder tener en el terreno o en el espacio todo lo necesario para soportar la llegada y expansión de las redes de 5G que prometen acercar a América Latina y el Caribe a ese mundo conectado que tanto se ha soñado.
Sin embargo, el tema de los dispositivos que serán utilizados tanto por los usuarios como por las empresas no aparece en la gran mayoría de las discusiones. Si el tema es Internet de las Cosas, las charlas de expertos parecerían indicar que sino es con 5G estos dispositivos no podrían utilizarse para digitalizar procesos y hacerlos más eficientes. Si el tema es el usuario, los oradores se olvidan de la escasez de microprocesadores, el poder adquisitivo regional o la cobertura real para servicio móvil de las 28 redes comerciales de 5G que “existen” en la región.
Nada de lo anterior es nuevo. La memoria nos hacer ver demasiados paralelismos entre la llegada y despegue de 5G con lo sucedido hace veinte años con 3G. Demoras en dispositivos, secuelas inesperadas de procesos de asignación de espectro recaudatorios, promesas imposibles de cumplir y un modelo de negocios de operador móvil virtual inicialmente envilecido, que luego se contemplaba como salvador de los operadores de red – similar a lo que se escucha de redes privadas en algunas charlas del sector.
Al final, 5G llegará y como en las generaciones anteriores, la población eventualmente terminará utilizando la tecnología. Llegará de forma asimétrica, cubriendo mercados como Chile, Puerto Rico o Brasil mucho antes que Ecuador, Nicaragua o Haití.
La pregunta es si llegará 5G con acompañada de todas las promesas que la convertirían en tecnología paradigmática. Un 5G acompañado de políticas publicas inclusivas para segmento rural, un 5G al que se apuesta con inversión en universidades y escuelas para la creación de aplicaciones, un 5G que impulse la transversalidad al momento de tomar decisiones de política publica sobre desarrollo y economía. ¿Será ese el 5G que arribe a nuestras geografías o simplemente el que nos de mayor velocidad de conexión a Internet?
