(ILIANA RODRÍGUEZ SANTIBÁNEZ. EL SOL DE MÉXICO)
La doctrina del abandono de Organismos internacionales por parte de Estados Unidos, se concreta con el retiro masivo de 66 organismos internacionales ordenado por la administración Trump, lo que representa un giro estructural en la política exterior norteamericana, al privilegiar una visión estrictamente utilitarista y de corto plazo sobre los compromisos multilaterales que han sostenido la gobernanza global desde la posguerra.
Bajo el argumento de que estos órganos son “desperdiciadores, ineficaces o dañinos” para los intereses nacionales, la Casa Blanca reconfigura su relación con el sistema internacional y tensiona principios básicos del derecho internacional como la cooperación y la buena fe en el cumplimiento de los tratados.
En la práctica, la orden ejecutiva alcanza a 66 espacios institucionales, incluidos 31 organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas y 35 organizaciones y tratados fuera de él, algunos de ellos pilares en materia de cambio climático, desarrollo sostenible, población, género y construcción de paz.
La salida de marcos como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de diversos fondos y programas ambientales y energéticos debilita la arquitectura jurídica y política que sustenta el Acuerdo de París y otras iniciativas destinadas a contener la crisis climática global. Esta decisión no solo erosiona la capacidad colectiva para coordinar esfuerzos, sino que además envía una señal política de descompromiso frente a uno de los desafíos más urgentes para la comunidad internacional.
Los efectos se extienden también a los derechos humanos, la igualdad de género y las políticas de población y desarrollo. El retiro de Estados Unidos de entidades como ONU Mujeres, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y otros mecanismos de soft law en materia de paz, democracia y cohesión social implica una retirada de apoyos financieros, técnicos y políticos que respaldaban programas en países en desarrollo y contextos frágiles.
Esta retracción puede traducirse en menos recursos para proyectos en terreno, mayores brechas en la protección de grupos vulnerables y un debilitamiento de las normas y estándares que se consolidan a partir de la práctica multilateral.
Desde una perspectiva geopolítica, la decisión abre un espacio de oportunidad para que otras potencias —como China, la Unión Europea, India u otros actores regionales— incrementen su influencia en la definición de agendas, reglas y estándares en los foros que Estados Unidos abandona.
La pérdida deliberada de posiciones de liderazgo en órganos multilaterales reduce la capacidad de Washington para moldear la gobernanza global desde dentro, sustituyéndola por una estrategia de presión bilateral o de acuerdos ad hoc, más frágiles y menos predecibles para el resto de los Estados.
En términos de legitimidad, el retiro masivo contribuye a la percepción de una potencia que se desentiende de los bienes públicos globales mientras exige a otros el cumplimiento de obligaciones, lo cual puede incentivar respuestas de contrapeso y la creación de nuevos arreglos sin participación estadounidense.
Para los terceros Estados, especialmente en el Sur Global, el impacto es doble: institucional y material. Por un lado, la salida de un contribuyente central altera el equilibrio de poder internos en las organizaciones, redistribuye cuotas de financiamiento y obliga a rediseñar mandatos, programas y prioridades.
Por otro, comunidades que dependían de proyectos financiados o impulsados con liderazgo estadounidense pueden enfrentar cancelaciones, recortes o una reorientación condicionada hacia agendas de otros donantes, afectando políticas de paz, desarrollo urbano, gobernanza democrática y transición energética.
Ante este escenario, es previsible que se aceleren fórmulas alternativas de cooperación -bilaterales, regionales o Sur–Sur— para tratar de suplir el vacío, aunque difícilmente con la misma capacidad de cobertura y coordinación que ofrecía un sistema multilateral con Estados Unidos plenamente comprometido.
Desde el prisma del derecho internacional, el memorando plantea además desafíos interpretativos y prácticos: los retiros están sujetos a las cláusulas de cada tratado u organización, a plazos de denuncia, notificación y, en algunos casos, a obligaciones que subsisten incluso después de la denuncia.
La decisión política interna no extingue de inmediato las obligaciones internacionales, pero sí inaugura una etapa de fricción jurídica y diplomática en la que la comunidad internacional deberá gestionar tanto la salida formal de Estados Unidos como las consecuencias materiales de su retraimiento. En conjunto, este movimiento constituye un laboratorio crítico para evaluar hasta qué punto el sistema multilateral contemporáneo es capaz de resistir el retiro de una potencia central sin colapsar y de reconfigurarse en torno a nuevos equilibrios de poder y responsabilidad compartida.
Profesora-Investigadora del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México
