(SEBASTIÁN DÍAZ MORA. EL ECONOMISTA)
La procuradora fiscal de la federación, Grisel Galeano, dijo que desde el gobierno federal están dando “la última batalla” contra el outsourcing o subcontratación ilegal tras la reforma laboral de 2021 que busca regularla.
Aseguró que el outsourcing era una figura que se utilizaba no sólo en la iniciativa privada, sino también en todos los niveles del gobierno, pero se abusó de esta figura en detrimento de los trabajadores.
Era una gran alternativa para diversos tipos de negocios que definitivamente abusaron de su situación para violentar los derechos laborales”, afirmó la procuradora fiscal.
Resaltó que pese a la reforma del 2021, seguramente aún existen empresas que todavía incurren en subcontratación ilegal.
“Son sistemas complejos, ya en un momento hasta de engaño a la autoridad (…) pero estamos dando una batalla importante y fuerte para que esto cese”, declaró la funcionaria.
El outsourcing es un esquema mediante el cual una empresa subcontrata a empleados, pero sin establecer una relación formal con éstos.
Una tercera empresa, que sí tiene una relación formal con el trabajador, es la que ofrece a otras compañías los servicios de sus empleados, que normalmente son especializados en ciertas ramas.
Así, las compañías evitan establecer una relación formal con algunos trabajadores para no tener que hacerse responsables de ellos, pero teniéndolos trabajando prácticamente de tiempo completo para la empresa.
Con la reforma a la Ley federal del Trabajo del 2021, se incluyeron nuevas reglas para la tercerización de servicios especializados.
Grisel Galeano detalló que a la Procuraduría Fiscal de la Federación le toca colaborar en el combate al outsourcing ilegal de manera indirecta.
Especificó que al organismo a su cargo le corresponde identificar indicios desde el punto de vista fiscal de empresas que pudieran estar incumpliendo con el objeto con el que fueron registradas, tratando de engañar a la autoridad.
Posteriormente, estos indicios los comparten con la Fiscalía General de la República (FGR) u otras autoridades competentes, quienes finalmente van a verificar que las empresas estén cumpliendo con su objeto y no estén tratando de engañar a las autoridades.
Tras la entrada en vigor de la reforma al outsourcing, 2.5 millones de trabajadores que estaban subcontratados a través de terceras empresas, fueron contratados por sus verdaderos patrones.
De ellos, a la mitad o alrededor de 1.25 millones se les subió su salario de cotización ante el Seguro Social en al menos 10%, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
