(JOSÉ BUENDÍA HEGEWISCH. EXCÉLSIOR)
El desbordamiento de la tragedia de damnificados por las lluvias exhibe deficiencias en prevención y fondos menguados ante desastres. Pero igual o más preocupantes es ser un pálido reflejo de los precarios equilibrios de las finanzas públicas y la desesperación contributiva del gobierno por tapar hoyos presupuestales con reformas legales convertidas en miscelánea fiscal para financiar los programas de Bienestar en 2026.
Bien por la Presidenta de no encerrarse en Palacio y por bajar al territorio golpeado por el meteoro, donde constató el reclamo por negligencias y mal manejo de gobernadores que subestimaron alertas y luego minimizaron los riesgos. La revitalizada discusión sobre la desaparición del Fonden es otra forma de politizar la catástrofe, pero el hecho grave es la fuerte reducción presupuestal con caídas de más de 50% en los últimos sexenios. Ante tal precariedad, Sheinbaum tuvo que tomar el papel político protagónico en la coordinación de la ayuda sobre las autoridades locales.
De esta forma, el desastre exhibió gobiernos mermados y empobrecidos por años de austeridad para ayudar a la gente por falta de recursos que, además, se fugan por el robo al erario del contrabando de combustibles, corrupción y evasión de impuestos con el abuso de recursos de amparo. Y que ahora el gobierno federal quiere tapar con una batería de reformas de leyes, cuya naturaleza es proteger derechos, pero que busca explotar como nuevas fuentes de recursos y aumentar la carga fiscal, desde la salud hasta la ley de amparo; aunque debilitar garantías espante la inversión y arriesgue el crecimiento.
Los fallos de protección civil o el descomunal aislamiento de comunidades por la destrucción de infraestructura, son un indicio de la intensa necesidad de recursos que se percibe del afán contributivo para aumentar los cobros gubernamentales de forma confusa o incompleta; la tentativa de cerrar boquetes de emergencias y el empeño por extraer recursos con una batería de reformas legales descubre los enormes agujeros presupuestales por la fuga de recursos del erario que suponen el huachicol, evasión fiscal y corrupción.
Por ello, detrás de la tragedia hay autoridades que lucen como las coladeras en mal estado que dejan las lluvias; dentro de un Estado que fue agotando fondos y fideicomisos con que financió desde el gobierno anterior programas sociales y obras públicas sin pagar el costo político de una reforma fiscal. Y que ahora empujan a Sheinbaum a seguir una estrategia similar de encontrar fuentes alternas con que financiar los proyectos de Bienestar sobre la columna vertebral de la recaudación tributaria; en un horizonte de pronósticos de cifras bajas en el consumo interno, a pesar del Plan México para promover el mercado doméstico, y de débil crecimiento por el choque externo de Trump contra el T-MEC.
Un caso extremo es la imposición de la 4T de la retroactividad en reforma del amparo para aplicar las nuevas reglas a créditos fiscales por unos 2 billones de pesos que Hacienda tiene controvertidos en tribunales, aunque Sheinbaum prometió detenerlo; pero también a la Ley de Aduanas, nuevas tarifas al comercio electrónico del que sobreviven miles de pymes o a la comida chatarra y refrescos justificado en impuestos “saludables”. Hacienda pretende obtener unos 670,715 millones de pesos adicionales con la explotación de estas leyes con criterios extractivistas, aun a costa de rebajar derechos o aumentar la carga tributaria por vías indirectas, como detener el robo al erario del huachicol fiscal, factureros y evasores. El afán contributivo de la ley de aduanas, de impuestos de importación y exportación con nuevos aranceles y otras medidas de la miscelánea fiscal, son la gran apuesta del fisco para obturar todo ese robo al erario, que, por lo demás, tampoco nadie se pone de acuerdo en las cifras que representan; como el huachicol, que un día la FGR cuantificó en 600,000 millones de pesos, y luego Sheinbaum desestima como cálculo oficial.
Pero, en cualquier caso, son las vías que el gobierno toma para reforzar la ley de ingresos sin una reforma fiscal que golpee su popularidad o las bases de apoyo de su movimiento; aunque las nuevas fuentes para completar el gasto en programas sociales u otros de Bienestar como infraestructuras, no escapan del terreno de la estimación. ¿Cuánto se destinará a la prevención de desastres o reconstruir infraestructuras? Pero también, ¿cuáles las consecuencias políticas de usar leyes existentes como nuevas fuentes de financiamiento estatal? ¿Es legítimo poner en riesgo derechos por afanes fiscales?
