(XOCHILT BÁRCENAS. EL SOL DE MÉXICO)
Un proyecto de ley de asignaciones para el año fiscal 2026, presentado en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, propone que 30 por ciento de los recursos disponibles para asistencia en materia de seguridad para México sea retenido hasta que el secretario de Estado certifique que el país ha cooperado de manera efectiva contra el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
El Título IV del proyecto de Ley de Asignaciones para la Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y Programas Relacionados para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2026 prevé casi mil 900 millones de dólares para el control internacional de estupefacientes y la aplicación de la ley a nivel global.
Aunque no asigna un monto específico para México, el proyecto presentado a finales de julio por el republicano Mario Díaz-Balart, vicepresidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, establece que un tercio de cualquier recurso destinado a México a través de la Oficina de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) estaría sujeto a la aprobación del Departamento de Estado.
“De los fondos asignados por esta Ley bajo el título IV que se ponen a disposición para asistencia a México, el 30 por ciento sólo podrá ser obligado después de que el secretario de Estado certifique e informe a los Comités de Asignaciones que en los 12 meses anteriores el Gobierno de México ha tomado medidas para reducir la cantidad de fentanilo que llega a la frontera entre Estados Unidos y México; desmantelar y exigir responsabilidades a las organizaciones criminales transnacionales; apoyar operaciones antinarcóticos conjuntas y el intercambio de inteligencia con homólogos de los Estados Unidos”.
Asimismo, condiciona la entrega de fondos a que el Gobierno de México respete las solicitudes de extradición de criminales buscados por Estados Unidos y aumente la intervención en la lucha contra el narcotráfico tanto a nivel federal como estatal.
El proyecto presentado y aprobado en comisiones el mismo día, 25 de julio pasado, ya fue oficialmente programado para ser debatido por el pleno de la Cámara, aunque sin una fecha establecida. De aprobarse tendría que pasar después al Senado y, de contar con el aval de los legisladores, sería remitido al presidente Donald Trump para su promulgación.
Unas semanas antes de que llegara la iniciativa del congresista cubano-estadounidense que ha representado a Florida desde 2002, el presidente Trump envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum para comunicarle su nueva ofensiva arancelaria.
“México ha estado ayudándome a asegurar la frontera, PERO, lo que ha hecho México no es suficiente. México aún no ha detenido a los cárteles que intentan convertir a toda América del Norte en un patio de recreo del narcotráfico”. Con este mensaje, Trump anunciaba que la tasa arancelaria para su principal socio comercial pasaría del 25 al 30 por ciento a partir del 1 de agosto. Unas horas antes de que se cumpliera esa fecha fatal, el republicano anunció una prórroga de 90 días luego de una conversación telefónica con la mandataria mexicana.
Apoyo condicionado
Un reporte titulado Evolución de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México, preparado por el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense señala que el planteamiento del proyecto de ley del congresista Díaz-Balart se suma a un historial de condicionamientos legislativos.
En la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2024, por ejemplo, ya se había establecido que al menos 125 millones de dólares de fondos globales de la Oficina de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE, por sus siglas en inglés) y del Fondo de Apoyo Económico (ESF) se destinaran a frenar el tráfico de drogas sintéticas, incluidos programas en México.
Esa misma ley dispuso la retención de 15 por ciento de la asistencia de seguridad hasta que el Departamento de Estado certificara avances en materia de derechos humanos.
Los requisitos hacia México se han intensificado en el contexto de la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos. Según la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la mayoría de esta droga ilícita que llega a territorio estadounidense se produce en laboratorios clandestinos ubicados en México.
Aunque la Administración Trump solicitó solo 125 millones de dólares globales para INCLE en el presupuesto de 2026 —menos de 10 por ciento del nivel aprobado para 2025—, el Congreso busca que cualquier asignación quede vinculada a resultados verificables.
La asistencia a través del INCLE promedió 100 millones de dólares entre los años fiscales 2015 y 2021, luego descendió a 64 millones en 2022 y 48 millones en 2023 (el último dato disponible públicamente).
El actual debate legislativo refleja un giro en la política de Washington: la cooperación financiera en seguridad con México no desaparecerá, pero de avanzar este proyecto, quedaría sujeta a certificaciones estrictas para garantizar que el país muestre avances medibles en la lucha contra el fentanilo, el crimen organizado y la seguridad fronteriza.
No obstante, señala el reporte elaborado por el área de análisis del Congreso, si bien la presidenta Sheinbaum Pardo ha mostrado disposición para colaborar en los esfuerzos de la Casa Blanca para combatir a los cárteles, las continuas amenazas arancelarias y también en torno a posibles acciones militares estadounidenses en México podrían perjudicar la cooperación.
El informe menciona como ejemplo de la colaboración del Gobierno de México el despliegue de 10 mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos para disuadir el flujo de drogas, la entrega de 55 narcotraficantes de alto nivel y que ha permitido la ampliación de los vuelos de vigilancia estadounidense sobre territorio mexicano.
Desde febrero, y más recientemente la semana pasada, la mandataria mexicana confirmó el sobrevuelo de drones de Estados Unidos en territorio mexicano como parte de la coordinación con ese país que viene de años atrás.
En tanto, sigue pendiente la firma de un acuerdo bilateral en materia de seguridad que fortalece la colaboración contra el trasiego de drogas y el tráfico de armas, y que según declaró la Presidenta a finales de julio, está prácticamente cerrado. Sobre la mesa queda también la visita del secretario de Estado Marco Rubio, que a finales de mayo él mismo anunció para “las próximas semanas”.
Xochitl Bárcenas, Periodista con casi tres décadas en medios. Hoy, editora en jefe en El Sol de México.
