LILIA GONZÁLEZ. EL ECONOMISTA
La iniciativa de reforma que contempla cambios a 23 leyes pone a los privados en desventaja y elevará el riesgo de prestar servicios a entidades gubernamentales, dijo la Coparmex.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, que la iniciativa de reformas administrativas y concesiones en manos del Congreso frenaría la llegada de nuevas inversiones a México por el fenómeno del nearshoring, además de que derivará en litigios de los socios comerciales, principalmente de Estados Unidos y Canadá.
Francisco Cervantes, presidente del CCE informó que se reunió con el secretario de gobernación para exponer las negativas que conlleva la iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia administrativa, de revocación de concesiones, permisos o autorizaciones de bienes nacionales, y de entrada “viola la constitución, genera incertidumbre”.
José Medina Mora, presidente de la Coparmex dijo: rechazamos este plan de enmienda a 23 leyes secundarias que, de aprobarse, pondría a las empresas proveedoras del gobierno en una situación de desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado y que en el mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos se incrementen debido al alto riesgo que significará prestar servicios a entidades gubernamentales.
Los empresarios argumentaron que atenta contra el Estado de Derecho y encarece los costos de proyectos por el alto riesgo para las empresas.
“Hacemos un enérgico llamado a los legisladores de todas las representaciones políticas, para que no aprueben las modificaciones propuestas, pues de hacerlo, será un golpe devastador a los esfuerzos por posicionarnos como un sitio seguro para las empresas nacionales y el capital extranjero”, sentenció Medina Mora.
Al respecto, el presidente del CCE comentó en una entrevista radiofónica: “Hay mucha preocupación en el sector empresarial y en la Secretaría de Economía hemos tenido una mesa (de diálogo) y también en Gobernación, directamente con su secretario Adán Augusto López, se confía mucho en el diálogo, así hemos venido en este sexenio, revisando cuando una iniciativa le pega a la competitividad”, comentó.
Reconoció que tanto la iniciativa de operación con la administración pública como los cambios propuesta por el Ejecutivo a la Ley minera, “son iniciativas que pudieran desalentar las inversiones, al nearshoring”.
Francisco Cervantes comentó que por esa razón se buscó al secretario de Gobernación, quien fue “muy receptivo, al igual que la titular de Economía Raquel Buenrostro; son grandes interlocutores y nos sentimos escuchados”.
A través de un comunicado, el presidente de la Coparmex advirtió que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo “son una mala señal para los mercados, hacen ver que en México no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales -entre ellos el T-MEC- signados con por lo menos 46 países”, de modo que “podría abrirse un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá”.
La iniciativa, cuyo argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de Instrumentos Jurídicos para salvaguardar el interés general, público y social, busca modificar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Bienes Nacionales; impacta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y mina la confianza en nuestro país.
De acuerdo con los planteamientos, pretende facultar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que agrupe por sectores a las entidades de la administración pública paraestatal y pueda asignar directamente contratos y concesiones por razones de interés público general, social o de seguridad nacional, lo que podría representar una profunda discrecionalidad en la administración.
Por lo que hace a la figura de la revocación, se establecen causales para poder llevar a cabo la revocación de concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas para la prestación de un servicio o explotación, uso o aprovechamiento de un bien de dominio de la Federación, “lo que deja en un estado ventajoso al Poder Ejecutivo, debido a que en cualquier momento podrían modificarse las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas”, dijo la Coparmex.
Además, la propuesta abre la posibilidad de adquirir bienes en participación pública internacional, sin tener que agotar concursos nacionales.