JORGE A. CASTAÑEDA MORALES. EL ECONOMISTA
La toma del aeropuerto de Culiacán la semana pasada por productores de maíz es una advertencia de la crisis que atraviesa el campo mexicano. Cambios de políticas del campo de este gobierno junto con fenómenos globales y la situación macroeconómica del país ponen en riesgo la viabilidad económica de un sector vital para la famosa soberanía alimentaria.
Sinaloa es una potencia agrícola tanto para el mercado nacional como de exportación. Es el principal productor de maíz de grano blanco con poco más de 20% de la producción nacional y con rendimientos similares a las zonas más productivas del mundo —en Sinaloa los rendimientos en 2022 fueron de 11.62 ton/hectárea vs 3.9 en México y 12.63 en Iowa, el estado más productivo de EU.
Desde mediados de los 2000, el gobierno apoyaba a los productores principalmente vía Financiera Rural (FND) y la agricultura por contrato (AXC). La 4T desapareció ambas figuras y las reemplazó por el programa de precios de garantía.
FND financiaba a productores en condiciones favorables. Ante su ausencia deben acudir a la banca privada, que por la política monetaria actual otorga créditos con un interés de alrededor del 20%; y en el peor de los casos a prestamistas con tasas mucho más elevadas. En la AXC el gobierno intermediaba entre productores y compradores para acordar cantidades y precios previo a la cosecha y, a través de la Sagarpa, apoyaba en la compra de coberturas para proteger a los productores de fluctuaciones de precio en su contra.
El programa de precios de garantía, mediante el cual el gobierno adquiere el producto a través de Segalmex a un precio determinado, está limitado a productores de menos de 10 hectáreas. Es una buena política para atender a poblaciones vulnerables pero deja fuera a los medianos productores que representan el grueso de la producción.
Al mismo tiempo, como parte del PACIC que se impulsó para limitar la inflación, se impuso un arancel de 50% a la exportación de maíz blanco y se quitaron aranceles a países como Brasil y Sudáfrica.
En 2021 y 2022 este problema no estalló porque el precio por tonelada de maíz rondaba los 7,000 pesos. Pero de octubre del 2022 a mayo de 2023, el precio se desplomó más de 20%, que sumado a la apreciación del peso da un precio de entre 4,500 y 5,000 pesos por tonelada. Esto, aunado al aumento del precio de fertilizantes por la guerra en Ucrania deja a muchos productores fuera de mercado por su costo de producción de alrededor de 6,000 pesos por tonelada.
Ante la crisis, el gobierno anunció que adquirirá 2 millones de toneladas de las 6 que produce Sinaloa, de pequeños productores a través de Segalmex por 6,950 pesos con el objetivo de retirar esta demanda y esperar a que aumenten los precios. Pero a la fecha eso no ha sucedido. Hoy los productores se enfrentan a la necesidad de malbaratar su cosecha a precios de hasta 4,000 pesos. Deben a sus proveedores y acreedores y si no hacen frente a estas obligaciones corren el riesgo de desaparecer.
Al final el gobierno tendrá que intervenir y llegar a un acuerdo con compradores y productores para salvar la producción nacional, gastando una cantidad considerable. No es que el enfoque de este gobierno de proteger a las poblaciones vulnerables esté mal. Pero al no considerar a los productores medianos, pone en riesgo la soberanía alimentaria que tanto dice querer proteger. Nunca es tarde para cambiar de opinión porque este problema corre el riesgo de repetirse con el trigo en Sonora y muchos otros cultivos en el país.
