MARÍA DEL PILAR MARTÍNEZ. EL ECONOMISTA
La medida abarcará a 1.8 millones de toneladas y dejará fuera a entre 4 y 4.3 millones de toneladas de grano, cuyos productores también aspiran a recibir los casi 7,000 pesos por tonelada que prometieron pagar Segalmex y el gobierno estatal.
El precio de garantía que ofrecerán los gobiernos federal y de Sinaloa para el maíz blanco producido en esa entidad este 2023 será un respiro para los agricultores, pero solo para algunos, pues la cobertura del programa será insuficiente, lo que ya desata inconformidades y amenazas de protestas si no hay apoyos para el 100% de la producción.
Las compras gubernamentales ascenderán a 1.8 millones de toneladas —según confirmó el pasado 3 de mayo el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha— que se pagarán a 6,965 pesos por tonelada, precio 34% superior a los casi 5,200 pesos del mercado, según datos del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Lo anterior, implicaría para el gobierno federal —vía Segalmex— y el gobierno de Sinaloa el desembolso de unos 12,500 millones de pesos (sin considerar los costos de almacenaje, financieros y de flete para mover lo recibido).
El gobierno federal y el estatal ofrecieron para pequeños productores de hasta 10 hectáreas, la compra de un millón de toneladas. Para productores de hasta 50 hectáreas, la compra de un volumen de 300,00 toneladas a través de Segalmex y 500,000 toneladas a través del gobierno del estado, alcanzando así las 1.8 millones de toneladas.
Sin embargo, ese monto representa únicamente 30% de la producción de Sinaloa, estado que es el mayor productor del país, con un aporte de casi una cuarta parte de la cosecha nacional.
La propuesta gubernamental no considera al resto de la producción (de Sinaloa) que estará entre 4 a 4.3 millones de toneladas, quienes tendrán que negociar con los compradores a precio base. Para ello, el gobierno federal quiere establecer para países sin acuerdo comercial un arancel temporal mientras se comercializa el 100% de la producción”, explicó Juan Carlos Anaya, director general del GCMA.
La apuesta del gobierno es apuntalar el precio de mercado en México retirando una parte de la producción con el precio de garantía. La función del arancel sería encarecer la importación de producto, con la clara intención de evitar que los grandes compradores miren al exterior buscando precios más bajos.
Polémica Buenrostro-Rocha
Sin embargo, la semana pasada la Secretaría de Economía afirmó desde su cuenta de Twitter que “No se impondrán aranceles al maíz, se respetarán los Acuerdos Internacionales y, por el contrario, el @GobiernoMX impulsa una política de cero aranceles a productos de la canasta básica para combatir los efectos de la inflación global y apoyar a la economía popular, principalmente en lo que respecta al maíz para consumo humano”.
El mensaje, publicado el 3 de mayo a las 20:24 horas, fue replicado dos horas más tarde desde la cuenta oficial del gobernador Rubén Rocha. “En reunión sostenida el día 1 de mayo con el Presidente @lopezobrador, en donde estuvo presente la titular de la @SE_mx, Raquel Buenrostro, el titular del Ejecutivo Federal la instruyó directamente a que de haber importación de maíz blanco de Sudáfrica y de cualquier país con quien no se tengan acuerdos comerciales, debe establecerse un arancel que evite se afecte la comercialización del maíz de los productores mexicanos”.
Más allá de esta controversia, cabe destacar que hasta el momento los productores de maíz no cuentan con reglas para los esquemas de comercialización; “esa es una situación que inquieta a los productores, porque hasta ahora no hay nada oficial. El productor quiere una certidumbre de un ingreso, que permita mantener su rentabilidad y pagar sus créditos”, detalló Juan Carlos Anaya.
Comentó que actualmente las condiciones de mercado no favorecen un buen precio, “ya que los precios de futuros están bajando y contra el año pasado han caído 28% y el tipo de cambio se ha apreciado de 20.16 a 17.90 lo que representa una disminución importante, al ya no existir una red de seguridad que antes era el Ingreso Objetivo; además se tenía la agricultura por contrato para que asegurara la comercialización de su cosecha con un comprador.
