La Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) tienen 17 expedientes sobre empresas que adeudan más de 55,000 millones de pesos al fisco.
Félix Arturo Medina Padilla, procurador fiscal, precisó que en 14 (82%) de estos casos no se ha permitido realizar las audiencias necesarias para que las investigaciones se transformen en procesos penales, con lo que afirmó que se ha obstaculizado la recuperación de recursos por 54,000 millones.
El procurador fiscal señaló, durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer, a jueces federales de impedir que los casos avancen.
“Se han presentado las denuncias y querellas. A partir de ello, el Ministerio Público integra una carpeta de investigación. Posteriormente, solicita al juez de control que cite a los imputados para que tenga verificativo la audiencia oficial.
“Esta audiencia inicial debería llevarse a cabo dentro de los siguientes 15 a la solicitud que realiza el Ministerio Público. Sin embargo, los jueces de control no agendan las fechas ni la hora para la celebración de la audiencia inicial, en ocasiones lo han hecho 18 meses después.
“Finalmente, cuando se agenda la audiencia y una vez que llega la fecha de su realización, se difiere una y otra vez, lo que ha impedido que se sancione a los responsables y se recupere el dinero público”, sostuvo el procurador.
Casos graves
Medina Padilla comentó que hay casos que destacan por su gravedad; uno, ejemplificó, involucra a una empresa del Bajío que cometió de defraudación fiscal por 300 millones de pesos.
El cobro de dicho monto, aseguró la Procuraduría Fiscal, se ha impedido por un juez de control de Querétaro.
“Los abogados hacendarios han logrado revertir sus determinaciones, lo que no lo exime de su responsabilidad”, precisó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
Hacienda aseveró que se presentará una queja administrativa ante el Consejo de la Judicatura para que se investigue este ilegal proceder e incluso una denuncia porque estas conductas podrían constituir delitos en contra de la administración de justicia.
Queja contra ministro Aguilar
Otra caso denunciado es el de una empresa con presencia nacional que fue fiscalizada entre el 2010 y 2013, tras lo cual se le determinó un adeudo al fisco por 25,000 millones de pesos.
Medina Padilla afirmó que esta empresa solicita frecuentemente que su caso sea analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el fin de suspender los juicios en marcha, una situación que se ha presentado desde hace 13 años.
El procurador fiscal indicó que se presentará una queja contra el ministro Luis María Aguilar Morales debido a que este asunto ha estado bajo su ponencia, desde hace ocho meses, sin que haya una resolución al respecto.
Por su parte, el presidente López Obrador cuestionó la impartición de justicia.
“Pidió él (Aguilar) ese expediente, según nos informa el procurador fiscal, lo pide para guardarlo. Lo tiene ocho meses y no resuelve. Porque se trata de 25,000 millones de pesos. Es el presupuesto de un estado de la República, puede ser el presupuesto de Baja California Sur, puede ser el presupuesto de Tlaxcala, el presupuesto de Zacatecas, de Campeche (…) y no resuelve lo tiene guardado. ¿Y dónde está la justicia pronta y expedita?”, opinó el presidente.
