(MARCO BAÑOS. EL FINANCIERO)
La organización de las elecciones judiciales del 1º de junio de 2025 pone a prueba la capacidad y experiencia de las autoridades electorales para conducirlas a buen puerto en condiciones desfavorables impuestas por un entorno caracterizado por las evidentes diferencias entre los actores políticos por la reforma judicial y sus implicaciones, la litigiosidad que generó y sigue en curso, por el daño al principio de división de poderes y los derechos laborales de miles de personas afectadas, además de las presiones y decisiones del oficialismo que recortó el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral y negó la ampliación de plazos para diferir la jornada electoral hasta el 31 de agosto.
A dicha complejidad hay otros agregados: el más delicado es el de la planeación de la logística electoral que no se ha concluido, entre otros factores, porque es muy reciente la decisión de las diputaciones sobre el recorte presupuestal y porque en las entidades federativas están en curso las reformas a sus constituciones y leyes para incorporar la elección de personas juzgadoras locales. Recordemos que el plazo señalado en el decreto de reformas constitucionales del pasado 15 de septiembre establece un plazo de 180 días para concretar las reformas.
El hecho es que el INE sigue atorado en un alud de indefiniciones sobre el número de centros de votación que se instalarán y la integración concreta de las mesas directivas de casilla, es decir, cuántos funcionarios tendrá cada una, pues no es lo mismo atender a máximo 750 electores que reciban seis boletas de elecciones federales y locales, que a muchos más votantes que reciban seis boletas de elecciones judiciales federales: cargos en la SCJN, en la Sala Superior del TEPJF, de las Salas Regionales Electorales, del Tribunal de Disciplina Judicial, de jueces y juezas de Distrito y magistraturas de Circuito; además de las boletas que se agreguen en los estados que hagan concurrente su elección con la federal, lo cual nos podría llevar hasta diez boletas en esas entidades.
Hasta el momento, solo siete estados han publicado sus reformas: Aguascalientes, Campeche, Durango, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala y Tabasco; mientras que Chihuahua, Coahuila, Estado de México y San Luis Potosí, que ya la aprobaron, tienen pendiente la publicación en su periódico oficial. Veremos cuántas más se suman, pero el hecho es que, de las primeras siete, salvo Campeche, las demás tendrán su elección en forma concurrente. Para resolver la falta de sincronía, la autoridad ha fijado fechas para que se cumplan ciertas actividades esenciales del ámbito local a fin de hacer posible la concurrencia de elecciones, entre otras, que los OPL y el INE reciban la información sobre el número y descripción de cargos a renovarse en la elección extraordinaria de 2025, a más tardar el 15 de enero del año siguiente.
El panorama no luce halagüeño para la autoridad que, además, cargará con el bombardeo del oficialismo que, en su afán de desmoronar todo lo que se oponga a sus intereses, sigue cometiendo errores que afectan la autenticidad de las elecciones judiciales, como es la incertidumbre provocada por los listados del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, que en su primera versión contenía símbolos ininteligibles y en su versión depurada incluyó nombres de aspirantes que confesaron no haber entregado documentos comprobatorios de requisitos, mientras otro grupo, ha impugnado que no se les considere idóneos para continuar en el proceso. ¡Vaya galimatías!