De acuerdo con el GCMA, la caída del tipo de cambio peso-dólar en lo que va del año está perjudicando el precio al productor en alrededor de 850 pesos por tonelada. El año pasado el precio pagado al productor fue del orden de 6,800 a 7,000 pesos por tonelada.
Extienden agricultores sus protestas en Sinaloa
CRISTIAN DÍAZ Y MARTÍN SÁNCHEZ, CORRESPONSALES. LA JORNADA
Amagan con tomar aeropuertos si el lunes no obtienen resultados satisfactorios en la reunión en Gobernación
Productores agrícolas de Sinaloa que exigen precios de garantía para el maíz y el trigo, de 7 mil y 8 mil pesos la tonelada, respectivamente, cumplieron tres días de haber tomado las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el puerto de Topolobampo, y ayer extendieron sus protestas a Guamúchil y Culiacán; las tres manifestaciones impiden la entrada y salida de combustibles de Pemex, lo que originó temor de desabasto de hidrocarburos.
Pese a que el gobernador Rubén Rocha Moya informó que será el lunes próximo cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, los reciba en la Ciudad de México, los productores continuaron presionando para ser atendidos antes de ese día.
Los inconformes adelantaron que de no tener resultados positivos luego de la mesa de diálogo con el secretario de Gobernación ampliarán los bloqueos a los aeropuertos de la entidad.
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, acudió este jueves al puerto de Topolobampo escoltado por un convoy de policías estatales y de la Guardia Nacional. Pidió a los manifestantes que permitieran el ingreso de las pipas para sacar combustible y no haya afectaciones, al tiempo de invitarlos a dialogar; sin embargo, los productores se negaron.
“Los invitamos al diálogo, porque ya se empieza a afectar el abasto de suministro de las gasolineras sin combustibles. La invitación del gobernador (Rubén Rocha) es a que se retiren, había un operativo programado con la Guardia Nacional.
El mandatario estatal habló con el secretario (Adán Augusto López) para evitar que se suscite algún tipo de situación que nadie desea y la intención es invitarlos a que puedan seguir manifestándose, pero no afectar a terceros. La intención es que puedan salir los suministros de combustible
, dijo Castañeda Camarillo a los agricultores en Topolobampo.
El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, aclaró que ni el gobierno del estado ni el del municipio participarían en un desalojo violento de los manifestantes agrícolas; su participación, expresó, se limita a prevenir altercados.
Explicó que hasta ese momento no había desabasto de combustible, pero de seguir sin la salida de pipas, en los próximos días podría haber una crisis.
En Tamaulipas, decenas de agricultores del municipio de San Fernando bloquearon el mediodía del jueves la carretera Ciudad Victoria-Matamoros con el fin de exigir a los gobiernos federal y estatal que establezcan un precio de garantía al sorgo rojo, porque los compradores pagan a 4 mil pesos la tonelada, precio con el que no recuperan los gastos de inversión.
Señalaron que enfrentan deudas con los distribuidores de semillas y fertilizantes, así como de combustible. El gobierno del estado, por su parte, informó que hay acuerdos con los campesinos para gestionar recursos y resolver las necesidades económicas.
La protesta la encabezaron dirigentes de los núcleos rurales del Valle de San Fernando y la diputada panista Marina Ramírez, quien acompañó a los quejosos.
Expusieron que su queja se debe al desplome del precio del sorgo y esperan que las autoridades gestionen recursos para apoyar a los campesinos a obtener una mejor compensación económica.
El bloqueo paralizó durante casi tres horas a cientos de vehículos de carga, de pasajeros y automóviles particulares que circulaban en ambos sentidos de la carretera federal 101.
En el Valle de San Fernando, el cual comprende los municipios de Burgos, Cruillas y Méndez, la Secretaría de Desarrollo Rural estima que se cultivan más de 500 hectáreas de sorgo, dentro del ciclo agrícola otoño-invierno 2022-2023, bajo el régimen de temporal.
Agricultores sinaloenses bloquearon ayer los accesos a las instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el municipio de Culiacán, en demanda de mejor pago por sus productos. Foto El Debate