(EL PAÍS)
La migración es, junto con la seguridad y el comercio, una discusión que vertebra la relación bilateral entre México y Estados Unidos y, al mismo tiempo, el desafío que más determina los equilibrios de la política regional en Latinoamérica. Esta semana, Andrés Manuel López Obrador recibió al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y al de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para abordar una emergencia que se ha agravado en los últimos meses. Mientras el mandatario mexicano y los altos cargos de la Administración de Joe Biden analizaban la situación, una nueva caravana de miles de personas avanzaba hacia la frontera norte, donde está a punto de cerrarse uno de los años más aciagos: a principios de diciembre las detenciones rozaban las 10.000 cada semana y el número de muertes amenaza con superar las 560 del ejercicio anterior.
Desde el comienzo del mandato de Biden se han celebrado al menos una decena de encuentros de estas características. Todos acaban con una sintonía de fondo pero con desencuentros sobre las fórmulas para afrontar el fenómeno. En esta ocasión, la reunión fue solicitada por la Casa Blanca, que periódicamente presiona para que México actúe como muro de contención en la frontera sur entre el Estado de Chiapas y Guatemala. Ese es el embudo donde se concentran, a la espera de partir hacia el norte, decenas de miles de migrantes, en su mayoría procedentes de Centroamérica, Venezuela, Haití o Cuba y con una historia de miseria y de violencia a sus espaldas.
Una de las exigencias de la delegación estadounidense fue precisamente la de desviar a parte de los migrantes a esa región, además de un mayor control de los ferrocarriles y algunos incentivos como visados y permisos de trabajo en los países de tránsito. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, subrayó el tono amistoso de la cita y celebró la creación de un equipo que trabajará junto a otros países centroamericanos. Sin embargo, el reclamo de México siempre ha sido el mismo: Washington debe incrementar los recursos destinados a la crisis. Y aquí es donde un problema que solo puede tener una solución regional engarza con las disputas domésticas de Estados Unidos.
Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021 con el propósito de “humanizar” la migración tras la mano dura impuesta por Donald Trump. Sin embargo, con la campaña electoral de 2024 a las puertas, el presidente demócrata ha endurecido su discurso. A eso se suma el uso político de la emergencia que hace el Partido Republicano, cuya bancada pretende lograr que el Gobierno limite la concesión de asilo a 5.000 personas diarias a cambio de apoyar la ayuda a Ucrania. Cualquier acuerdo tendrá que esperar: la semana pasada, el Senado se fue de vacaciones sin alcanzar un consenso. Pase lo que pase, siempre será tarde para afrontar esta emergencia humanitaria.
