VÍCTOR FUENTES. REFORMA
).- Un tribunal federal protegió este miércoles a más de 100 universidades privadas contra la obligación de hacerse cargo del pago de estímulos a miembros de sus facultades que formen parte o aspiren a ingresar al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), así como dejar de cobrar colegiaturas a estudiantes de posgrado que busquen una beca del Gobierno.
Se trata de medidas previstas en los artículos 39 y 41 de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, por la cual el Gobierno elevó de rango jurídico la política que ha intentado desde 2019, para dejar de asignar recursos públicos a universidades privadas.
El Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa concedió por unanimidad la suspensión provisional en el amparo promovido por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), que había negado un juez el pasado 7 de julio.
Las integrantes de la FIMPES incluyen al ITAM, varios campus de las universidades Anáhuac e Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de las Américas, la Universidad Panamericana, el ITESO, la Universidad La Salle y la Autónoma de Guadalajara, entre otras.
Los magistrados determinaron que la suspensión no afecta el orden público, porque la sociedad está interesada en el desarrollo de la ciencia, y el Estado ha otorgado desde hace décadas estímulos a miembros del ahora Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII, antes SNI) sin importar si la universidad es pública o privada.
Agregaron que la ley, vigente desde el 9 de mayo, utiliza el verbo “podrá” al referirse a la interacción del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt) con las universidades privadas, lo que deja a discreción de aquel mantener, otorgar o retirar estímulos.
“Existe la posibilidad legal de que el Conahcyt pueda quitar los apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas en el marco del SNI, dejando la carga de dicho pago a la institución educativa privada, bajo la condición de que celebre un convenio de colaboración en el que asuma la obligación de cubrir dicho pago de estímulo económico de sus investigadores, así como obligarla a que deje de cobrar colegiaturas a sus estudiantes de posgrado, para que éstos puedan acceder al sistema de becas nacionales que otorga Conahcyt”, explicó el tribunal.
De hecho, el 29 de mayo el Conahcyt publicó la convocatoria para reconocimiento en el SNI de 2023, en la que ya incluyó el requisito de que los investigadores de instituciones privadas solo podrán participar si existe un convenio firmado por su universidad con los requisitos de la nueva ley.
El pasado 4 de julio, el tribunal colegiado ya había concedido una suspensión similar a la Universidad del Valle de México.
Algunos investigadores que ya son parte del SNI también han obtenido suspensiones, para que Conahcyt no les cancele los pagos, siempre y cuando sigan vigentes los convenios respectivos.
En cuanto al amparo de la FIMPES, el juez Víctor Luna notificará el 25 de julio si concede la suspensión definitiva, lo que la exentaría por tiempo indefinido de la aplicación de los artículos 39 y 41.
